El presidente de BBVA hasta el pasado 31 de diciembre, Francisco González, generó una remuneración total de 5,13 millones de euros correspondiente al ejercicio 2018, un 11% menos que un año antes, mientras que el entonces consejero delegado de la entidad (ahora presidente), Carlos Torres Vila, sumó 4,51 millones de euros, un 8% menos.

Según la información remitida por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la retribución fija del expresidente González se mantuvo en 2,5 millones de euros, mientras que la remuneración variable se estableció en 2,6 millones de euros, un 20% menos que en 2017.

Torres, por su parte, en su condición de consejero delegado, generó una remuneración fija correspondiente al año pasado que se mantuvo constante respecto a 2017 en 1,96 millones de euros, mientras que la remuneración variable descendió un 15%, hasta los 2,4 millones de euros.

Asimismo, BBVA realizó una aportación al sistema de previsión del consejero delegado de 1,6 millones de euros, que corresponde a la aportación anual para la jubilación fijada en 2017. Su sistema de aportación definida establece aportaciones anuales que se fijan claramente y ex ante, por lo que no puede percibir la pensión de jubilación de forma anticipada y tampoco en caso de cese por incumplimiento grave de funciones.

Por su parte, el actual consejero delegado, Onur Genç, no devengó como es lógico ninguna remuneración en 2018 por su nuevo cargo. Su remuneración fija y variable en el ejercicio estuvo asociada a su anterior cargo de consejero delegado de BBVA Compass y responsable de BBVA en Estados Unidos.

En este sentido, el que fuera nombrado número dos del banco azul el 1 de enero de 2019, generó una remuneración fija de 2,2 millones de euros, mientras que la parte variable correspondiente a 2018 se estableció en 980.000 euros.

BBVA explica que, a pesar de los "excelentes" resultados del grupo en 2018, con un crecimiento del beneficio neto atribuido del 51,3%, hasta 5.324 millones de euros, la remuneración variable de los consejeros ejecutivos generada en 2018 descendió dado que algunos indicadores financieros, aunque mejoran respecto al ejercicio anterior, se sitúan "por debajo del objetivo establecido", fundamentalmente debido a los desequilibrios económicos en Turquía y Argentina.

El comportamiento de varios indicadores, como la ratio de eficiencia o el beneficio atribuido sin operaciones corporativas en estos países se vio afectado por la evolución de los tipos de cambio y el impacto negativo derivado de la contabilización de la hiperinflación.

El 60% queda diferido por cinco años

La política de remuneraciones de BBVA establece que el 40% de las remuneraciones variables debe ser satisfecho durante el primer trimestre de 2019, mitad en forma de acciones y la otra mitad en metálico.

Mientras, el 60% restante queda diferido y sujeto a indicadores plurianuales que pueden reducir e incluso llevar a cero dicha parte, nunca incrementarla. Esta parte de la retribución variable no se comenzará a cobrar hasta 2022, por lo que quedará diferida por un periodo de cinco años y se dividirá en un 60% en acciones y el resto en efectivo.

Asimismo, toda la remuneración variable está sujeta a cláusulas malus, que podrían limitar o impedir el cobro debido a posibles resultados de ejercicios negativos o malas praxis, y a cláusulas clawback, que podrían permitir a la entidad recuperar cantidades ya satisfechas.

En cualquier caso, el sueldo variable diferido está sujeto a la política retributiva vigente en 2017, con indicadores plurianuales que pueden reducirlo e incluso llevarlo a cero, nunca incrementarlo, así como cláusulas malus y clawback.

En el supuesto de que se confirmara que la entidad bajo la presidencia de González contrató los servicios de la firma del encarcelado excomisario José Manuel Villarejo para realizar labores de espionaje, BBVA podría aplicar estas cláusulas y reclamar al que todavía es su presidente de honor la cuantía variable de su remuneración.

Numerosas informaciones relacionan a BBVA con una operación de espionaje masivo durante finales de 2004 y principios de 2005 a empresarios, políticos y periodistas con el objetivo de desestabilizar un intento de asalto al banco por parte de directivos de la constructora Sacyr supuestamente con el apoyo del entonces Gobierno socialista.

El grupo podría estar inmerso en investigaciones por las autoridades judiciales en relación con la contratación de actividades presuntamente irregulares, aunque aún no ha recibido ninguna notificación formal a tal efecto. Al mismo tiempo, está llevando a cabo una investigación que está siendo liderada por Garrigues con el apoyo de PwC y Uría Menéndez.

Actualización de las remuneraciones

En 2019, para la determinación de la remuneración variable, el consejo de administración ha mantenido los indicadores de beneficio atribuido sin operaciones corporativas, ratio de eficiencia y el indicador de satisfacción de clientes, aunque ha incorporado dos nuevos indicadores: el valor contable tangible (relacionado con la creación de valor para el accionista) y las ventas digitales.

Por otro lado, el consejo someterá a la junta general de accionistas que tendrá lugar el próximo mes de marzo la actualización de la política de remuneraciones, que fue aprobada en 2017, con el fin de incorporar las condiciones contractuales del nuevo presidente ejecutivo y del nuevo consejero delegado. En caso de ser aprobada, esta nueva política se mantendría vigente hasta 2021.

La propuesta del consejo es una retribución fija de 2,45 millones de euros para Carlos Torres y de 2,18 millones de euros para Onur Genç. Además, propone que la retribución fija anual no pueda incrementarse más de un 5% de media anual durante la vigencia de la política.

Respecto al nuevo consejero delegado, Onur Genç, además de un seguro por invalidez y fallecimiento, contará con dos remuneraciones complementarias fijas por su condición de alto ejecutivo internacional: una cantidad anual en efectivo, que sustituye a la pensión de jubilación, equivalente a un 30% de su retribución fija anual, y una cantidad anual en efectivo, como complemento de movilidad, que equivale a 600.000 euros anuales.