El cerco mundial al dinero ilícito es una quimera. Las evasiones de capital siguen fluyendo de un lado a otro de las latitudes del planeta por doquier. Los titubeantes intentos de impedir que los grandes patrimonios individuales y los beneficios empresariales se sometan a la obligación de pagar los impuestos que les corresponden por sus ingresos no acaban de ser efectivos. Paraísos fiscales, países que facilitan el blanqueo de esos capitales y territorios con reglas bancarias laxas y, por tanto, proclives a engrosar la larga lista de jurisdicciones con alguna metodología al uso de secreto financiero, hacen las delicias de inversores, compañías y entidades bancarias que han decidido poner a buen recaudo sus fortunas o sus retribuciones o beneficios ocultos. Es decir, sus estrategias de elusión de riqueza e impuestos permanecen ajenos al radar de las autoridades tributarias.

Con justificaciones que dejan apelativos genéricos que han arraigado en la sociedad, mediante el empleo de fórmulas de optimización tributaria, como han sido popularizadas por la asesoría fiscal desde los grandes despachos, o como la designación de la sede social, en el caso del diseño de las declaraciones tributarias corporativas, y que determina la nacionalidad de las arcas estatales que reciben sus obligaciones impositivas. A pesar de que, en no pocas ocasiones, la elección del lugar no suele corresponder ni con la actividad productiva de las multinacionales, las firmas que más emplean esta alternativa de ingeniería fiscal, ni siquiera con el cuartel general en el que se toman las grandes decisiones empresariales.

La dimensión de esta fuga sigue siendo extraordinaria. Si al inicio de la crisis el tesoro acumulado por territorios con prácticas tributarias dañinas, que incluyen enclaves off-shore, donde también se recogen normas regulatorias favorables al secretismo bancario, era de 7 billones de dólares, el equivalente a la suma de las economías de Alemania y Japón, en dólares de la época, según la OCDE, en la actualidad, esa cifra se ha multiplicado por 4,5, hasta los 32 billones de dólares, lo que revela que la acumulación de riqueza de procedencia ilícita o no declarada es similar a la de los PIB de las dos mayores potencias económicas —EEUU: de 20,5 billones de dólares y China: 13,4 billones—, a tenor de las estimaciones de Tax Justice Network; organización independiente, nacida en 2003 con la misión de interceder en los gobiernos para que se produzca un “cambio sistemático” que acabe tanto con los paraísos fiscales como con la privacidad en la identificación de beneficiarios de cuentas opacas en lugares con secretismo bancario. A razón de 1,6 billones de dólares anuales -dicen sus expertos- con las cifras de fugas de 2018 en la mano. Un suculento pastel que supera el tamaño de la economía española.

En términos porcentuales, el fenómeno también resulta más paranormal. Mientras en los prolegómenos del credit crunch propiciado por la acumulación de activos tóxicos financieros en los balances bancarios de todo el planeta, los flujos de capitales en dirección a estos territorios representaban el 13% del PIB mundial, en la actualidad, este tráfico ilícito de patrimonios ha pasado a significar el 37,7% de la actividad productiva del conjunto de países que conforman el planeta y que el FMI valora en 84,8 billones de dólares al término de 2018.

El enriquecimiento exponencial de las grandes fortunas por todo el mundo, el súbito repunte de beneficios empresariales en el ciclo de negocios que surgió, de forma artificial, con programas oficiales de estímulos económicos y monetarios a cuenta de los contribuyentes, y del fulgurante incremento de nuevos ricos entre los principales mercados emergentes, subyacen detrás de esta bonanza de la opacidad global.

