MADRID.- El consorcio liderado por Sacyr que construyó la ampliación del Canal de Panamá no prevé que las reclamaciones realizadas por los sobrecostes e imprevistos surgidos durante la construcción del proyecto se resuelvan definitivamente antes de seis años, esto es, antes de 2022.

Así lo desvela la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo promotor y gestor de la nueva conexión interoceánica inaugurada en junio del pasado año, en su informe financiero anual correspondiente a 2016.

La auditoría del órgano público panameño revela asimismo que Sacyr y los socios con los que acometió este macroproyecto han elevado hasta 5.673 millones de dólares (unos 5.398 millones de euros) el importe máximo que podrían reclamar por la obra. El importe casi duplica al de alrededor de 3.000 millones de dólares en que Sacyr estimó los sobrecostes el pasado mes de mayo, en vísperas de la puesta en servicio de la ampliación del Canal.

En caso de que el consorcio pidiera todo el monto de reclamaciones estimadas y finalmente se aceptaran, la construcción del nuevo Canal de Panamá acabaría así costando casi tres veces más respecto al importe de 3.192 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) al que la obra se adjudicó en julio de 2009 al consorcio liderado por Sacyr y que completan la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusa.

El incremento de la cantidad que el grupo español y sus socios piden a Panamá deriva de dos nuevas reclamaciones que remitieron el pasado mes de diciembre ante las instancias que el contrato estableció para dirimir las diferencias que surgieran entre la Autoridad del Canal y los contratistas.

La última de estas instancias es el Tribunal de Arbitraje Internacional de Miami, institución a la que aún no ha llegado ninguna de las reclamaciones que las constructoras empezaron a realizar a Panamá en 2011. Sólo algunas de ellas se han resuelto en la segunda, la junta de resolución de disputas (DAB) y, por tanto, aún no son definitivas.

De esta forma, el plazo en el que el consorcio estima que se diriman definitivamente sus reclamaciones, ahora fijado en el horizonte del año 2022, también supone alargar las estimaciones que el consorcio barajaba en mayo. En esas fechas las constructoras esperaban haberlos solventado en 2018, si bien apuntaban la posibilidad de que el proceso se extendiera hasta 2020.

La APC acude a un tribunal inglés

En este sentido, el consorcio ha pedido a las instancias arbitrales del proyecto que impida a la Autoridad del Canal reclamar a las constructoras la devolución de los adelantos concedidos durante las obras de construcción hasta que no se resuelvan las reclamaciones, así como a ejecutar las garantías dadas por las empresas.

No obstante, la APC ha elevado este asunto a un tribunal inglés, "que tiene la jurisdicción exclusiva para resolver asuntos en relación con dichas garantías corporativas", según indica en su informe anual.

De esta forma, la relación entre la Autoridad del Canal y el consorcio liderado por Sacyr encargado del histórico proyecto de construcción de un segundo Canal de Panamá, encargado en 2009 e inaugurado en junio del pasado año, se puede extender aún durante varios años.

En el caso de Sacyr, que lidera el consorcio con una participación del 41,6%, tiene provisionados unos 500 millones de euros para afrontar las eventuales pérdidas que, en su caso, pudieran derivar del proyecto. La compañía espera revertir este monto con lo que reciba de las reclamaciones que se acepten.

No obstante, la compañía considera un "hito" para la empresa la construcción del nuevo Canal de Panamá, una de las mayores obras de ingeniería civil de la historia. El proyecto supuso la ejecución de unas nuevas esclusas, un juego en cada costa, de tres niveles y compuertas rodadas.