Al contrario que anteriores comparecientes de la Administración andaluza, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no se limitó esta tarde a estar a la defensiva durante la que ha sido la última comparecencia ante la comisión del Parlamento que investiga los ERE fraudulentos y las ayudas irregulares a empresas. La penúltima tuvo lugar por la mañana y el protagonista fue el expresidente Manuel Chaves.

Griñán empezó contraatacando al Partido Popular con una severa andanada que no obtuvo respuesta de sus adversarios: “Ya tenía ganas de hablar con quienes acusan de sus acusaciones. Que me digan mirándome a los ojos que yo ordené destruir expedientes”. No se lo dijeron, ciertamente, pero no por ello se arrugaron ante el presidente, que cerraría su intervención con estas duras palabras dirigidas a los diputados del PP: “Les digo mirándoles a los ojos que ustedes han mentido”.El portavoz popular Carlos Rojas estuvo más incisivo que durante la mañana ante Manuel Chaves, aunque tampoco logró que Griñán reconociera que el procedimiento de concesión de ayudas pudo ser ilegal. El líder andaluz insistió una y otra vez en que “no se detectó fraude ni menoscabo de fondos”, aunque sí admitió que se trataba de “hechos muy graves”.

Los sucesivos responsables de la Junta de Andalucía que han pasado por la comisión de los ERE no han salido demasiado mal parados La controversia, en ocasiones algo abstrusa, sobre el procedimiento de las ayudas y su anclaje en el derecho administrativo centró buena parte de las preguntas y respuestas de la tarde. No en vano los diputados de IU, Alba Doblas, y del PP, Carlos Rojas, eran conscientes que en buena medida la responsabilidad política se deriva del hecho de haber concedido ayudas públicas amparados en un procedimiento ilegal en el peor de los casos o demasiado discrecional en el mejor de ellos. Griñán, como también hizo Chaves por la mañana, mantuvo la tesis oficial de su Gobierno: “Con el mejor procedimiento puede haber infracciones”.

La diputada Doblas contraatacó a su vez recordando que hubo “hasta 15 advertencias de la Intervención” sobre el procedimiento, a lo cual Griñán replicaba una y otra vez que el interventor no detectó fraude, sino únicamente “discrepancias con el procedimiento”. En un momento determinado el presidente pareció venirse arriba y llegó a decir literalmente: “Tengo ganas de defender ese procedimiento”, explayándose a continuación en prolijas explicaciones técnico-jurídicas no siempre eran fáciles de seguir por sus señorías.

Carlos Rojas lo intentó, pero no logró poner en verdaderos apuros a Griñán. El portavoz popular se equivocó al reprochar al presidente que su Gobierno no hubiera entregado a la jueza las actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010, pues ahí Griñán podía defenderse bien: le recordó que no las entregaron por una cuestión “de fuero”, no porque quisieran ocultar nada, y la prueba de ello es que “en esas actas no se deducía nada que tuviera que ver con este caso”.

Más acertado estuvo Rojas al insistir una y otra vez a Griñán en que contestara a esta embarazosa pregunta: “¿Volvería a aplicar hoy ese mismo procedimiento?”. El presidente no tuvo más remedio que contestar, aunque no sin haber intentado antes zafarse de su inquisidor: ahora, con las mejoras que hemos introducido, sí lo aplicaría, vino a decir el presidente. De todas formas, no debió quedar Rojas completamente satisfecho de su actuación: en su segundo turno de preguntas reconoció que en el primer turno sólo había consumido 17 de los 20 minutos que le correspondían.

La comparecencia de Griñan, como cabía esperar, no aportó muchas novedades. Nadie las esperaba tampoco. Pero sí fue una de las mejores sesiones de la comisión. Especialmente jugoso fue un momento de la intervención de la diputada Doblas, cuando hizo un resumen brutal pero muy realista del escándalo. Estas fueron sus esclarecedoras palabras: “El procedimiento era una birria y el dinero voló. Aquí se han llevado la pasta y si no es por una carambola no se entera nadie. Y usted lo niega todo. Termino con la metáfora del fuego: tras un incendio, hay un fuerte olor que impregna todo, quitar ese olor es trabajosísimo, requiere limpiar a fondo, que se abran las ventanas, que entre la luz y el aire. Debemos dejarnos de galimatías, de tecnicismos, que entre la luz y el aire. ¿Está usted dispuesto a abrir las ventanas?”. Griñán dijo que eso mismo, abrir las ventanas, es lo que había hecho su Gobierno. También dijo estar prácticamente en todo de acuerdo con Doblas, pero no en lo del galimatías ni en lo de la birria. El presidente cerró la sesión como la abrió, con fuertes reproches al PP: “Aún espero a que se me repare cuando se me acusó de destruir documentos. No han tenido ni siquiera el detalle de admitir que se equivocaron”. Los diputados del PP no pudieron replicarle. Su tiempo había sido ya consumido.