Listas negras no reconocidas globalmente

Uno de los obstáculos más visibles que explican la ausencia de un consenso internacional es la ausencia de reconocimiento mutuo de los territorios con algún tipo de secretismo bancario y/o, con prácticas fiscales dañinas. El último botón de muestra es la elaborada por la UE a principio de febrero. A la Casa Blanca no le gustó que en su clasificación de países que fomentan el lavado de capitales se incluyera a Puerto Rico, estado asociado a la Unión americana. El Tesoro de EEUU ha trasladado de inmediato a Bruselas el permiso que ha otorgado a los bancos estadounidenses para que ignoren las directivas europeas, en un inédito desplante diplomático transatlántico. Además de a Puerto Rico, la Comisión Europea, que amplió de 16 a 23 el número de territorios que les resultan conniventes con el dinero negro, incorporó otros tres enclaves bajo jurisdicción de Washington: Samoa, Guam y las Islas Vírgenes. En un momento en el que los escándalos en los que se han visto implicados grandes bancos europeos -y americanos- por estos delitos se han sucedido sin casi solución de continuidad. “La acción de la UE no tiene precedentes”, asegura Jennifer Fowler, de la consultora Brunswick Group, y antigua alto cargo del Departamento del Tesoro, quien admitió que a la Administración Trump le preocupa que varios de sus enclaves engrosen la lista negra de blanqueo de capitales junto a países como Irán, Siria o Corea del Norte a los que su diplomacia les ha catalogado en los últimos años como Estados fallidos. "El listado europeo es problemático porque no distingue con claridad qué tipo de requerimientos exige a los distintos enclaves para recabar información fiable. Operar con una institución financiera en Irán presenta, a los ojos de la UE, una serie de exigencias diferentes a las que demanda para Guam, por ejemplo; es como si les movieran distintas inquietudes en según qué territorios", dice Joshua Kirschenbaum, otro antiguo experto en blanqueo del Tesoro.

En su informe, de 35 páginas, Europa justifica la revisión de su lista por parte de su Fuerza de Acción Financiera (FATF), institución creada en 1989 por el G-8 para combatir esta lacra, después de seis años de investigaciones, admite que persisten ausencias notables, como Rusia, pero “va en la dirección correcta”, como señala Ana Gomes, europarlamentaria portuguesa, una de las voces más críticas contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero negro. “No es suficiente, pero es importante que se sepa que Europa va a continuar añadiendo lugares que resultan atractivos a la criminalidad impositiva y a la delincuencia financiera”, asegura. Más en concreto, el texto se hace eco de los territorios estadounidenses en términos muy contundentes. “Siguen distintas estrategias” regulatorias que son “determinantes” para blanquear capitales ilícitos. Salvo Puerto Rico, a los otros dos enclaves se les cataloga como “jurisdicciones que no cooperan” ni hace lo suficiente para combatir el fraude impositivo y la evasión impositiva. Gomes también resalta la entrada en este listado de Arabia Saudí o Panamá. “Hemos fijado unos estándares más exigentes para luchar contra unas prácticas que funcionan como auténticos salvavidas para el crimen organizado y el terrorismo”, explicó la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova.

Sin embargo, en latitudes como la rusa, ese nivel de exigencia parece que brilla por su ausencia. Sobre todo, después de que Danske Bank, el banco danés de mayor dimensión, se encuentre en el ojo del huracán de una macro-causa judicial en la que están involucrados millonarios rusos a través de su filial estonia. Y que amenaza con sacar a la palestra a otras entidades financieras escandinavas que, presuntamente, realizaban similares modus operandi. Entre otras, Svenska Handelsbanken AB, la mayor institución prestataria sueca por volumen de activos, que está bajo investigación por sus negocios dudosos en las tres ex repúblicas soviéticas del Báltico. Mientras otros colosos financieros europeos como el Deutsche Bank también tienen procesos en curso o el también sueco Swedbank, al que la Justicia le persigue para tratar de descubrir movimientos de lavado de capitales por valor de 230.000 millones de dólares.

