El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera que hay “suficientes indicios” de delito contra los tres diputados autonómicos del PP implicados en la trama de corrupción encabezada presuntamente por el empresario Francisco Correa, encarcelado por orden del juez Baltasar Garzón.

Dada la condición de aforados de los parlamentarios del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, el Alto Tribunal madrileño asumió ayer la investigación del caso Gürtel, iniciada por Garzón. El TSJM explica que, en las actuaciones realizadas hasta ahora “aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción” por parte de los tres diputados del PP “de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas”.

Así, los indicios apuntan, según el escrito del TSJM, a la posible comisión de un delito de “cohecho” –soborno– “o bien de tráfico de influencias” por parte de López Viejo, Bosch y Martín Vasco. El Alto Tribunal regional explica que, “entre los hechos susceptibles de ser imputados” a los tres aforados y el resto de actividades ilícitas imputadas al resto de implicados en la trama de Correa “parece existir una gran vinculación”.  

Caso por caso, el TSJM detalla que las declaraciones de algunos imputados en el caso Gürtel “apuntan a la intervención” de López Viejo, “aprovechando sus cargos públicos anteriores como viceconsejero de Presidencia”–a las órdenes directas del número dos de Aguirre, Ignacio González– para “favorecer a alguna de esas empresas”, vinculadas a la red corrupta de Francisco Correa.

En la documentación trasladada por Garzón, figuran supuestos pagos en dinero negro al diputado López Viejo por parte de personas vinculadas a empresas de la trama de la Gürtel que obtuvieron contratos públicos. La documentación aportada por la Audiencia Nacional refleja, también, “la posible realización” por parte de Martín Vasco de “labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos” desarrollados en Arganda del Rey. Martín Vasco fue concejal y responsable de varias empresas públicas de fomento urbanístico en este municipio madrileño. También en este caso, según el TSJM, hay indicios de que el diputado regional pudo percibir “notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación”.

Las diligencias también “ponen de manifiesto”, según el TSJM, que Alfonso Bosch, diputado en la Asamblea de Madrid desde 2003, en su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte “percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél”.

Ante la posible implicación en el caso Gürtel de otros altos cargos aforados en Valencia, el TSJM recuerda que, cuando en una misma causa aparecen aforados de dos comunidades diferentes, “corresponde al Tribunal Supremo el conocimiento de la causa”.