La sanidad privada lleva años ganándole terreno a la sanidad pública en España, como consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas durante la recesión económica, sobre todo por los gobiernos del PP. Los últimos datos disponibles señalan que las empresas del sector gestionan ya más de un tercio del gasto sanitario total, incluyendo los servicios que prestan por cuenta del Estado y en particular de las comunidades autónomas.

El gasto sanitario privado procede, básicamente, del pago de la atención médica que los ciudadanos demandan de forma ocasional fuera de la red pública asistencial, así como de las cuotas de los seguros médicos. Según el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, su importe fue de en torno a 29.000 millones de euros en 2016, frente a los 72.000 millones a que ascendió el gasto sanitario público durante el mismo año.

Esos 29.000 millones de euros suponen un 28,8% del total, porcentaje que sitúa el peso relativo del gasto sanitario español claramente por encima de la media de la OCD (26,5%) y no digamos ya de países como Holanda (19%), Francia (17,1%) y Alemania (15,4%), como reconoce un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), cuya razón de ser es la defensa de los intereses de las empresas privadas del sector.

El gasto sanitario privado, además, ha crecido de forma muy significativa durante los últimos años, impulsado en buena medida por el deterioro de los servicios públicos que trajo consigo la oleada de recortes llevada a cabo en los peores momentos de la crisis. Durante el decenio comprendido entre 2007 y 2016, la subida media anual fue del 2,5%, mientras que el gasto sanitario público sólo aumentaba a razón del 1,7% a lo largo del mismo periodo.

Las empresas del sector, sin embargo, no gestionan sólo el gasto sanitario privado, sino también una parte del público: el que las administraciones le ceden, a través de conciertos, para que presten asistencia en su nombre. Esos conciertos, que se firman en muchas comunidades autónomas, alcanzaron su máxima expresión bajo gobiernos regionales del PP de orientación más neoliberal, que aprovecharon el pretexto de la crisis para dar rienda suelta a su vocación privatizadora.

Desde entonces, hay departamentos y áreas de salud enteras cuya gestión ha ido pasando poco a poco a manos privadas, como es el caso en Madrid de las encabezadas por los hospitales de Villalba, Torrejón, Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) o la Fundación Jiménez Díaz, al noroeste de la capital.

Otra comunidad donde el sector privado tiene una fuerte presencia es la valenciana, en la que el PP cedió la gestión de los hospitales de Alzira, Denia, Torrevieja, Manises y Elche. Tras el cambio de Gobierno en 2015, la polémica concesión de Alzira, que había servido como modelo a las demás, no fue renovada.

Si al gasto sanitario privado se le suman los conciertos, que en 2016 rondaron los 7.500 millones de euros, resulta que las empresas del sector gestionan más de 36.000 millones de euros, lo que equivale a manejar casi un 36% de todo el dinero destinado cada año a preservar la salud de los españoles y un 3,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

La memoria de 2018 de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), nombre de la patronal del sector, especifica que con esos fondos las empresas mantienen en funcionamiento 460 hospitales (22 de ellos universitarios), dotados de más de 51.000 camas, y casi 12.000 centros sanitarios no hospitalarios (consultas, laboratorios), que ocupan a 267.000 profesionales, la mitad ellos médicos y enfermeras.

Su actividad asistencial se traduce en 1,6 millones de cirugías al año, 7,1 millones de urgencias y 1,3 millones de altas. La progresiva subcontratación de servicios que debería ofrecer directamente la sanidad pública ha llevado a que hoy en día, por ejemplo, 45 de cada cien resonancias magnéticas se hagan en la privada.