El Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), más conocido como Tasa Tobin, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad en España, después de que el Gobierno lo remitiera la semana pasada a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley. Según los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda, su entrada en vigor permitirá recaudar en torno a 850 millones de euros anuales, una cifra muy modesta comparada con los 470.000 millones que movió en la Bolsa española a lo largo de 2019.

El ITF recaerá sobre las compraventas de acciones a través de los intermediarios financieros, pero no sobre todas. Quedarán exentas, por ejemplo, las que sean consecuencia de una reestructuración empresarial, las que se lleven a cabo entre sociedades de un mismo grupo, las cesiones de carácter temporal y las salidas a Bolsa.

Tampoco tributarán la toma de deuda pública o privada, ni los productos derivados, es decir, aquellos cuyo valor depende de la evolución del precio de otro activo, denominado subyacente.

La Tasa Tobin será en España del 0,2% del montante de la operación, igual que en Italia y algo por debajo de Francia, donde se sitúa en el 3%. Alemania también está dispuesta a gravar las transacciones financieras y ha lanzado una propuesta para que lo hagan conjuntamente los principales países de la Eurozona. La coordinación supranacional en esta materia es una las principales peticiones de los sectores afectados, a fin de evitar la fuga de capitales hacia donde sean objeto de un tratamiento fiscal más favorable.

El ITF no se aplicará sobre las compraventas de acciones de todas las empresas, sino sólo de aquellas que tengan una capitalización (valor bursátil) superior a los mil millones de euros. Como la capitalización varía cuando lo hace el precio de mercado de las acciones, el número de sociedades afectadas no siempre será el mismo, sobre todo, por la parte baja de la lista. Con los datos correspondientes al cierre de 2019, habría un total de 61, que representan algo más del 90% del volumen total de contratación.

Entre ellas figuran los mayores bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter), las grandes eléctricas (Iberdrola, Naturgy, Endesa), así como Inditex, Telefónica, Aena, Amadeus o Repsol. En la parte baja de la lista, con posibilidades de entrar y salir de ella en función de cuál sea su evolución, se encontraban a 31 de diciembre, por ejemplo, Parques Reunidos, Liberbank o Prisa.

De todas formas, para que los inversores sepan a qué atenerse, el Ministerio de Hacienda tomará como referencia la situación existente a 1 de diciembre de cada año para determinar las empresas sujetas al ITF el año siguiente. La salvedad será 2020, ya que depende de en qué momento reciba la ley el visto bueno definitivo del Parlamento. Además, se ha establecido un periodo de gracia de tres meses a partir de ese momento, para que el mercado tenga tiempo de adaptarse a las exigencias del nuevo impuesto.

La Tasa Tobin, que en su formulación original no tenía una finalidad recaudatoria sino de estabilización de los mercados de divisas, ha sido mal acogida en el sector financiero, desde el que se ha advertido de su impacto en los rendimientos de las inversiones en renta variable. Sin embargo, sólo en 2019 la rentabilidad del Ibex 35 fue del 11,82%, con lo que un gravamen adicional del 0,2%, como el que recoge el proyecto de ITF enviado a las Cortes por el Gobierno, supondría apenas un insignificante arañazo.

Los ingresos obtenidos de la aplicación de la Tasa Tobin irán a parar directamente a la caja de la Seguridad Social, que se utiliza para pagar entre otras cosas las pensiones. Los 850 millones de euros anuales previstos suponen, no obstante, sólo una pequeña parte de los 16.000 millones de déficit que el sistema arrojó en 2019, debido básicamente a que el empleo precario y las bonificaciones a la contratación impiden que las cuotas den para cubrir el creciente gasto en prestaciones.