Empleo públicoEl empleo público del PP: más de 260.000 puestos amortizados y una pérdida del 15% en el poder adquisitivo de los funcionarios

El Gobierno de Rajoy se ha abierto finalmente a estudiar la recuperación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración que abolió en 2012 dentro de un paquete de reformas que, sumado a las tomadas por el de Rodríguez Zapatero, se han traducido en una pérdida de 333.000 empleos públicos en menos de seis años y una merma del 15% en el poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2008.

La jornada máxima de 35 horas semanales en cómputo anual fue legal en España entre el 21 de diciembre de 2005 y el 29 de diciembre de 2012, cuando fue sustituida por otra mínima de 37 y media. La primera permitía duraciones menores, mientras que la segunda solo es susceptible de prolongación con el límite de 40 horas semanales en cómputo anual que establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para todos los asalariados.

Hasta ahí la ley y la teoría. La estadística apunta en otra dirección: según la EPA (Encuesta de Población Activa), los empleados públicos trabajan habitualmente cada semana una media de 36 horas y 36 minutos mientras los asalariados privados lo hacen 18 minutos menos. Por sectores, también es mayor la jornada en el sector privado que en el público: 34 horas y seis minutos por 33 horas en tareas administrativas; 35 y 12 por 29 con 36 en enseñanza y 36 con 42 frente a 34 y 24 en sanidad y servicios sociales. Se trata, en cualquier caso, de promedios para cuyo cálculo computan jornadas tasadas como las de un docente junto con otras imprevisibles en la práctica como las de un guardia civil o un integrante de una brigada forestal.

¿Sirvió para algo cambiar la jornada? Más bien al contrario. En la práctica, y según la EPA, la jornada habitual de los empleados públicos no dejó de crecer por encima de las 35 horas tras ser limitada a esa duración: era de 36 horas y seis minutos en el primer trimestre de 2008 y, aunque con dientes de sierra, había crecido en una hora y seis minutos cuando, a finales de 2012, el Gobierno decidió ampliarla en dos horas y media. Fue hacerlo y, aunque tampoco de manera progresiva, comenzar a reducirse hasta las 36 horas y media actuales.

En el plano económico, el ahorro se quedó por debajo de los 1.300 millones de euros anuales, según un estudio de CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones), muy lejos de las previsiones que el ejecutivo manejaba antes de tomar la decisión.

Recuperar el límite de 35 horas

El Gobierno central mantiene ahora una postura aparentemente contradictoria: mientras se abre a estudiar la recuperación de la jornada de 35 horas, ha recurrido, como hizo el año pasado con Castilla-La Mancha (el Constitucional avaló su rechazo) y como todo apunta a que terminará haciendo con Castilla y León, la iniciativa de la Junta de Andalucía para implantar la una duración de ese promedio (ni ampliable ni reducible) entre sus funcionarios, que en el caso de la enseñanza Secundaria incluye un periodo lectivo de 18.

“La ley, que establece la jornada mínima de 37 horas y media, obliga a recurrir esa medida, aunque se está estudiando la posibilidad de rebajarla a 35 en algunos sectores de la Administración a partir del año que viene”, explicaron fuentes del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales. La selección de esos ámbitos queda en manos del Ministerio de Hacienda, que tiene las competencias en Función Pública, si bien las fuentes consultadas anotaron que, en cualquier caso, su lista sería reducida.

“Cada Administración tiene capacidad organizativa para ordenar sus efectivos de manera autónoma siempre que respete las limitaciones de la ley”, explica Juan del Campo, secretario de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, que llama la atención sobre el colapso de algunos servicios, especialmente en la Administración central, como consecuencia de tres factores: reducción de plantillas, ampliación de jornadas y recortes salariales.

A esas tres circunstancias se les suman otras como el incremento de los tiempos medios de resolución de expedientes y la obsolescencia de los equipos informáticos. “Se ha perdido empleo y calidad en los servicios públicos, algunos de los cuales requieren intervenciones profundas”, anota.

Más de 260.000 empleos amortizados

La mengua de la plantilla de esos servicios públicos ha sido notable en los últimos años. El empleo en la Administración siguió creciendo en España tras el estallido de la burbuja y el inicio de la crisis hasta situarse en 3,3 millones de personas al acabar el verano de 2011. Entonces comenzó un descenso progresivo hasta los 2,9 millones de finales de 2013, seguidos de un ligero aumento hasta los 3,01 de principios de 2016 antes de iniciar una nueva merma de 42.000 en los doce meses siguientes.

El balance de ocupación del sector público con el Gobierno de Rajoy arroja un saldo negativo de 261.200 empleos: los 3.234.700 trabajadores de la Administración registrados al cierre de 2011 se vieron reducidos en 325.300 en los dos años siguientes, para recuperar 198.600 hasta marzo de 2016 y perder otros 134.500 en los doce meses posteriores.

Esa evolución se debe, principalmente, a la aplicación de una restrictiva tasa de reposición: solo era posible reponer un 10% de las bajas por jubilación en los sectores considerados prioritarios, como las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencias, la educación y la sanidad. “Siempre que hay una tasa de reposición se destruye empleo, y eso es algo que está ocurriendo en la Administración desde 2007”, señala Del Campo.

La rigidez en la aplicación de la tasa de reposición, que según la CORA conlleva un ahorro anual de en torno a 1.800 millones de euros aunque ese cálculo no incluye la ralentización de la economía, entraña el riesgo de incrementar el colapso de los servicios públicos: según la EPA, casi la quinta parte de los empleados públicos del país, 723.800 de 2.973.800, tienen entre 55 y 65 años, lo que significa que se jubilarán en la próxima década.

El primer balón de oxígeno

Las convocatorias de oposiciones que han efectuado en los últimos cinco años algunas comunidades autónomas y ayuntamientos consisten, en realidad, en formalizar la cobertura de las tasas de reposición de varios años.

El Gobierno central, que hace unos meses acordó con los sindicatos la cobertura de otros 67.000 puestos con ese mismo origen, ha decidido lanzar su primer balón de oxígeno con 10.606 reposiciones y la creación, entre este año y el siguiente, de 4.256 plazas nuevas. Sin embargo, señala el Campo, “eso crea empleo neto en algunos organismos, pero no compensa la pérdida general de los últimos años”.

El acuerdo con los sindicatos, por otro lado, fue prácticamente simultáneo con medidas de sentido opuesto como recurrir ante el Constitucional la convocatoria de 1.483 plazas de sanitarios por el Gobierno de Aragón, iniciativa que el tribunal anuló hace unos días por saltarse la tasa de reposición.

Perder un 15% de poder adquisitivo

La tercera pata del deterioro de los servicios públicos, junto con la reducción de las plantillas y la prolongación teórica de la jornada, es la de los recortes salariales: a la pérdida de poder adquisitivo por subidas inferiores al IPC desde 2008 le siguieron la congelación de 2010 y el aplazamiento, no recuperado en muchas administraciones, de las pagas extraordinarias de 2012.

“La pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos alcanza el 15% desde 2008, con un 13% concentrado a partir de 2010”, explica Del Campo. “Nos han dado duro”, añade.

Esos recortes salariales se ven agudizados en algunos casos por las diferencias retributivas del puestos similares entre las distintas administraciones, que suman variables diferentes al bloque común que componen el salario base y los complementos de antigüedad y de destino. “En una oficina del Servicio Estatal de Empleo, en la que funcionarios del Estado se encargan de las prestaciones y los de la comunidad autónoma de las tareas de gestión, se dan diferencias de hasta 300 euros mensuales”, indica Del Campo.