El macroproyecto turístico en un balcón de Doñana está ahora en manos de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Trebujena, bastión de IU en la provincia de Cádiz, ha remitido a la Administración autonómica el informe de impacto ambiental, que incluye las alegaciones presentadas por organizaciones ecologistas y sociales contra esa urbanización, para que emita el informe definitivo sobre su viabilidad. Así consta en la contestación del alcalde, Jorge Rodríguez, al fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, que le ha requerido información sobre la tramitación de este proyecto. 

Según ha podido saber Público, el fiscal tuvo que remitir dos oficios y esperar tres meses para recibir una respuesta del Ayuntamiento de Trebujena a su solicitud de información sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de ese municipio gaditano que permite la construcción de un macroproyecto turístico frente al Espacio Natural de Doñana.

En el primer oficio, emitido el pasado 4 de septiembre, la Fiscalía señala que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación del trámite de información pública y alegaciones de la modificación del PGOU "en relación a un proyecto turístico promovido por Costa Guadalquivir S. L. en las marismas del Guadalquivir de ese término municipal". "Dada la entidad del proyecto –que incluye un campo de golf, hoteles y una zona residencial de 300 villas- y el alto impacto ambiental y paisajístico de la urbanización –al ejecutarse en un espacio próximo a dos Zonas de Especial Conservación incluidas en la Red Natura 2000 (Doñana y Estuario del Guadalquivir)", el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo solicita al alcalde que le informe sobre el estado de la tramitación de la modificación urbanística. 

Sin embargo, el alcalde no respondió a ese oficio hasta el 4 de diciembre, y después de haber recibido el 11 de noviembre un nuevo requerimiento de la Fiscalía. En su contestación al ministerio público, Jorge Rodríguez pide disculpas por el retraso, que achaca a la carga de trabajo que soporta el Ayuntamiento y que le ha impedido recabar la información requerida. A continuación, el regidor detalla todo el proceso desde 2007, cuando fue aprobado el PGOU de Trebujena por la Comisión Provincial de Urbanismo. Y, finalmente, comunica que el pasado 10 de octubre ya remitió a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el resultado de la información pública para la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del macroproyecto turístico a fin de que, en caso de en caso de emitir una resolución favorable, lo traslade a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, también de la Junta, para la "aprobación definitiva" de la modificación del PGOU.

La Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz ha confirmado a este periódico que se ha iniciado el estudio de la Evaluación Ambiental remitida por el Ayuntamiento trebujenero, un procedimiento que ha calificado de complejo por el número de administraciones y entes que deben ser consultadas acerca de su idoneidad, entre ellas el Espacio Natural de Doñana, situado justo enfrente de los terrenos donde se proyecta la macrourbanización turística.

El envío a la Junta de los resultados del trámite de información pública se produjo, por tanto, sólo tres días después de que el alcalde suspendiese de forma sorprendente el pleno extraordinario que había convocado para debatir las más de 800 alegaciones presentadas por organizaciones como WWF-Adena, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Sindicato Andaluz de Trabajadores o el Ateneo de Trebujena, que advierten de graves riesgos ambientales, sociales y económicos de una urbanización prevista sobre más de dos millones de metros cuadrados en una zona inundable. El grupo de gobierno de IU llevaba a ese pleno una propuesta de resolución en la que se rechazaban todas las alegaciones, lo que abrió un amplio debate interno en la formación de izquierdas a cuenta de la idoneidad de la medida a un mes de las elecciones generales. 

El alcalde afirmó, sin embargo, que tras haber "mantenido contactos con diferentes grupos ecologistas, promotores y agentes sociales", había decidido suspender el pleno para "iniciar un proceso de diálogo entre todas las partes donde se puedan analizar las diferentes alternativas con respecto al proyecto de desarrollo turístico". La organización WWF-Adena se mostró entonces "muy satisfecha" por lo que consideraba un "parón" del macroproyecto, que sólo unos días después, como se ha conocido ahora por los oficios de la Fiscalía, continuó su tramitación en la Junta.  

