La sanidad pública necesita más dinero para garantizar su futuro y reducir el déficit de más de 10.000 millones de euros que lastra su viabilidad. Bajo esta premisa la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y los consejeros autonómicos del ramo se reunieron esta mañana en Madrid para tratar de buscar salidas en el marco del Consejo Interterritorial que aseguren la pervivencia del actual modelo universal de asistencia sanitaria.

Las primeras autonomías en plantear propuestas fueron Andalucía, una de las pocas comunidades gobernadas por el PSOE en un Consejo con apabullante mayoría del PP tras las elecciones del 22 de mayo, y Galicia, que ha puesto en jaque la política farmacéutica con la aprobación de un catálogo priorizado de medicamentos, el conocido como catálogo gallego.

La consejera andaluza, María Jesús Montero, anunció a su llegada al encuentro, que comenzó a las 11 de la mañana, la necesidad de extender a todo el Estado la política de prescripción de fármacos por principio activo que viene utilizando su comunidad en los últimos años. Además, abogó por otras medidas de mayor calado como aumentar los fondos que los Presupuestos Generales del Estado dedican a sanidad y dedicar a este ámbito los dineros que se recauden a través de los impuestos de productos dañinos para la salud, en referencia a los tributos especiales sobre el alcohol y el tabaco.

En cualquier caso, la farmacia se perfila como el capítulo sobre el que es más fácil que la reunión de hoy permita arbitrar medidas concretas. 'Andalucía propone mecanismos para que el gasto en farmacia se pueda manejar de forma más eficiente. España aún tiene un porcentaje de gasto farmacéutico muy superior frente a los países de nuestro entorno, sobre un 22% (del gasto sanitario) frente al 16% de otros países de la OCDE. Está claro que esa es una partida clara donde hay que actuar y donde además el Ministerio tiene competencias', dijo Montero.

En este sentido, defendió la prescripción por principio activo por ser 'la política más eficiente en términos de gasto farmacéutico', y cifró en 1.000 millones de euros el ahorro conseguido por esta comunidad en la última década.

Por otro lado, indicó que 'habrá que plantearse en los próximos Presupuestos la posibilidad de incrementar el porcentaje del PIB destinado a Sanidad', ya que España, que según los últimos datos de la OCDE dedica un 7% del PIB a la sanidad pública, 'está un punto o punto y medio por debajo de los países de nuestro entorno dando más calidad y prestaciones'. 'Somos muy eficientes, pero la financiación del modelo es insuficiente. Queremos que se incremente un punto o punto y medio el PIB dedicado a sanidad', dijo.

Al mismo tiempo, Montero se mostró 'rotundamente en contra' del copago y abogó por 'la posibilidad de consensuar en el Congreso que determinadas subidas de impuestos sobre productos que perjudican a la salud (alcohol y tabaco) puedan ir a financiar el sistema sanitario'.

Por su parte, la consejera gallega, Pilar Farjas (PP), anunció que pedirá la extensión a toda España de su catálogo priorizado de medicamentos, ya que 'si en Galicia supone 300.000 euros al día de ahorro, en el conjunto del Estado serían más de 2.000 millones al año, sujetos sólo al criterio de elección del fármaco más eficiente'.

'La aplicación del catálogo se ha demostrado la medida más sólida y eficaz en la línea de garantizar la viabilidad de la sanidad pública', remachó Farjas, que no quiso decir si el resto de comunidades del PP apoya su propuesta, ya que 'la decisión está en manos de la ministra'.

Pajín, sin embargo, no quiso ser muy concreta al inicio de un encuentro que se presume difícil para el Gobierno y prefirió abogar por llegar a acuerdos que permitan poner en marcha 'medidas unitarias', ya que son 'las que más garantías dan a los ciudadanos'. 'El sistema es absolutamente sostenible si se adoptan los retos que tenemos que adoptar. Sobre todo queremos escuchar las propuestas de las comunidades y ver qué acuerdos podemos adoptar', concluyó.