Florentino Pérez ya ha cobrado la indemnización por el cierre de Castor

Escal UGS, la sociedad participada en el 66,6% por ACS, ha cobrado ya la indemnización por el cierre del almacén submarino de gas Castor. Segun fuentes financieras el sindicato de bancos que instrumenta la operación de indemnización ya ha ejecutado el pago de los 1.350 millones de compensación fijados por el Consejo de Ministros para la sociedad participada por la empresa que preside Florentino Pérez.

Escal presentó su renuncia el pasado verano a la concesión del almacén y hace poco más de un mes se aprobó el real decreto ley 13/2014 que le garantiza una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la hibernación de las instalaciones indefinidamente. Este importe debía ser abonado en un solo pago en el plazo de 35 días hábiles desde la publicación del real decreto. El plazo vencía mañana 14 de noviembre.

El importe de la indemnización será financiado ahora por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. Los pagos comenzarán a realizarse en 2016 a razón de unos 100 millones de euros al año. El Gobierno, que intentó a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo de 2008 que concedía a Escal UGS el derecho a esta indemnización, sostiene que este coste de 100 millones anuales por una instalación que quedará hibernada será, al menos, inferior a los 210 millones previstos inicialmente, con el complejo en operación.

El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.Manifiesto contra la indemnización

Varias entidades, como la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, así como el partido Equo, han firmado un manifiesto en el que urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos para que un mínimo de 50 diputados o senadores impugnen el real decreto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015. Estas  organizaciones hacen un llamamiento para que la ciudadanía no pague la deuda del proyecto y para que las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas, aseguran, que el real decreto imposibilita.

Las organizaciones firmantes apoyan la hipótesis de que, en la práctica, la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando en la factura del gas.