El portavoz del grupo socialista, único grupo municipal en la oposición, Miguel Guerra, considera "alarmante" el uso que está haciendo el alcalde y su equipo de gobierno de la tramitación de la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, lo que ha ocasionado que "hasta la Fiscalía General del Estado se haya personado en el proceso". A juicio de Guerra, se ha hecho un uso torticero de las instituciones al haber convocado un pleno para dirimir las alegaciones presentadas, suspenderlo luego "interesadamente por las presiones internas y externas" y a continuación ofrecer un proceso de diálogo, pero negándose a acudir a las jornadas informativas organizadas por los movimientos ecologistas e impidiendo a esas organizaciones y a la oposición reunirse con los empresarios promotores del proyecto turístico durante la visita que hicieron al Ayuntamiento en noviembre.  

La Fiscalía requiere más información

Tras recibir la respuesta del alcalde, la Fiscalía General del Estado le ha exhortado a que mantenga informada a la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de las novedades que se produzcan en la tramitación de la modificación del PGOU, una vez que el regidor le ha comunicado que el Ayuntamiento únicamente es el "órgano responsable de la tramitación administrativa del plan" y que le corresponde a la Junta de Andalucía la aprobación definitiva del cambio puntual urbanístico y de la Evaluación Ambiental Estratégica.  

En el comunicado que publicó tras la suspensión del pleno en el que se iban a debatir las alegaciones al proyecto, Jorge Rodríguez subrayó que el pueblo de Trebujena "tiene el derecho histórico" de poner en valor su entorno "a través de iniciativas de turismo sostenible", que le permitan diversificar su economía, hoy dependiente fundamentalmente de los viñedos y el trabajo en centros sanitarios del entorno. 

Según el Ayuntamiento, la modificación urbanística -sobre la que ahora se interesa la Fiscalía de Medio Ambiente- se aprobó inicialmente en noviembre de 2012 para adaptarla al Plan de la Junta de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz, que es el que permite un uso residencial con hasta 300 viviendas como parte de un área de dinamización turística. Posteriormente, tras la realización de diversos trámites requeridos por otras administraciones, el Pleno de Trebujena acordó en julio de 2014, octubre de 2015 y abril de 2019 ratificar otras tres aprobaciones provisionales del documento de modificación puntual número 4 del PGOU. En ese último pleno se acordó, además, someter a información pública el Estudio Ambiental de Impacto Estratégico presentado por el promotor del proyecto turístico, que es el que ha recibido centenares de alegaciones. 

La puesta en marcha del macroproyecto turístico ya ha generado ingresos para el Ayuntamiento de Trebujena. En el convenio que el Consistorio firmó con la sociedad Zanona SA del primer promotor de la urbanización, el belga Bernard Devos, la empresa se comprometía a abonarle algo más de 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU de suelo rústico a urbanizable que hiciese posible la obra. Sin embargo, en 2012 se firmó un nuevo convenio que redujo la compensación a 3,3 millones, ya que, tras la intervención de la Junta de Andalucía, se había bajado de 750 a 300 casas la edificabilidad máxima. El Ayuntamiento ya ha recibido 1,8 millones de euros a cuenta de esa compensación y podrá recibir el resto, 1,5 millones, cuando se apruebe la modificación del PGOU que permita la construcción de la gran urbanización turística, un proyecto que ahora gestiona Costa Guadalquivir, una empresa también de origen belga. 

La Fiscalía no es la única que se ha interesado por la tramitación del macroproyecto turístico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha enviado también un requerimiento al consistorio gaditano a raíz de la reclamación presentada en octubre por Ecologistas en Acción por incumplimiento de la publicidad activa en el trámite de información pública sobre la modificación del PGOU y su estudio ambiental estratégico. 

La organización ecologista denunció que el Ayuntamiento no había subido a su página web el expediente completo de la modificación del PGOU y su estudio de impacto ambiental para que pudieran ser consultados por la ciudadanía y las entidades que querían presentar alegaciones a esos documentos, lo cual, a su entender, supone una vulneración del obligatorio trámite de publicidad de este procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.