La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que se debe celebrar un juicio para determinar si la identificación errónea de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yak-42, en mayo de 2003, es constitutiva de un delito de falsedad y deben responder por él el general Vicente Carlos Navarro y los oficiales médicos Miguel Ángel Sáez y José Ramón Ramírez.

Por eso revoca el auto del juez Fernando Grande-Marlaska, que archivó la investigación, salvo en lo relativo al delito de prevaricación que también les imputaban las acusaciones ejercidas por los familiares de los militares fallecidos, y al teniente general José Antonio Beltrán, que ha quedado exonerado de cualquier responsabilidad en lo ocurrido. La Sala hace suya la argumentación de la defensa, que negó que participara en cualquier labor identificativa de los cuerpos.

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, le ordenó que coordinara los trabajos para repatriar los cuerpos desde Turquía, por lo que viajó a Trabzon con el general Navarro, el comandante médico Ramírez y el capitán Sáez.

Certificados con nombre

La Sala estima que los certificados de defunción acreditan no sólo la muerte de 'una persona, día y lugar del óbito, sino la identidad de los restos cadavéricos que fundan el tránsito de la vida a la muerte y así proceder a declarar la definitiva desaparición de una persona en todos los órdenes, incluidos los que configuraban su corporeidad'.

Por eso, a diferencia del juez, que entendió que lo fundamental de esos documentos eran el lugar, momento y causa de la muerte, el tribunal declara que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental por imprudencia grave del artículo 391 del Código Penal, que pena con multa de hasta 12 meses e inhabilitación al funcionario público que lo comete.

La Sala tampoco excluye la falsedad dolosa, ya que, en su opinión, con los certificados de defunción que consignaban las identidades erróneas se vio afectado el bien jurídico protegido (la fe pública y la veracidad del tráfico jurídico).

'Por mandato de la autoridad'

Nada más tener conocimiento del auto que reabre esta causa -como ya hizo la Sala con la seguida por las irregularidades que se produjeron en la contratación del aparato-, el juez Fernando Grande-Marlaska dictó una resolución en la que, 'por mandato de la autoridad', da diez días a las partes para que presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

Asumió la responsabilidad

El principal imputado en esta parte del caso es el general Vicente Carlos Navarro, quien en su declaración en el Juzgado asumió toda responsabilidad. Dijo haber sido “quien pone el nombre a un número de bolsa utilizando los datos que consideraba trascendentes para su identificación”. Explicó que utilizó el “sistema de exclusión acudiendo a la lista de embarque”.

'Si llevaba chaqueta'

El capitán médico Miguel Ángel Sáez señaló ante el juez que “en cuanto a la identificación de los cadáveres, no sabe qué método utilizaron los forenses turcos”. Añadió que la comisión española “anotaba, por ejemplo, si llevaba una chaqueta con identificación”.

Cuerpos revisados

El comandante médico Ramírez explicó que “los patólogos revisaron con un forense turco todos los cadáveres”. En sus notas ninguno de ellos atribuyó identidades, aunque hicieron constar si aparecía una chaqueta con algún dato.

Por ayudar al superior

El tribunal dice que en el caso de ambos oficiales “no parece irracional contemplar la hipótesis de auxilio a un superior jerárquico, aunando sus esfuerzos por su condición de médicos en las tareas de identificación”, pero deja en manos del juez instructor mantenerles la imputación o no. Fernando Grande-Marlaska ha decidido mantenérsela y que su responsabilidad se resuelva en el juicio que se celebrará.