El Congreso ha reclamado al Gobierno el endurecimiento de las penas para los delitos fiscales y alargar su plazo de prescripción, como parte de las medidas que debería contener un plan de choque contra el delito fiscal, el fraude y la economía sumergida.

Así consta en la enmienda transaccional pactada entre el PP y Ciudadanos, a raíz de una proposición no de ley defendida por la formación naranja en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja celebrada este miércoles. La propuesta ha contado con el respaldo de PP y Ciudadanos, mientras que PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís han optado por la abstención.

La iniciativa también solicita al Ejecutivo la elaboración de un estudio oficial sobre la economía sumergida y la colaboración del Gobierno con las comunidades autónomas para su erradicación. Este estudio se incorporaría a la subcomisión de lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, aún no iniciada en la Cámara Baja.

Respecto al fraude fiscal, el texto aprobado por la Comisión de Hacienda pide revisar la lista de paraísos fiscales, incluyendo de nuevo en ella a países no cooperadores con la Agencia Tributaria y exigir a las entidades financieras información sobre operaciones de clientes en filiales situadas en paraísos fiscales.

En este sentido, también pide el estudio de limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a 1.000 euros y establecer el derecho de los consumidores a pagar con tarjeta de crédito cualquier bien o servicio a partir de 10 euros.

Asimismo, el Congreso pide el refuerzo de las unidades dedicadas a combatir el fraude, tanto la AEAT, para la que pide un nuevo estatuto "que refuerce su autonomía y profesionalidad", como en el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Inspección de Trabajo.

Precisamente, el texto aprobado pide una nueva Ley de infracciones y sanciones en el orden social para adaptar esta norma a la lucha contra la precariedad, con un aumento de las sanciones en materia de relaciones laborales.

El fraude carrusel

Por otro lado, la Comisión de Hacienda del Congreso ha respaldado otra iniciativa que reclamaba cambios normativos en la lucha contra el fraude, concretamente contra el fraude carrusel, que elude el pago del IVA a través de sociedades instrumentales en pagos entre diferentes países comunitarios.

La iniciativa, esta impulsada por el PP, ha sido también apoyada por Ciudadanos, mientras que PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís han optado por la abstención.

La propuesta aprobada reclama la modificación de la ley del IVA para incluir discos duros, memorias, procesadores, circuitos integrados y otros componentes informáticos en la lista de productos susceptibles de inversión del sujeto pasivo.