El pánico político que el Partido Socialista tenía a esta comisión de investigación, cuya creación bloqueó reiteradamente, no se ha visto justificado por lo que ha ocurrido finalmente en ella, donde los sucesivos responsables de la Junta de Andalucía no han salido demasiado mal parados. Tal vez con algún rasguño, pero poco más. En todo caso, ni de lejos han salido tan mal parados como con la implacable instrucción judicial de la jueza Mercedes Alaya, que considera ilegal la concesión de los casi 700 millones otorgados por la Junta entre los años 2001 y 2009.

Por la mañana, ni Rojas ni Doblas lograron acorralar con sus preguntas al expresidente Manuel Chaves, cuyas respuestas pueden sintetizarse así: se enteró por los medios de comunicación del escándalo y de sus detalles; lo ocurrido le causó el mismo “dolor” que a los ciudadanos andaluces; el procedimiento de concesión de las ayudas era legal, aunque demasiado “sucinto” y con “un amplio margen de discrecionalidad”; no hubo relación causa-efecto entre el procedimiento y su utilización abusiva; nunca se reunió con el exdirector general Javier Guerrero; su consejero de Empleo Antonio Fernández, en libertad tras varios meses de cárcel, es “presuntamente inocente”; el Parlamento conocía la partida de ayudas; la Cámara de Cuentas nunca advirtió en su ejecución de ilegalidad alguna ni menoscabo de fondos públicos; el interventor señaló deficiencias administrativas en el procedimiento, pero no hizo un informe de actuación que alertara de que el sistema de ayudas era ilegal; las subvenciones sirvieron para salvar cientos de empresas y ayudar a más de 6.000 trabajadores y contribuyeron de manera importante a rebajar la tasa andaluza de paro hasta en 9 puntos.

La diputada Doblas estuvo incisiva, pero no logró sacar mucho en claro del experimentado líder andaluz, hoy en retirada. Uno de los flancos más débiles de la argumentación de Chaves y de la propia Junta es el relativo a cómo fue posible que se dieran ayudas a pequeñas y en ocasiones minúsculas empresas que no lo necesitaban o por qué se repartieron, como recordó Doblas, 50 millones de euros a empresas de la pequeña comarca de la Sierra Norte de Sevilla y sólo 30 millones al resto de Andalucía. Doblas tampoco obtuvo respuesta cuando le recordó a Chaves que una de las ayudas de más de un millón de euros se había quedado a “tan solo 21 céntimos” del tope legal que habría obligado a su aprobación en Consejo de Gobierno. Chaves reiteró una y otra vez que la gestión de la partida de ayudas era responsabilidad de la Consejería de Empleo, no del presidente, que ni sabía ni tenía por qué saber nada de los detalles.

Aunque su actuación de la tarde estuvo mejor armada, el diputado popular y portavoz de su grupo, Carlos Rojas, no tuvo su mejor mañana. Apenas logró inquietar al expresidente. Incluso llegó a reiterar algunas de las preguntas formuladas en su primer turno, como ocurrió con las relativas a la supuesta ilegalidad del procedimiento, un terreno donde Chaves se había defendido sin embarazo alguno.

Por lo demás, el expresidente se agarró varias veces a lo dicho por el interventor de la Junta, Manuel Gómez, ante la comisión el pasado 29 de agosto, y en particular a su afirmación de que el procedimiento había sido legal. Chaves, no obstante, admitió que se habían producido abusos y pidió disculpas por ello. En su breve alegato final recordó con melancolía quizás involuntaria que su “tiempo político había pasado”, añadió que había “cometido errores, pero siempre había actuado conforme a la ley” y recalcó que “en estos casi veinte como presidente de la Junta, ningún miembro de mi Gobierno ha sido procesado a condenado”.