Un listado de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica en territorio valenciano desde 1996 hasta 2015. La demanda es clara y la firma la Generalitat Valenciana. A través de una carta dirigida a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encuadrada en el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Transparencia del Gobierno valenciano solicita una relación de los bienes inmuebles y patrimonio histórico del que se hayan podido apropiar las instituciones eclesiásticas.

En la misiva, el departamento dirigido por la consellera Rosa Pérez Garijo advierte que "durante el período democrático entre 1996 y 2015 el patrimonio público de la Comunitat Valenciana ha podido verse afectado bajo preceptos presumiblemente inconstitucionales, privando a las valencianas y valencianos de su uso, y en su caso, de la rentabilidad patrimonial que pudiera derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas".

"Es totalmente inexplicable que esto haya podido pasar y es fruto de la situación privilegiada que ha vivido la institución eclesiástica en este país; aún nos falta mucho para ser una democracia", declara para este artículo Pérez Garijo. La consellera espera cuanto antes una respuesta por parte del Ministerio con el propósito de poder determinar posibles apropiaciones ilegítimas y retornar estos bienes a su propiedad original.

"Deberíamos ver los casos que afectan a los ayuntamientos para que las administraciones locales pudieran emprender también las acciones que consideraran necesarias. En el caso de las propiedades autonómicas, nos pondremos en contacto con la Abogacía de la Generalitat para abordar una hoja de ruta que marque acciones legales con el objetivo de recuperar esos bienes", detalla la consellera.

La opacidad como constante

"En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad". Son palabras del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pronunciadas durante el debate de investidura celebrado a principios de año en el Congreso. El entonces candidato anunció modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes que hubieran sido inscritos indebidamente por la Iglesia en el registro de la propiedad.

Sin embargo, a día de hoy, su Gobierno sigue sin hacer público ningún inventario y ni tan siquiera ofrece argumentos sobre esta elisión. El senador por Compromís, Carles Mulet, ya recibió en marzo una respuesta del todo opaca por parte del Gobierno ante la solicitud de información relativa a los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, que el Colegio de Registradores sitúa en un total de 34.984 fincas. En aquella ocasión, el Ejecutivo negaba el listado y ponía en duda la titularidad de los bienes declarando que las inscripciones eclesiales "no constituyen el título de adquisición de propiedad".

Las respuestas esquivas del Gobierno también han sido denunciadas en varias ocasiones por la coordinadora Recuperando, formada por una veintena de colectivos ciudadanos. Desde febrero de 2017, momento en el que este colectivo solicitó en sede parlamentaria el listado y se aprobó una proposición no de ley para reclamar el inventario, las voces que acusan de incumplimiento al Ejecutivo no han dejado de aumentar. Según las últimas informaciones, el Gobierno podría abordar el tema de las inmatriculaciones y la fiscalidad de la Iglesia a partir de septiembre, en el marco de varias comisiones técnicas entre Ejecutivo y Conferencia Episcopal Española.

Cortar de raíz

Tal y como formula la reciente carta del Gobierno valenciano, "el fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de dominio alguno, mediante un procedimiento de auto-certificación".

En el mismo documento, la Conselleria de Transparencia califica de "indefendible" las reformas de la norma franquista realizadas en el marco constitucional, aludiendo a la extensión de este derecho a los templos de culto que el ejecutivo de José María Aznar fijó en la modificación normativa de la Ley Hipotecaria y de su Reglamento operada por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre y por el Real Decreto 1867/1998, de 29 de septiembre.

"Esta posibilidad de auto-certificarse a los efectos de la inmatriculación facilitada por el Gobierno en 1996 no se impide hasta la aprobación de la Ley de 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho público la facultad de auto-certificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles", recuerda la misiva.

Consultados para el artículo, desde València Laica valoran positivamente la "búsqueda de transparencia" que ven en la acción del gobierno autonómico. Sin embargo, demandan mayor "voluntad política" general para abordar una actuación política que corte de raíz todas las inmatriculaciones de catedrales, ermitas, plazas o fuentes producidas mediante el privilegio legal. Advierten que llevar a cabo las reclamaciones judiciales a la Iglesia de todas y cada una de las propiedades, una a una, se revelaría complicado.

Asimismo, València Laica pone el acento en una reforma de la ley de patrimonio para afectar los bienes históricos artísticos de índole religiosa al patrimonio estatal y al pleno dominio de las Administraciones Públicas, independientemente que puedan tener uso litúrgico o no.