Portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant (1979) se enfrenta los próximos 1 y 2 de marzo a un juicio en el Tribunal Supremo, como consecuencia de su negativa a responder a las preguntas de Vox cuando acudió como a testigo del juicio del procés. Tiene asumido que, muy probablemente, el alto tribunal la condenará y, por lo tanto, en unas semanas será inhabilitada como diputada.

Nos encontramos con ella en la cámara legislativa catalana y, más allá de la inminente cita judicial, abordamos la situación del independentismo y hablamos de lo que llevamos de legislatura. Reguant se muestra muy crítica con la actuación del Govern encabezado por Pere Aragonès, le reclama un cambio de rumbo que, entre otras cuestiones, implique dejar de apostar por proyectos que defiende la patronal, como los Juegos Olímpicos de Invierno, y apuesta por poner sobre la mesa un referéndum de autodeterminación para este mandato, convencida de que el PSOE no lo aceptará en la mesa de diálogo.

La próxima semana le juzga el Supremo por negarse a responder a las preguntas de Vox cuando era testigo del juicio al procés. La Fiscalía le pide medio año de prisión e inhabilitación Viendo los precedentes, ¿tiene la sensación de que la sentencia ya está escrita?

Un poco sí. Hablando con mi abogado me decía que es el Tribunal Supremo y soy independentista, el combo está servido. Para mí, la decisión tomada en febrero de 2019 sigue siendo plenamente vigente y válida. Era necesario decir que la extrema derecha lo que hacía era condicionar aún más un juicio en el que ya era muy difícil que hubiera justicia, entendida en el sentido de que fuera un juicio justo. Y al mismo tiempo, era poner sobre la mesa que a la extrema derecha hay que combatirla desde todos los espacios, no sólo desde la institución o desde los tribunales.

¿Qué estrategia de defensa plantearán en el juicio?

Hay una parte que es la defensa de la objeción de conciencia, de entender que frente a aquellos que sistemáticamente vulneran derechos fundamentales y los niegan, uno debe tener derecho a la objeción de conciencia. Éste era uno de los principales elementos que queríamos utilizar ya en ese momento, por eso Antonio Baños y yo dijimos que asumiendo las consecuencias nos negábamos a contestar. Y la otra parte tiene que ver con explicar lo que es Vox y denunciar la connivencia del poder judicial con la extrema derecha históricamente y en los últimos años con todo lo que tiene que ver con el procés. Más allá de esto hay cuestiones que son más técnicas y jurídicas, que son toda una serie de irregularidades que se han cometido en el proceso que pondremos sobre la mesa para cuestionar que éste sea válido y, por lo tanto, a nuestro entender lo que hace falta es la absolución.

Hace unas semanas, su compañera de grupo parlamentario Montserrat Vinyets manifestó que la justicia "se inventará argucias legales para apartar a Reguant de su escaño". En este
sentido, no parece que el caso Juvillà haya servido de precedente para responder de forma efectiva desde el Parlament

Es evidente que lo que ha pasado el último mes puede condicionar, también partiendo de que ambos casos son diferentes: desde los delitos que nos imputan al tribunal que nos juzga. En la CUP estamos trabajando jurídicamente para ver cuáles son los pasos a realizar para blindar al máximo [el escaño].

¿Han retomado las coversaciones con ERC y Junts para afrontar, finalmente, cómo deberían gestionarse las posibles inhabilitaciones de diputados?

Con el caso de Pau Juvillà se trabajó mucho para intentarlo. El resultado final creo que no satisface a nadie, pero nunca hemos dejado de hablar, y ahora la CUP está elaborando su informe jurídico para evaluar diferentes pasos, y a partir de ahí se verá cómo políticamente seresp onde desde el Parlament.

Hace ya más de un año que arrancó la legislatura y los partidos independentistas ni siquiera han sido capaces de definir una estrategia antirrepresiva conjunta. ¿Al final la sensación que
puede tener una parte de la ciudadanía es que las apelaciones a la unidad son pura retórica?

Es evidente que es un riesgo que ocurra esto y que muchas de las apelaciones a la unidad a veces parecen hacerse más desde la retórica que desde la voluntad de sentarse en una mesa y construir marcos compartidos. Seguimos pensando que las elecciones del 14 de febrero dibujaban un giro a la izquierda y, por lo tanto, una respuesta de políticas públicas a la situación de emergencia social, pero también de transformación social. Y también se planteaba una mayoría independentista que debe dar alguna respuesta al conflicto político, al estancamiento que se ha producido y al bloqueo sistemático del Estado.

Nosotros seguimos trabajando en este marco, es necesario que el resto aclaren y definan cuál es su estrategia, su propuesta política para desatascar el conflicto y es necesario que ERC y Junts dejen de competir por la hegemonía [independentista], porque lo que esto provoca en el fondo es parálisis.

