Los procesos de acumulación de la riqueza parecen haberse consolidado en España, donde se mantuvieron con una intensidad como poco sorprendente en el primer año de la pandemia, el 2020, cuando, entre confinamientos y parones de la actividad para hacer frente a la crisis sanitaria, y mientras el Estado lanzaba una descomunal movilización de recursos públicos que actuó como un sistema de respiración asistida para el tejido productivo micro y pyme y las rentas familiares a base de ERTE y de avales, el PIB acabó cayendo un 10%, en el mayor pinchazo sufrido por la economía local desde la guerra civil, superior en intensidad, incluso, al acumulado entre 2009 y 2013 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de la deuda soberana.

Ese año, según los datos de la Estadística de los Declarantes del Impuesto de Patrimonio que este lunes ha difundido la Agencia Tributaria, la nómina de los 'superricos' españoles, que es el grupo de quienes poseen fortunas superiores a los seis millones de euros, es decir, los poseedores de más de mil millones de las antiguas pesetas, pasaron de los 7.900 de 2019 a 8.195, un aumento de 295 contribuyentes en el nivel más alto de la tabla en el que 272 pasaron a declarar fortunas superiores a los seis millones de euros y otros 23 riquezas por valor de más de treinta, que serían 5.000 millones de las extintas pesetas.

Los resultados de 2020 cierran una década marcada por un vertiginoso proceso de acumulación de la riqueza en el que, tras la recuperación de este tributo después de su suspensión en 2007, el número de quienes poseen mas de seis millones de euros ha aumentado un 75% al pasar de los 4.265 de 2011 a los 7.471 actuales y el de quienes superan los treinta se ha duplicado con creces al alcanzar los 724 tras comenzar el periodo con 352.

Solo en cuatro años, desde 2016, esas fortunas han pasado de sumar 190.922 millones de euros a acumular 244.566, un avance de 61.506 en el que la nómina de los poseedores ha crecido en 1.563: los nuevos salen a algo más de 39 por cabeza en todo el periodo y a casi 10 (9,8) por ejercicio y los veteranos a 7,5 y 1,87, un volumen (y un ritmo) de acumulación de excedentes de renta que se enmarca en un cuatrienio en el que el porcentaje de ciudadanos que subsiste por debajo del umbral de la pobreza en esa situación.

El gripado de los sistemas de redistribución de la renta y la riqueza

El cruce de los datos de la Agencia Tributaria con los de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), que aporta otros como el hecho de que uno de cada siete ocupados o uno de cada ocho jubilados vivan por debajo del umbral de la pobreza, sugiere la hipótesis de que los mecanismos de redistribución de la renta y la riqueza no acaben de andar todo lo finos que podría ser deseable en España.

Solo en el 2020, las fortunas de esos 'superricos' aumentaron en su conjunto en 10.895 millones, una cifra netamente inferior a la de 2019, cuando su mejora se acercó a los 30.000, aunque claramente superior a la de 2018, cuando se quedó en 1.619 y alineada con la de 2017, cuando, en plena fase de recuperación macroeconómica de los pinchazos de 2009 y 2011, alcanzó los 11.220. 

El grueso de ese avance se localiza en el flanco financiero, en el que, por otro lado, se concentra el 60% del valor de esas fortunas, y en el que en 2020 se dieron tendencias dispares como unas pérdidas en valores bursátiles de casi el 3% que superaron con holgura los 2.000 y la salida de sus cuentas bancarias de 530 millones de euros pero, al mismo tiempo, un aumento de 479 en las ganancias con y las aportaciones a las sicav, las entidades de inversión colectiva que en la práctica seguían actuando en esa época como paraísos fiscales a la carta por su baja tributación, y un incremento de 11.654 en acciones y participaciones en empresas, aunque con una particularidad generalizada.

El 93% de ellas, por valor de 10.844 millones, pasaron a engrosar el epígrafe de las exentas de tributar en el Impuesto de Patrimonio, que suman un total de 95.906, por corresponder a sociedades que, cuando menos sobre el papel y en todo caso sin incluir a las instrumentales que se dedican a la tenencia de inmuebles, forman parte de grupos familiares o el afectado posee más del 5% del capital y ejerce funciones directivas.

Comprar coches y aviones de lujo con la movilidad restringida

Al mismo tiempo, llama la atención la magnitud de las operaciones económicas que los 'superricos' desplegaron durante el primer año de la pandemia en otros dos ámbitos: el inmobiliario y el del lujo, al que la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio se refiere como bienes suntuarios.

Las inversiones en el apartado del ladrillo rondaron los 800 millones de euros, nueve de cada diez de ellos (710) para adquirir inmuebles urbanos por los que sí tendrán que tributar y cuya cartera conjunta alcanza ya los 14.115 millones de euros.

Los bienes suntuarios también se revelaron como uno de los principales refugios para colocar dinero en metálico, vistas las adquisiciones por un saldo final de 109 millones de euros en arte y antigüedades, al que dedicaron 42, y en joyas, artículos elaborados con pieles de animal y, pese a las restricciones a la movilidad, coches, barcos y aviones de lujo.

La leve presión fiscal del 0,16% en el Impuesto sobre el Patrimonio

En cualquier caso, la presión fiscal del Impuesto de Patrimonio sobre las fortunas es liviana. De hecho, en la práctica y en lo que se refiere a las exenciones resulta más ligera cuanto mayor es la riqueza, ya que las del conjunto del sistema, en el que según la comunidad autónoma no está obligado a pagar quien no supere una horquilla de 300.000 a 500.000 euros, alcanzan al 42,8% de las propiedades y bienes, mientras que ese beneficio llega al 43,7% en las carteras de los 'superricos'.

Al final, son menos de la mitad de los más ricos del país los que acaban pagando el Impuesto de Patrimonio, 4.003 de 8.195 en 2020, lo que supone que a algo más del 51% le salió gratis. Solo pagaron 250 de los 724 contribuyentes que declaran una fortuna superior a 30 millones y 3.753 de los 7.471 que declaran entre seis y treinta. 

Los primeros liquidaron como cuota final un total de 130,3 millones de euros y los segundos otros 275. Esos 405,36 millones de euros sitúan en el 0,16% la presión fiscal que les ocasiona este tributo, ligeramente superior a la del 0,156% del conjunto de los declarantes.

El motivo principal se encuentra en que, además de las magras exenciones que contemplan las distintas normativas, los gobiernos autonómicos aplican una serie de bonificaciones sobre la cuota que finalmente saldría a pagar y que reducen casi a la mitad la recaudación del tributo. Se queda en 1.203 tras restarle por esa vía 1.001; el 99% de esa última cantidad, 992 millones de euros, la bonifica la Comunidad de Madrid.