Banco Santander está ultimando su oferta de compensación a los accionistas minoristas de Popular, a los que propondrá un sistema de “bonos de fidelización” para paliar las pérdidas que les provocó la compra del segundo por el primero, mientras ambas entidades y el Gobierno se enfrentan por esa operación a decenas de recursos, querellas y demandas, en una guerra judicial a la que va a seguir sumándosele frentes en todas las jurisdicciones.

“Pronto”, explicaron fuentes de Santander, se conocerá el “detalle” de la oferta, que conlleva para quienes se sumen desistir de eventuales acciones judiciales contra los actuales o los anteriores gestores de Popular.

Santander, que se dirige a los minoristas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, en la que participaron más de 47.000 ahorradores, y a dos emisiones de deuda subordinada de 2011, prevé destinar a la operación 980 millones. El capital nominal de Popular duplicaba esa cifra (2.098, aunque su valoración bursátil había caído a 778 el día de la intervención), la ampliación alcanzó los 2.505 y la primera cotización de esas acciones estuvo cerca de triplicar el precio de salida (1,43 euros por 50 céntimos).

En principio, el bono de fidelización tendría un valor nominal de cien euros, generaría un interés anual del 1% a cobrar por trimestres y sería amortizable a los siete años de su entrega gratuita al cliente. En principio, los accionistas que compraron menos de 100.000 euros recibirían bonos por el 100% de lo invertido, porcentaje que baja a la mitad que a partir de medio millón y que se sitúa en el 75% entre ambas cifras.

Cuatro amplios frentes judiciales

El abanico de acciones judiciales que esa oferta pretende reducir, cuando menos, incluye 51 demandas ante el Tribunal General de la UE, varias de ellas ya admitidas a trámite, contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que llevó a que el banco cántabro se quedara por un euro la sexta entidad financiera española; varias querellas en la Audiencia Nacional contra los gestores de Popular (ninguna admitida todavía y dos rechazadas por defectos formales), mientras algunos despachos y asociaciones estudian presentar otras e incluir en ellas a ejecutivos del comprador y responsables económicos del Gobierno; al menos una demanda civil, en una vía abierta por un empresario barcelonés que reclama 10.000 euros, y, también, recursos en la vía contencioso administrativa contra la actuación del FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenada Bancaria), algunas de ellas de organizaciones de consumidores.

La actividad de estas últimas apunta a que las reclamaciones aumentarán. Más de 20.000 pequeños accionistas de Popular han contactado con OCU, cuya querella tiene el respaldo de 10.000 de ellos. Otros 8.000 se han dirigido a Adicae, cuyos servicios jurídicos preparan una querella contra los miembros de varios consejos de administración de esa entidad. Y entidades como UCA, federada en Facua, prepara acciones por algunos centenares que reclaman pérdidas por varios millones.

Las acciones judiciales se resumen en dos bloques. Uno de ellos pretende, en la vía contencioso administrativa y ante la UE, la nulidad de las resoluciones del FROB y la JUR que llevaron a que el Santander se quedara el Popular por un euro, aunque acumulaba pérdidas que distintas fuentes sitúan entre los 7.000 y los 8.000 milones, y cuando su capital social era de 2.098. Las demandas y las querellas tienen como objetivo que los accionistas recuperen el valor de sus acciones, adquiridas en ampliaciones de capital y reducidas a la insignificancia con la operación, y, eventualmente, la condena de los responsables del proceso. Las denuncias sostienen que los clientes fueron engañados en esa emisión, en la que el banco se habría atribuido una solvencia de la que, en realidad, carecía.

La cifra de perjudicados por la operación se acerca a los 300.000, la mayoría de ellos pequeños ahorradores y también trabajadores de Popular, cuya venta decretó el Gobierno mientras la empresa tramitaba un ERE para 2.592 de los 14.935 miembros de la plantilla.

Bendiciones comunitarias

No hay a la vista a corto plazo nuevos ajustes de personal para la plantilla, aunque tampoco parece que Santander vaya a oponerse a las eventuales propuestas de jubilación anticipada, ni cierres de oficinas en bloque. No obstante, los nuevos gestores si han comunicado a los sindicatos su intención de acometer este trimestre una reestructuración de los servicios centrales.

“No han planteado nada todavía”, señalan fuentes de CCOO, que apuntan que, en cualquier caso, procesos como la eventual integración operativa de ambas entidades no sería técnicamente viable en menos de un año.

De hecho, a Santander no le interesa, como le ocurrió con Banesto, una absorción rápida por el riesgo que entraña de ahuyentar clientes. Y tampoco va a poner trabas Europa, que ya ha bendecido la compra y ha dictaminado que el hecho de que un banco dirija las políticas comerciales de ambos no vulnera la normativa sobre competencia.

Operaciones por 18.200 millones

Mientras tanto, Santander, que cerró en mes y medio sin problemas una ampliación de capital de 7.702 millones de euros (recibió peticiones por 58.000) para financiar la operación del Popular, ha comenzado a rentabilizar su compra por un euro.

Por una parte, ha colocado en una sociedad con el fondo Blackstone, que controlará este, activos inmobiliarios tóxicos del Popular provisionados por 10.000 millones y que estaban anotados por 30.000 millones.

Y, por otra, ha comenzado con una devolución de 500 millones de Hacienda a materializar el botín de 5.200 millones en descuentos fiscales que se llevó con la operación.