Más allá de la investidura de Aragonès, las principales votaciones de lo que llevamos de legislatura no han tirado adelante gracias a la mayoría independentista, sino con otras
alianzas. ¿Para qué sirve esta mayoría?

El debate es: ¿la mayoría independentista para qué debe servir? ¿Para gestionar la autonomía o para avanzar en la propuesta independentista? En nuestra opinión debería servir para avanzar hacia la independencia, actualmente no está sirviendo. Si es para gestionar la autonomía evidentemente nosotros no estaremos, porque tenemos proyectos y propuestas para la ciudadanía en muchos casos antagónicos con los del Govern.

Un ejemplo es el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno, como propuesta de desarrollo económico del Pirineo. Entendemos que es absolutamente errónea y va en la línea contraria de las cuatro revoluciones que planteaba el presidente Aragonès en su investidura.

La CUP ahora mismo es la única fuerza del Parlament que apuesta por celebrar un referéndum de autodeterminación esta legislatura, partiendo de la base de que no se conseguirá en la mesa de diálogo entre gobiernos. ¿Cómo debería lograrse?

Es necesario que nos marquemos este objetivo porque hay varios elementos que entendemos que son claves. Uno es que el referéndum pone un espejo democrático al Estado, es lo que le estresa más, lo que le desnuda más sobre cuál es su propuesta política para Catalunya. También es lo que aglutina a más gente, moviliza más y nos permite generar un cambio de dirección del movimiento y pasar de un repliegue y un desencanto a avanzar. Además, nos permite empezar a mirar hacia fuera, hacia la comunidad internacional, cogiendo la estela y el ejemplo de Escocia, que plantea un referéndum de autodeterminación para el 2023 y no tanto mirar o esperar a que del PSOE salga una propuesta, porque ya sabemos que no va a pasar. Se trata de cambiar el marco y dejar de depositar esperanzas en el Estado.

Ahora mismo, en el marco de la mesa de diálogo, con este estancamiento y la voluntad sobre todo de ERC de apuntalar al gobierno del PSOE, el Estado no tiene ningún aliciente para poner ninguna propuesta que realmente aborde el conflicto político existente en Catalunya. Y, por lo tanto, hay que reanudar la iniciativa y ser nosotros los que marcamos el calendario y que no esté supeditado a los intereses electorales del Partido Socialista, que utiliza la mesa de diálogo y la pone en la agenda en función de qué elecciones hay y cómo puede jugar mejor por sus propios intereses.

En la reunión que la CUP tuvo hace un par de semanas con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insistió en reclamarle un "cambio de rumbo", también en la cuestión
económica y social. ¿Cuáles deberían ser sus elementos claves?

Al inicio de la legislatura, establecimos varios elementos, porque entendíamos que respondían a consensos de país. Uno tenía que ver con las políticas públicas de vivienda, en las que el Govern asumió algunos compromisos, vinculados con los desahucios. Ha pasado un año desde las elecciones, nueve meses desde la constitución del Govern y seguimos viendo cómo sistemáticamente en los desahucios participan la Brimo y la Arro [las unidades antidisturbios de los Mossos] y se sigue echando de casa a familias vulnerables. Para nosotros era urgente abordarlo e impedir que ocurriera, pero no ha pasado. La otra cuestión es cómo lo hacemos para legislar para poner por delante el derecho básico a la vivienda en vez del derecho a la propiedad privada o los derechos de fondo buitres, que son los que están haciendo negocio con derechos fundamentales. Éstas son propuestas claves.

Otra es dejar de apostar a nivel de modelo económico por macroproyectos, como pueden ser los Juegos Olímpicos o el Barcelona World, que acaban siendo los históricos pelotazos urbanísticos de toda la vida, que en el corto plazo pueden generar puestos de trabajo, pero en el medio y largo plazo no son proyectos que apuesten por la transformación del tejido productivo y económico que entendemos necesita el país.

Más allá de las limitaciones que implica un marco autonómico, ¿determinados proyectos transformadores son posibles con Junts al Govern y con el peso que tiene? Y con el PSC como
primera fuerza del Parlament tampoco parece que haya una mayoría transformadora en la cámara...

Las votaciones que ha habido este último año ponen sobre la mesa que es difícil realizar propuestas transformadoras. Pero hay un presidente investido con una propuesta política que hablaba de cuatro revoluciones, por eso le decimos que vuelva al inicio del marco que dibujó para la legislatura. Es cierto, llegó a un acuerdo de gobierno con Junts, pero hay unos compromisos alcanzados en sus discursos que deben llevarse a cabo y no se está produciendo.

Mientras se va muy rápido en hacer la carta para la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno, no se va rápido en avanzar en la desmilitarización de los desahucios, por decirlo de algún modo, y que no sean la Brimo y la Arro las que participen en ellos. Mientras se va rápido en apuntalar un Circuit de Catalunya que es un agujero negro económicamente, donde cada año se vierten más recursos de los presupuestados, seguimos teniendo un problema con Nissan, que ya ha cerrado definitivamente y no hay ninguna propuesta ligada a reindustrializarla. No ha habido un liderazgo público para que se apueste por garantizar puestos de trabajo de calidad y, al mismo tiempo, para la transformación necesaria de la industria automovilística de este país.

