El anuncio de Ferrovial, una de las mayores constructoras españolas, de que abandona España y traslada su sede a Países Bajos, donde pagará menos impuestos, ha provocado una auténtica polvareda política y económica. El Gobierno, muy molesto con la multinacional, ha salido en tromba a criticar la decisión, que considera "inaceptable". Hasta cuatro ministros ya se han manifestado sobre esta posible operación y todos han pedido a la empresa más compromiso con España.

Desde el Ejecutivo recuerdan que Ferrovial es una empresa familiar que ha crecido "al albur" de los contratos públicos y que buena parte de su negocio se debe a ellos.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, ha sido la más tajante en sus críticas y ha tildado de "error" la marcha de Ferrovial. "No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y la imagen de nuestro país", ha dicho Calviño.

Calviño ha expresado a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, el "rechazo" del Gobierno. Tan molesto está el Ejecutivo, que desde el Ministerio de Economía se recuerda que Ferrovial "le debe todo a España porque empresas como Ferrovial han crecido y se han desarrollado gracias a la contribución del sector público y de todos los ciudadanos españoles".

La vicepresidenta económica ha defendido que la decisión "no tiene nada que ver con el Gobierno", ya que la propia empresa ha aludido a cuestiones relacionadas con la cotización internacional de sus acciones, aunque el "gesto con respecto a España es rechazable", ha añadido Calviño.

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que esta empresa tenía más de un 80% de su actividad fuera de España, por lo que ya no tributaba por estos beneficios en el país. La parte correspondiente a la actividad nacional seguirá tributando de igual forma en España.

El único ahorro del que podrá disfrutar Ferrovial está relacionado con los dividendos que recibe de sus filiales, que alcanzará los 40 millones de euros anuales, aunque solo el coste de llevar a cabo la operación será de unos 20 millones de euros.

También ha hablado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, quien ha afeado que Ferrovial diga "sin rubor" que se va de España. "Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública. Le pido compromiso con nuestro país, con España", ha subrayado Díaz en declaraciones a los medios este miércoles.

Más contemporizador se ha mostrado Luis Planas, ministro de Agricultura. Planas ha destacado que Ferrovial es un "gran grupo económico" del que el Ejecutivo se "siente orgulloso", pero al mismo tiempo ha pedido a la empresa que "aclare su continuidad" y dé las explicaciones correspondientes.

El PP, por contra, en boca de su secretaria general, Cuca Gamarra, ha relacionado la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos con el "vapuleo" que a su juicio ejerce el Gobierno contra las empresas españolas, a las que ha pedido respetar. Gamarra se mostró comprensiva este miércoles con los argumentos esgrimidos por la constructora de que lo hace por "seguridad jurídica".