El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, con el que se establece un nuevo marco para agilizar el cambio de las sedes sociales de las empresas en territorio nacional. En los últimos días, tras el referéndum del 1-O y la eventual declaración unilateral de independencia, muchas empresas catalanas han anunciado el traslado de su domicilio social fuera de la comunidad autónoma.

El ministro de Economía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha señalado que este decreto ley, que tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, ha sido pactado con PSOE y Ciudadanos.

Guindos ha asegurado que esta medida, que entra en vigor este sábado, "responde a la demanda de amplios sectores empresariales" ante las dificultades para operar en Catalunya por el pulso institucional mantenido entre el gobierno y la Generalitat. "La extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa, así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos, ambos preceptos recogidos en la Constitución", señala una nota del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía ha culpado a la "política irresponsable" de la Generalitat de la salida de empresas de la comunidad autónoma. "Esto no es culpa de las empresas", ha añadido, sino de las políticas "que generan incertidumbre, inquietud", que "es lo peor que puede haber en el mundo empresarial", al tiempo que ha apuntado que los responsables de estas decisiones "tendrán que dar explicaciones".

Guindos ha considerado "muy triste que estemos viendo la salida de empresas importantísimas de Catalunya".

El consejo de administración es el que decide

Guindos ha explicado que la norma aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan y se facilitan los trámites, de manera que solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los Estatutos de la sociedad, será el consejo de administración el competente para aprobarlo.

Así, ha explicado que el decreto ley pretende dar plena efectividad al artículo 285 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital mediante una aclaración de su contenido, para así facilitar su aplicación, explica el Ministerio de Economía.

En aquella norma del año 2010 se estableció que cualquier modificación de los estatutos sería competencia de la junta general y que, salvo disposición en contrario de los mismos estatutos, sería el órgano de administración el competente para cambiar el domicilio social dentro del término municipal.

En una norma posterior, de mayo de 2015, se amplió el ámbito de aplicación a todo el territorio nacional y se estableció que "...salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional".

La decisión de este viernes del Consejo de Ministros explicita que la "disposición contraria" existirá solo cuando los estatutos "dispongan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia". De esta forma, se necesitará una mención expresa de los estatutos de la sociedad para que el consejo de administración no sea el competente para decidir el traslado de la sede social de la empresa.

Además, el decreto ley aprobado contiene una disposición transitoria para referirse a los traslados de domicilios de sociedades cuyos estatutos se hubiesen aprobado antes de esta reforma. En este caso, se entenderá que hay "disposición contraria" a los estatutos cuando "con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social".

El decreto facilitará el cambio de sede a compañías como Caixabank, ya que sus estatutos no permiten el cambio de domicilio social solo con un acuerdo del consejo de administración, sino que precisa del visto bueno de los accionistas.

Otras compañías y entidades no obligan en cambio a este requisito, como es el caso de Banco Sabadell, cuyo consejo de administración ha aprobado este mismo jueves en una reunión extraordinaria el traslado del domicilio social de la entidad a Alicante .

Dentro del Ibex 35, empresas como Gas Natural Fenosa, Abertis, Cellnex o Colonial, además de la propia Caixabank, tienen su sede social en Catalunya. Asimismo, otras cotizadas como FCC, Borges o Ercros cuentan con su domilicio social en territorio catalán.

En los últimos días varias empresas han anunciado el traslado de su sede social, como es el caso de Oryzon, que cambia su domicilio social de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid, o de otras empresas como Eurona o Proclinic Expert, así como Dogi. Freixenet ha anunciado su intención si se materializa la declaración unilateral de independencia.

No obstante, las deslocalizaciones se llevan produciendo desde hace varios meses, como en el caso de Naturhouse, Grifols o Derby Hotels.