La inflación se está comiendo en el último año una nómina mensual de los más de diez millones de asalariados que tienen el sueldo congelado: la pérdida de poder adquisitivo que conllevan el alza de los precios y la contención de los salarios equivale para un sueldo medio, que sería de 1.780 euros brutos mensuales según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE (Instituto Nacional de Estadística), a una merma de casi 150 euros mensuales en términos interanuales (-8,3%) y de 96 en los de media (-5,4%), lo que equivale, respectivamente, a 1.794 y 1.153 en doce pagas y a 2.093 y 1.345 en catorce.

Un 8,3 es, casi, la doceava parte de 100, y ese 8,3% de inflación interanual conlleva una merma porcentual de esa misma magnitud para todas las nóminas del país: el ingreso bruto correspondiente a uno de los doce meses se volatiliza en términos de poder adquisitivo como consecuencia del alza de los precios, que reducen el salario real al 91,7% del nominal.

"El salario más común en España, en términos líquidos, son 1.300 euros mensuales, y si al final de año se cumplen las previsiones del Banco de España, que prevé una inflación interanual del 7,5%, y no hay revisión salarial, significaría para esos sueldos una pérdida de poder de compra de alrededor de mil euros. Eso es casi un mes de trabajo que no te sirve para consumir", explica Carlos Martín, director del Gabinete de Estudios de CCOO.

La congelación salarial afecta en España, en plena escalada de precios alentada por el encarecimiento de la energía y por la repercusión del alza de los costes en los precios de venta de los productos que se ha generalizado en los tejidos productivo y comercial, a dos terceras partes de los asalariados, ya que, según indica el último Boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva, hasta marzo solo se habían formalizado convenios con efectos económicos en 2022 para 4,93 millones de trabajadores de los 14,85 dados de alta en la Seguridad Social, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, incluso buena parte de esos casi cinco millones de trabajadores, cuyo "aumento salarial pactado inicial" fue del 2,36%, van a perder poder adquisitivo salvo sorpresa, ya que únicamente el 29,1% de ellos (1,436 millones) dispone de cláusula de garantía salarial que les asegure que van a poder enjugar esa merma de sus salarios reales; los otros 13,42 millones, el 90% del total, no cuenta con ella.

A eso se le suman unas perspectivas generalizadas de mantenimiento de los precios en niveles altos, ya que, en todo caso, las eventuales estabilizaciones del IPC en el entorno del 2% para 2023 a las que aluden muchas previsiones llegarían tras las subidas iniciadas a partir del otoño de 2021, y, paralelamente, un horizonte de congelación salarial tras la ruptura de las negociaciones entre los agentes sociales para cerrar un pacto de rentas a través de un nuevo ANC (Acuerdo de Negociación Colectiva) de ámbito estatal.

Ese desacuerdo traslada la negociación sobre los salarios a los convenios colectivos cuya negociación se encuentra abierta, que son 883 de ámbito sectorial y/o geográfico según el Mapa de la Negociación Colectiva y a los que habría que sumar otros entre 4.000 y 4.500 de empresa, la mayoría de ellas pymes.

El escenario de la negociación colectiva se tensa

Todo apunta a que esas alrededor de 5.000 negociaciones van a ser tensas, vistos los posicionamientos iniciales de los principales interlocutores. Las dos principales patronales del país, CEOE y Cepyme, han transmitido a sus asociados una directriz para "realizar un esfuerzo de moderación salarial para preservar la viabilidad y la competitividad de las empresas" después de haber llegado a admitir subidas del 3,5% en la mesa de la ANC.

Y los sindicatos, que abogaban en esa misma mesa por revisiones salariales indexadas al IPC o salvaguardadas por cláusulas de revisión, opciones que CEOE y Cepyme rechazaban, son conscientes de que las negociaciones, que ya han comenzado en varios sectores y ámbitos, van a ser duras.

"Los salarios deberían recuperar como mínimo lo mismo que el IPC, e incluso recobrar algo de la pérdida de veinte puntos desde 2008. Esto es importante en un país de consumo como España, en el que si falla el consumo se resienten la actividad y el empleo", señala Mariano Hoya, vicesecretario de Política Sindical de UGT, que advierte que "la conflictividad está asegurada mientras las patronales sigan recomendando congelaciones y subidas leves".

"No vamos a aceptar ningún convenio sin cláusula de revisión salarial. Nos parece injustificable e irresponsable esa actitud [de CEOE y Cepyme], que no deja ningún margen de maniobra", anota, al tiempo que pone sobre la mesa uno de los escasos, y también algo contradictorio, puntos de acuerdo en este plano entre sindicatos y patronales: "¿Pero acaso no están pidiendo una indexación de los precios para las empresas que contratan con las administraciones públicas? De hecho, eso lo vamos a pedir juntos".

Los riesgos para la actividad económica

Ese escenario de inflación y de congelación salarial, que se traduce en una reducción de la renta de los hogares y con ella de su capacidad de gasto, ya está dando lugar a una retracción del consumo que amenaza con gripar a medio plazo la economía española y frenar el crecimiento antes de haber recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia.

"El consumo privado es ahora el elemento de mayor riesgo para el crecimiento de la economía española", advierte Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis, que destaca que "se está produciendo una caída del salario real".

"El 60% de la demanda en España viene del consumo, especialmente el de los hogares, que es donde se apoya mayoritariamente el crecimiento del PIB", explica. Y ese factor comienza a flaquear: "El aumento del consumo familiar todavía se mantuvo en el cuarto trimestre del año pasado (+4,2%), pero en el siguiente ya fue menor (+3,1%). Sigue creciendo, pero ya está declinando".

"El consumo de bienes duraderos cayó un 11,3%, y eso es un síntoma de la falta de confianza de las familias", recuerda, por su parte, Martín, que coincide en diagnosticar que "el problema no va a ser la inflación de los precios sino que se estanque el consumo de las familias. La gente está volviendo a ahorrar ante la pérdida del nivel de compra".

"Tenemos precios altos sin que los salarios suban, y eso se va a traducir en una caída del consumo que de hecho ya ha comenzado", apunta, tras la reducción del 3,7% que ese indicador registró "entre el último trimestre del año pasado y el primero de este, algo que nunca había pasado en la serie histórica fuera del estado de alarma por la pandemia".

El cuadro evoca, ahora por la parte privada o por inacción de la pública, los errores que las instituciones cometieron en la crisis posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando la devaluación salarial a base de reformas laborales hundió el consumo y ralentizó la posterior recuperación de la actividad, unos posicionamientos que parecían superados vista la intervención ante la crisis pandémica.

Si se cumplen las previsiones inflacionistas del Banco de España, que pronostica un cierre con el 7,5% interanual este año para bajar al 2% el próximo, quizás "no habrá inflación en 2023, pero la demanda se habrá desinflado y con ella el empleo", alerta Martín, mientras González anota que "sin un mejor reparto de los efectos de la inflación la economía sufrirá".