El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decretado apertura de juicio oral contra la antigua cúpula del grupo pesquero Pescanova y solicita hasta 31 años de cárcel para su expresidente y mayor accionista, Manuel Fernández de Sousa-Faro.

El magistrado, que culmina de esta forma la investigación que inició en el año 2013, atribuye al expresidente y a varios de los integrantes de su directiva delitos continuados de falseamiento de cuentas anuales, información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa e insolvencia punible, entre otros delitos. A Fernández de Sousa y su esposa también les atribuye un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

En un auto fechado el 11 de junio y difundido este jueves, De la Mata ordena sentar en el banquillo a 19 personas físicas, muchos de ellos antiguos directivos de la pesquera o de sus filiales, por penas que oscilan, excluyendo al expresidente, entre un máximo de 13 años y un año y seis meses. También están procesadas 12 personas jurídicas.

Pescanova, el auditor BDO y la sociedad Buena Pesca 97 son considerados responsables civiles subsidiarios. Mapfre, la aseguradora de BDO, deberá prestar una fianza de 36,5 millones de euros, según el auto.

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro. E.P.

El grupo, un extenso holding con más de 40 sociedades participadas, sacudió a los mercados en 2013 cuando se destapó la ocultación de una deuda millonaria a través de una compleja red de sociedades interpuestas, que terminó en un procedimiento de insolvencia y la suspensión de sus gestores.

La empresa fue refundada tras tomar el control la banca acreedora (La Caixa, Sabadell, Banco Popular , Abanca, BBVA, Bankia, Ubi, HSBC y SVP) pasándose a llamar Nueva Pescanova.

La vieja Pescanova, que continúa cotizando en bolsa, ha quedado reducida a una sociedad de cartera cuyo principal activo es su participación en la pesquera, de la que controla un 1,65% tras una ampliación de capital que diluyó su participación.

En un hecho relevante, Pescanova dijo el jueves que recurriría el auto que le reclama 951 millones de euros en concepto de multas que se le podrían imponer o para garantizar la responsabilidad civil.

Pescanova también argumentó que sus asesores legales consideran que en caso de ser condenada, habría que aplicar las quitas correspondientes y los acuerdos por los que se fundó Nueva Pescanova, que, a su juicio, también tendría que hacerse cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia.

No fue posible contactar de forma inmediata con los representantes legales de los acusados.