La administración concursal de la compañía postal Unipost ha solicitado al Juzgado Mercantil 7 de Barcelona la apertura de la fase de liquidación de la empresa "al haberse reducido sustancialmente su volumen de negocio", según informó el bufete Jausàs, encargado de dicha administración.

La firma asegura que la apertura de la fase de liquidación no cierra la puerta a la posible venta de la unidad productiva de la compañía a lo largo de los próximos meses. No obstante, por el momento, los administradores han optado por pedir la liquidación ante la "imposibilidad de satisfacer obligaciones a vencimiento con la tesorería generada por la explotación ordinaria del negocio".

Asimismo, responde a la "inviabilidad del convenio de acreedores y a la dificultad encontrada hasta el momento para encontrar un fondo de inversión u otro inversor interesados en comprar la empresa.

Así, la administración concursal ha propuesto el "cese parcial" de la actividad empresarial de Unipost, teniendo en cuenta que, en sus parámetros actuales, no es viable y la única opción es su liquidación, "bien a través de la venta de la unidad productiva dentro del plan de liquidación o mediante la venta individualizada de los bienes".

La solicitud de liquidación se ha presentado al Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona, que está previsto se pronuncie a mediados del próximo mes de enero, una vez se abra el preceptivo plazo de alegaciones.

La liquidación se pide apenas medio año después de que el pasado mes de julio Unipost solicitara concurso voluntario de acreedores con un agujero patrimonial de unos 7 millones de euros, dado que presenta unos activos valorados en 40,6 millones de euros frente unos pasivos de 47,4 millones.

Posteriormente, en octubre, la compañía presentó una solicitud de expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a toda su plantilla, de unos 2.200 trabajadores en distintos centros de trabajo de España.

Investigación del 1-O

La semana pasada, la Guardia Civil detuvo al director general de Unipost, Pau Raventós,  y posteriormente puso en libertad en una operación para rastrear los gastos de la Generalitat el 1-O, en la que registró además la sede de esta empresa postal, a la que incautaron en septiembre miles de sobres con notificaciones a los miembros de las mesas de votación. La operación fue ordenada por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Se da el caso de que la Generalitat ya encargó a Unipost el buzoneo de información institucional de la consulta del 9-N de 2014, que también había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, por valor de 240.259 euros.