Esta falta de sintonía internacional para hacer frente a la doble lacra de la evasión impositiva y de los lugares permisivos con el blanqueo de capitales también es recíproca. A Europa tampoco le ha gustado nunca la identificación de 65 países o jurisdicciones de primera preocupación, argot con el que el Departamento de Estado americano, a instancias del Tesoro, registra, desde 2016, enclaves que “formalizan significativas cantidades de dinero de procedencia delictiva” y con “serias evidencias de criminalidad”. En el estudio estadounidense se incluyen desde puntos conflictivos o de alto riesgo geoestratégico para la Casa Blanca, como Afganistán o Irán, hasta paraísos fiscales como Antigua y Barbuda, Bahamas o las Islas Caimán, pero también a aliados europeos como Austria, Francia, Alemania, Holanda o España, y otros socios anglosajones como Australia, además de México, Argentina y Brasil. Incluso Samoa, Guam y las Islas Vírgenes.

A vueltas con las clasificaciones

El constante rifirrafe entre EEUU, Europa y otros grandes socios del G-20, único foro que podría emprender una auténtica cruzada contra el secreto financiero y la alusión fiscal. De ahí que las mejores fuentes de información procedan de instituciones ajenas a las órbitas nacionales. Una de ellas es la FATF. Denominación en inglés del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En su informe global sobre 2018, añade ocho países a los que considera refugio de blanqueo: Irán, Angola, Corea del Norte, Ecuador, Etiopía, Pakistán, Turkmenistán y Santo Tomé y Príncipe. Que suma a sus veinte focos tradicionales: Antigua y Barbuda, Azerbaiyán, Indonesia, Bolivia, Grecia, Kenia, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nigeria, Paraguay, Qatar, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tobago, Tailandia, Turquía, Ucrania y Yemen. Sus expertos arguyen que “esta lista aumenta la presión internacional para acometer regulaciones serias contra el lavado de dinero”, si bien, "los países ricos [que regentan a este panel intergubernamental] necesitan poner también su casa en orden para endurecer sus criterios de exigencia", alerta Anthea Lawson, analista en Global Witness, ONG crítica con la corrupción mundial, a la que acusa de la perpetuidad de la pobreza y la explotación de los recursos del planeta. En este sentido, también merece destacarse el Índice Anti-blanqueo de Basilea, adscrita al Banco Internacional de Pagos (BIS según sus siglas en inglés) y que tiene su sede en esta ciudad suiza. Tayikistán, Mozambique, Afganistán, Laos y Guinea Bissau son sus peor valorados. En un ranking que encabezan Finlandia, Estonia, Lituania, Nueva Zelanda y Macedonia.

Sin embargo, sus ostensibles diferencias en las clasificaciones complican aún más las acciones de castigo. En un momento de ausencia galopante de cualquier intento de gobernanza mundial —el G-20 no ha sido el foro llamado a gestionar la arquitectura económica y financiera global— y de un súbito cambio del orden internacional, que apunta a un incremento gradual de riesgos sistémicos; geoestratégicos y monetarios. Porque de la primera lista de la OCDE, a finales del siglo pasado, desaparecieron de inmediato naciones como Rusia o Israel, mientras los socios del báltico de la UE, por ejemplo, están entre los más encomiables en la lucha contra el blanqueo de la FATF. A pesar de ser el foco de lavado de capitales de multimillonarios rusos.

También se ha reducido considerablemente el listado de paraísos fiscales declarados por la UE. En concreto, hasta sólo 17 enclaves: Samoa y su enclave estadounidense, Bahrain, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. De ella, han desaparecido, por arte de magia, las Islas Caimán y Bermudas, territorios bajo jurisdicción británica. Y sin noticias de Mónaco, Gibraltar, Luxemburgo Liechtenstein o, incluso, Suiza, a la que la propia canciller Angela Merkel señaló como tal cuando se filtraron los beneficiarios de evasiones impositivas a través de profesionales anónimos que operaban en grandes bancos de inversión helvéticos. Europa se ampara en su lista paralela, de territorios con “dudoso hacer” en favor de la transparencia fiscal y que engrosan 47 lugares.

