“El desamparo te invade. Te hace sentir frío. Es terrible asistir a un atentado contra la libertad de información tan monstruoso, cuando ves a compañeros que vieron nacer esta cadena [en 1989] marginados, degradados...”. A Teresa se le escapa la frustración en la voz. La impotencia de tantos años de lucha yerma.

Teresa es Teresa García Cao, presidenta del comité de empresa de Telemadrid. La cadena que se ha visto estigmatizada desde 2003 con un rótulo negro: manipulación. Mentira, desinformación. Entonces Esperanza Aguirre alcanzó la presidencia de la Comunidad, y entonces aupó a su ex jefe de prensa, Manuel Soriano, a director de la TV autonómica.
Telemadrid está manchada. Como Canal 9, la emisora valenciana. Las dos han sido las únicas corporaciones regionales denunciadas por sus trabajadores por vulnerar la neutralidad informativa. Y hay 13 televisiones en funcionamiento.

La protesta en la cadena madrileña estalló en 2005, cuando se emitió un reportaje sobre el 11-M que concluía con un anagrama de ETA sobreimpresionado en la pantalla, encargado por la dirección.
El reportaje soliviantó a la plantilla. Y desde entonces no paró. Llevó la “manipulación de la información y la intoxicación sistemática” a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que admitió a trámite la denuncia en enero de 2007 y citó a Soriano, que finalmente se negó a acudir. La Eurocámara cerró el expediente en julio, pero aconsejó a los trabajadores que trasladaran el caso a Estrasburgo y a los tribunales españoles. “No nos detendremos”, avisa García Cao. “Estamos estudiando muy seriamente acudir en breve a los juzgados nacionales”.

Los trabajadores se sienten reforzados por la inédita resolución de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que el pasado 14 de marzo condenó a Telemadrid por “faltar repetidamente a la verdad” en un reportaje emitido dos meses antes sobre el “coladero de Barajas”, un montaje descubierto falso.

Los cazadores reconocen su caza. Por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó, conductor hasta el 13 de marzo de Diario de la noche. “He prevaricado. He pecado contra la libertad de expresión”, explicaba en su blog. “He aplicado durante 15 meses férreas normas de censura dragoniana [sic] en mi informativo”. “Sí, es cierto, manipulamos, pero es por una buena especausa”, reconocían tres redactoras, según los sindicatos, en su bitácora Pavoentelemadrid.blogspot.com, retirada el 22 de abril.

“Se respira la libertad”

Esas tres periodistas forman parte, añade el comité, de la “redacción paralela” que la dirección de Telemadrid ha forjado en los últimos años para aplacar las críticas de los profesionales rebeldes.

Los trabajadores han denunciado. Y también los ex directores generales de la cadena. Del PSOE, Jorge Martínez Reverte, y del PP (de la época de Alberto Ruiz-Gallardón), Francisco Giménez-Alemán, que ha acusado a la actual dirección por su “inmoralidad” y su “manipulación sectaria”.

En Canal 9, la situación se repite. En febrero, tres de los cuatro sindicatos llevaron a la Síndica de Greuges (la Defensora del Pueblo valenciano) una denuncia por “trato de favor al PP” que fue admitida a trámite el 13 de marzo.

Las direcciones de las dos TV han rechazado siempre las acusaciones y subrayan su “pluralismo”. “En Telemadrid se respira la libertad. Los que denuncian son cuatro trabajadores, todos militantes del PSOE y favorecidos por él. Ahí están los excelentes datos de audiencia del informativo de las 14 horas”. Es la voz del PP, la de su portavoz en la Asamblea, Benjamín Martín Vasco.

En el diccionario de la telemanipulación caben Telemadrid y Canal 9. Pero la sombra también alcanza a Canal Sur. La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), desde su lanzamiento en 1989, ha atraído sonadas polémicas, sobre todo alimentadas por el PP, crítico con la “política de trincheras de los comisarios políticos” de la autonómica.

Los populares encontraron la pasada semana un inmejorable argumento para atizar al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al director de RTVA, Rafael Camacho, ex portavoz del Gobierno andaluz. El Consejo Audiovisual de Andalucía –el de más reciente creación en España, tras Catalunya y Navarra– reconoció en una resolución notificada el pasado 21 de abril que Canal Sur había incumplido los principios de “neutralidad y pluralidad informativa” en la campaña del 9-M. La decisión contó con el apoyo de los consejeros de PP, IU, PA y del presidente, y el no de los vocales del PSOE.

La RTVA salió en tromba contra el Consejo por entender que asumía “como propios” los acuerdos, aún no firmes, de la Junta Electoral andaluza, que atendió en campaña ocho reclamaciones de los partidos de la oposición”.