Como reiteran con insistencia jueces y fiscales cada vez que son preguntados por el alto el fuego que anunció ETA, la actividad de la Audiencia Nacional contra la organización terrorista no cesa. La fiscalía presentó ayer un nuevo escrito de conclusiones en el que pide diez años de cárcel para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otros tantos para el ex secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga. Los dos, y otros seis responsables de la izquierda abertzale, están acusados de ser miembros de ETA a través de la labor que realizaban en Bateragune.

La fiscalía que dirige Javier Zaragoza afirma que tras este nombre se escondía 'el órgano diseñado para sustituir a la Mesa Nacional de Batasuna actuando como una comisión permanente que toma las decisiones estratégicas del frente institucional de ETA'. Es el referente político-institucional de la organización terrorista, que lo tiene controlado.

Ese control de sus actividades por parte de ETA queda acreditado, según el fiscal Vicente González Mota, por el documento hallado en el domicilio de otra de las acusadas, Miren Zabaleta Tellería, hija del líder de Aralar, Patxi Zabaleta. ETA comunicó a Bateragune que las decisiones se tomaban en la dirección, es decir, en la propia ETA, y que 'la legalidad' no debía cegar el camino a recorrer y separarse del recorrido de diez años de estrategia nacional'.

La banda valoraba la celebración unitaria del Aberri Eguna de 2009 y la convocatoria de huelga general de mayo de ese año. En cambio, censuraba su apoyo, en las elecciones al Parlamento Europeo, a Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos.

Otro de los documentos se refiere a los contactos realizados por Bateragune que debía neutralizar cualquier espacio de la izquierda abertzale sin ETA para conseguir una mayoría social y política que hiciera posible la convergencia soberanista.

ETA ponía a disposición de esa Alianza Nacional Popular su fuerza armada, cuya 'violencia terrorista no se presenta como tal, sino como consecuencia del conflicto existente entre Euskal Herria y el Estado español'. Para lograr ese polo soberanista, según el escrito, 'ETA diseñó como método de trabajo la combinación de parones en la lucha armada', durante los que se propiciarían acuerdos con otras formaciones políticas.

A Otegi y los otros acusados se les atribuyen al menos diez reuniones, participar en ruedas de prensa y conceder entrevistas en las que se describía la estrategia seguida por Bateragune. El canal de comunicación con ETA eran documentos como los intervenidos, y entrevistas con presos y en Francia.