El Gobierno se ha comprometido este martes con patronal y sindicatos a convocar este mes la mesa de diálogo social para una negociación que tendrá como prioridades devolver la prevalencia al convenio sectorial y limitar la subcontratación, lo que supone revertir medidas de la reforma laboral del PP de 2012.

Además, se reformará la formación profesional para el empleo, se estudiará adaptar las jornadas de trabajo como alternativa al despido y se fomentarán las políticas de igualdad, al tiempo que se revisará el contrato en prácticas y se promocionará el contrato relevo, ha informado Presidencia del Gobierno tras la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con los máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha añadido por la tarde durante su primera comparecencia en el Congreso que también se endurecerán los "descuelgues" o inaplicaciones de convenio colectivo para que vuelva a ser un mecanismo excepcional, al tiempo que se recuperará la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia, cuestiones que también se facilitaron con la reforma del PP.

La reactivación de la mesa de diálogo social vendrá acompañada de la puesta en marcha de diferentes grupos de trabajo, entre los que habrá uno específico en materia de pensiones para hablar de medidas que garanticen la sostenibilidad social y económica del sistema público y su equilibrio financiero.

Revisión del Estatuto de los Trabajadores

También a más largo plazo se pretende revisar en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, para convertirlo en una norma del siglo XXI y que deje de ser "un puro catálogo de poderes empresariales", ha afirmado Valerio.

Asimismo, se reforzarán las labores de la Inspección de Trabajo para combatir las malas prácticas laborales alrededor de la figura del falso autónomo y los abusos de la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial no voluntaria, que además encubre jornadas a tiempo completo.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han mostrado dispuestos a hablar de pensiones y de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero han reclamado que se tomen medidas de choque de forma inmediata para poner coto a la subcontratación y a la temporalidad y para poder aplicar el acuerdo salarial a las subcontratas del sector público.

Acabar con la subcontratación

Para los sindicatos es urgente acabar con la subcontratación que supone una competencia desleal por parte de empresas con un modelo de bajos salarios, a lo que suman la necesidad de derogar la prevalencia del contrato de empresa.

A ello han añadido la necesidad de cambiar cuanto antes la ley de desindexación que limita las subidas salariales de los trabajadores subcontratados por las Administraciones Públicas a las establecidas en los presupuestos para el sector público.

De lo contrario, a estos trabajadores de empresas subcontratadas por el sector público no se les podría aplicar la subida del 2 % más el 1 % variable pactada con la patronal para el periodo 2018-2020, además de la elevación progresiva a 14.000 euros del salario mínimo en convenio colectivo.

En opinión de Sordo estos elementos podrían contar con un amplio consenso político y se podrían plasmar en la proposición de ley del PSOE sobre subcontratación que ya se está tramitando en el Congreso y que podría agilizarse a partir de septiembre para quedar aprobada a final de año.

La patronal ha mostrado su deseo de que las negociaciones se aceleren y se pueda llegar a acuerdos en asuntos como la formación, los tipos de contratos o el fomento de la reducción de jornada en momentos de crisis.

Los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, no han profundizado más en la próxima negociación que se va a abrir con el Gobierno, pero han aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión de hoy para lanzar el mensaje de que la subida del impuesto de sociedades podría poner en peligro la subida salarial pactada con los sindicatos.

Garamendi ha asegurado que las empresas "quieren cumplir con el tema de los salarios", pero ha añadido que "un incremento de costes puede hacer fracasar" la subida pactada, porque "son vasos comunicantes".

Por ello, las patronales han pedido que se estudie previamente el impacto que el incremento de la presión fiscal puede tener sobre los costes empresariales. Los sindicatos, que han comparecido después, han mostrado su sorpresa por un argumento que la patronal no les ha trasladado y han subrayado que el acuerdo hay que cumplirlo.