El Tribunal Constitucional alemán dijo el martes que existen dudas sobre la compatibilidad del programa de compra de activos públicos del Banco Central Europeo (BCE) con la prohibición de financiación monetaria, pero no se pronunció sobre el caso y lo remitió al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE).

De esta manera, el Constitucional suspende los procesos abiertos para responder a la pregunta de si el programa de compra de deuda pública del BCE es compatible con la Ley Fundamental alemana y presenta ante el tribunal europeo varias cuestiones prejudiciales.

Según el TC alemán, hay varios motivos de peso que permiten afirmar que las decisiones que fundamentan el programa de compra de deuda violan la prohibición de financiación pública por parte del BCE, van más allá del mandato del banco central en materia de política monetaria y, por lo tanto, se extiende a las competencias propias de los estados miembros.

La corte constitucional pidió al Tribunal Europeo iniciar un "procedimiento abreviado" para pronunciarse lo antes posible sobre el caso, porque "la naturaleza del asunto exige su rápida tramitación". El tribunal alemán calcula que la decisión final en este caso se tomará tras el cierre del programa de compra de bonos o en su recta final al esperarse la conclusión del programa en 2018.

Con el fin de estimular la inflación y la economía, el BCE puso en marzo de 2015 un programa de compra de deuda soberana y otros bonos (que luego extendió a la compra de deuda de empresas), actualmente por valor de 60.000 millones de euros mensuales.

Tres ciudadanos alemanes (dos políticos y un académico) presentaron sendos recursos constitucionales contra el programa de compra de bonos puesto en marcha en 2015. Los demandantes instaron al Tribunal Constitucional a poner fin a la participación del Bundesbank, el principal comprador, en este programa, con el argumento de que constituye una financiación monetaria ilegal.

Los demandantes advirtieron también que con este esquema el Estado alemán y sus contribuyentes tienen que correr el riesgo de un eventual impago de otro país de la Eurozona.

La decisión del Constitucional alemán sigue los pasos de la adoptada en 2014, cuando decidió someter al Tribunal de la UE la decisión acerca de la legitimidad del programa OMT del BCE de enero de 2012 (por el que la entidad podía adquirir bonos soberanos de manera ilimitada a cambio de reformas), cuyo dólo anuncio contibuyó a calmar las fuertes tensiones sobre el euro que hacían peligrar el proyecto de la Eurozona. Este plan  nunca llegó, aunque el TJUE opinó que el programa era compatible con el mandato del BCE.