La jueza de Instrucción número 21 de Madrid, María Concepción Rodríguez Acevedo, a la que correspondió investigar el caso iniciado por el Baltasar Garzón por el robo de niños de familias republicanas durante la dictadura franquista, considera que debe ser la Audiencia Nacional la que investigue este delito.

Se trata del tercer magistrado que, de alguna manera, ha dado la razón a Garzón al considerar que los crímenes que el ex titular del juzgado número 5 comenzó a investigar en 2008 corresponden a la Audiencia Nacional y no a los juzgados territoriales. Los anteriores fueron la jueza de Granada a la que correspondería investigar el crimen del poeta Federico García Lorca y el de San Lorenzo de El Escorial, bajo cuya jurisdicción se encontrarían los enterramientos de republicanos en el Valle de los Caídos.

La última palabra sobre estas devoluciones la tendrá el Tribunal Supremo porque fue el propio Garzón quien les remitió el caso, cuando comprobó que los autores del golpe de Estado contra el Gobierno de la II República habían fallecido, y ser el delito que ellos cometieron en ese momento el que le permitió declararse competente para investigar el franquismo.

Cuando dos juzgados discrepan sobre cuál de los dos es competente para investigar un delito se plantea una cuestión de competencia que resuelve el Supremo.

Pero no deja de resultar curioso, que pese a contradecirle, la decisión que estos tres jueces han adoptado puede servirle a Garzón para defenderse cuando sea juzgado por el propio Supremo por haber abierto la primera causa penal para investigar los crímenes franquistas.

El robo de niños a las madres republicanas aparecía ya en el auto en el que el magistrado se declaró competente para investigar el plan sistemático de exterminio del régimen franquista.

El juez citaba al Consejo de Europa, en su condena del 17 marzo de 2006 a la dictadura, cuando instó en una resolución de la Asamblea Parlamentaria a la necesidad de que el Estado español abriera una investigación por los niños robados en las cárceles a las presas, arrancados de las republicanas para su adopción en familias afines a los golpistas, secuestrados en Francia por parte del Servicio Exterior de Falange o recluidos en instituciones del Estado.

'Esta declaración nos pone ante hechos verdaderamente graves', decía Garzón en su auto. Es el momento de 'indagar esta peculiar forma española de desaparición legal de personas durante la guerra y más especialmente en la posguerra (...) a través de un andamiaje pseudojurídico que, presuntamente, dio cobertura a la sustracción sistemática de niños', añadió.

Garzón aportó como pruebas los testimonios recabados en sus investigaciones por el historiador Ricard Vinyes en Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Temas de hoy). 'En la prisión de Saturrarán, en 1944, funcionarios y religiosas ordenaron a las presas que entregaran a sus hijos y, tras los forcejeos y resistencias, fueron introducidos, en número indeterminado en un tren clandestino', describe Vinyes, según el testimonio de Teresa Martín.

Esta presa prestó también su recuerdo en Los niños perdidos del franquismo, (Plaza y Janés) escrito por Vinyes junto con Montse Armengou y Ricard Belis. 'Algunos fueron recuperados pero otros muchos no porque no tenían familia. La familia estaba toda en la cárcel Se los llevaban ellos adonde fuera. Han tenido distintos apellidos', relata Martín.

Franco creó en 1940 una ley para legalizar el robo de los hijos de las presas. La ley permitía a las reclusas permanecer junto a sus hijos sólo tres años. Después se hacía cargo el Estado. Un año después, Franco firmó otra ley para niños abandonados. El 'Nuevo Estado' se haría cargo de 'los niños que los rojos obligaron a salir de España' durante la guerra.