Para Tax Justice, no hay duda de cuáles son las principales jurisdicciones dañinas. Luxemburgo, con más de 3 billones de euros de fondos de dudosa procedencia, de los que casi la mitad —1,4 billones— tienen la coraza de la privacidad identificativa. El segundo en importancia son las Islas Caimán, que ostenta el 6% del total de activos bancarios del planeta. Le siguen la británica Isla de Man, donde no se pagan impuestos de sociedades ni de capitales ni de sucesiones, Jersey, en donde se depositan más de 3 billones de euros por kilómetro cuadrado de extensión territorial e Irlanda, que ha permitido a multinacionales tecnológicas como Apple eludir más de 55.000 millones de euros de obligaciones tributarias. Mauricio, lugar donde las compañías se benefician de extraordinarios créditos fiscales a los negocios; Bermudas, la sede impositiva de Google y Mónaco, que alberga el metro cuadrado de propiedad más caro del mundo—una vivienda de 180 metros cuadrados supera los 1,2 millones de euros— ocupan el sexto, séptimo y octavo peldaño. En una lista que cierran Suiza, el más auténtico destino del capital, con riguroso secreto bancario, y Bahamas, receptora de millonarios fondos de origen anglosajón, especialmente británicos.

Unos 21 billones de los 32 que albergan centros financieros off-shore tienen escala en paraísos fiscales. Tax Justice también resaltan otras latitudes. Como Gibraltar, donde sólo tributas por los primeros 90.000 dólares de ingresos. O las Islas Vírgenes, que no grava ni bases imponibles de personas, ni ganancias de capital, ni herencias ni posee impuesto sobre las ventas (IVA). Tan sólo exige el 15% por Sociedades y el 14% de cotizaciones sociales a trabajadores. O Hong-Kong, que alardea del gancho impositivo que supone para las empresas las amplias deducciones sobre los beneficios y al personal laboral. Pero también estados americanos como Delaware, Nevada o Wyoming, con más que notables ventajas fiscales y leyes de no imposición a franquicias, rentas o a la creación de empresas, por ejemplo.

Indicador de secreto bancario

Precisamente Suiza, EEUU y las Islas Caimán son, para Financial Secrecy Index (FSI), una de las clasificaciones más fiables, porque no sólo manejan indicadores sobre secretos financieros, sino que los computan junto a parámetros como los flujos de capitales que llegan a esos destinos o el peso económico de los territorios que analiza. Es, pues, más que una lista de paraísos fiscales, centros off-shore o países que fomentan el lavado de capitales.

En su diagnóstico del pasado año, el FSI aclara que naciones como EEUU o Alemania, pese a tener una presión fiscal sobre empresas y sujetos individuales por encima de la media mundial, contribuyen a perpetuar el secreto bancario, que Irlanda puede considerarse “el duende económico” de Apple e impide que iniciativas como la denominada Erosión de la Base Imponible (BEPS) de la OCDE puedan tomarse en serio. Porque anualmente se fugan del Tesoro norteamericano 1,6 billones de dólares por la ingeniería fiscal de sus grandes multinacionales; porque Europa permite que Apple, la mayor empresa del planeta por capitalización bursátil, eluda 13.000 millones de euros por las híper-protectoras leyes irlandesas sobre privacidad, o porque la City londinense blanquea más de 130.000 millones de dólares al año, dice Robert Barrington, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Reino Unido.

El FMI ha puesto números al lavado de dinero ilícito de los grandes emporios: 12 billones de euros. Mucho capital oculto que hace que BEPS de la OCDE, creada en 2013 para homogeneizar los criterios sobre tributación global por traslado de beneficios no pase a los anales de la historia como un instrumento eficiente en la lucha contra las elusiones fiscales. Porque no parece fruto de la casualidad que las 500 corporaciones de EEUU mantengan más de 4 billones de dólares de sus beneficios (cantidad similar a la economía alemana) en jurisdicciones de baja tributación.