¿Tienen la sensación de que, en cambio, proyectos que ha acordado con el Govern, como la energética pública o la renta básica universal avanzan a un ritmo muy tímido?

Para nosotros la energética pública es clave en términos de soberanía energética, pero van absolutamente lentos, con la excusa de que deben hacerse las cosas bien. En ocho meses no han hecho nada y no hacer nada no es hacer las cosas bien. Plantear 500.000 euros [en los presupuestos] para sacar adelante una energética pública es vergonzoso, y más cuando puedes empezar apostando por las centrales hidroeléctricas que están finalizando las concesiones. Hablamos de la Vall Fosca, de Sant Quirze de Besora... Además, hay gente que
lleva tiempo trabajando en ello, pidiendo apoyo a la Generalitat. Esto se puede hacer y puede ser la base de la energética pública, pero su prioridad como Govern fue reunirse con [la patronal] Foment [del Treball] y dar respuesta a su programa marco, que era Juegos Olímpicos, ampliación del aeropuerto, Hard Rock y Circuit de Catalunya. Pero, en cambio, esas propuestas que son más transformadoras el Govern las saca adelante con la boca pequeña, si es que lo
hace.

Estamos en un momento, no sé si de cambio de era, pero al menos de sacudidas importantes, en el que las cuestiones materiales serán claves. Vemos un encarecimiento energético y de las materias primas, una inflación desbocada que golpea sobre todo las condiciones de vida de las clases populares. ¿Cómo debería responderse a ello?

Es necesaria una organización más fuerte y hacer propuestas políticas que vayan a recuperar en los próximos meses y años servicios y bienes públicos y comunes externalizados. Es necesario que la izquierda se plante y que no asuma como malos menores propuestas que acaban consolidando cambios producidos hace diez años. Lo digo, por ejemplo, con la propuesta de reforma laboral aprobada en el Congreso de los Diputados, porque no deja de consolidar la reforma del 2012, con algunas cositas menores que modifica. Lo que no puede ocurrir es que la izquierda acabe asumiendo los males menores con el mantra thatcheriano del no hay alternativa, porque si asumimos que no hay alternativa, la alternativa nos la está construyendo la extrema derecha a nivel mundial. Y eso sí que no nos lo podemos permitir si lo que no queremos es llegar a tiempos oscuros donde propuestas xenófobas, racistas y fascistas sean las que impregnen la política internacional, estatal y nacional.

¿Para evitar este escenario habría que profundizar en las alianzas de izquierdas e ir más allá de las estrictamente institucionales?

Es evidente que deben generarse alianzas y recuperar el trabajo conjunto que ha existido en diferentes momentos, pero lo que debe recuperarse son propuestas políticas. No podemos construir propuestas en una lógica de "es que debemos hacer esto porque si no viene la extrema derecha", sino ¿Cuál es la propuesta política que hacemos para dar salida a la garantía de derechos para la clase trabajadora en este país? ¿Cuáles son las propuestas políticas que hacemos para que deje de haber quien engorda las cuentas de beneficios a final de año
mientras hay gente que vive con pobreza energética o se la expulsa de su casa?

Debemos hacer estas propuestas. El mal menor no puede ser el PSOE de Pedro Sánchez, no puede ser seguir regalando dinero a las eléctricas para evitar que a la gente se le corte la luz. No, la propuesta política debe ser que exista una eléctrica pública. Aquí es donde debemos poner el debate.

El próximo año habrá elecciones municipales. En 2019 la CUP experimentó un cierto retroceso y en varios municipios se rompieron candidaturas que iban más allá de la propia formación. Ya sé que cada asamblea local es autónoma, pero ¿cuáles son los grandes objetivos para estos comicios?

Es evidente que uno de los objetivos para 2023 es entrar en el Ayuntamiento de Barcelona. Entendemos que es un problema para las vecinas de la ciudad tener un plenario municipal que ha virado excesivamente hacia la derecha de manera peligrosa y preocupante y es necesario este contrapunto que contribuya a realizar un viraje hacia la izquierda. En la CUP llevamos unos meses de debates municipalistas en el territorio y el 12 de marzo haremos un congreso municipalista donde trazaremos de manera mucho más clara cuáles son las propuestas base para las municipales del 2023. Partiendo de que la CUP siempre ha trabajado en todas partes generar candidaturas lo más amplias posibles, con mayor o menor éxito. En los próximos meses veremos en qué se traduce todo esto, pero seguimos teniendo candidaturas que superan de largo la marca CUP, como Guanyem Figueres o Guanyem Girona u otras. Ya veremos en los próximos meses qué responde mejor en cada sitio para conseguir los objetivos
políticos que nos hemos marcado.