Día clave para el futuro de los impuestos a la banca y a las energéticas. El PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios tienen hasta este miercoles para decidir la continuidad de estos gravámenes extraordinarios, cuya vigencia expira al final de este año.

Después de diez plazos de ampliación, la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha acordado que este miércoles el cierre del plazo para presentar enmiendas al articulado del proyecto de ley que establece un impuesto mínimo global para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. También se cierran el miércoles los plazos de presentación de enmiendas parciales al proyecto de movilidad sostenible y de enmiendas de totalidad a la ley que crea la nueva Autoridad del Cliente Financiero.

Tanto los partidos que conforman el Gobierno como los otros grupos parlamentarios de la Cámara Baja se plantean aprovechar este trámite parlamentario para, vía enmiendas, decidir si se mantiene, y de qué manera, los impuestos a banca y energéticas, que se plantearon como extraordinarios y temporales para los ejercicios 2023 y 2024 y decaerán a final de año.

La conversión en permanentes de estos gravámenes solo puede hacerse mediante una ley ley; pero la tramitación de un nuevo proyecto de ley se prolonga durante varios meses, por lo que, en este momento, la única opción es incluirlos en un texto legal que ya haya iniciado el procedimiento en el Congreso.

La continuidad de estos gravámenes forma parte del acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar, y el Gobierno se ha comprometido a mantenerlos en el plan fiscal remitido a Bruselas, pero algunos de los grupos que vienen apoyando al Ejecutivo en el Congreso mantienen bastantes reservas sobre este asunto.

Por un lado, PNV y Junts han incidido en la importancia de que la tasa no perjudique a las empresas, sobre todo después de que Repsol anunciara que trasladaría inversiones a Portugal por la fiscalidad española.

En concreto, los vascos han avisado que no apoyará la continuidad de la tasa si esta no se convierte en un impuesto, puesto que ahora es una prestación patrimonial no tributaria y Euskadi y Navarra no pueden gestionarla. Así, los nacionalistas quieren que la figura sea un tributo y poder concertarlo y "graduarlo" en su territorio, según explicó hace dos días el portavoz de la formación en el Congreso, Aitor Esteban.

De su lado, Junts ha dicho que no apoyará el impuesto si este perjudica las inversiones en Catalunya y, concretamente, en Tarragona, donde Repsol tiene previsto invertir 1.100 millones de euros en un proyecto para convertir residuos urbanos en combustible.

Enfrente están Bildu, Esquerra Republicana (ERC), y Podemos abogan por convertir en hacer permanente el impuesto tal como está concedido ahora a tenor de los beneficios que empresas energéticas y financieras han registrado en sus últimos ejercicios.

Desde el Gobierno se ha propuesto que en el impuesto a energéticas se puedan deducir inversiones en energías renovables, mientras que en el tributo a la banca, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que no debería restringir el crédito que conceden las entidades a compañías y particulares.

Hacienda ha recaudado este ejercicio 2.859 millones con ambos impuestos: los bancos aportaron 1.695 millones, mientras que las energéticas abonaron 1.164 millones.