Las empresas y las familias españolas se han ahorrado 721 millones de euros en sus facturas de la luz de octubre a marzo con la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, ordenado por el Gobierno el pasado 5 de octubre mediante un decreto en el que también eliminaba el ‘impuesto al sol’ y establecía el bono social térmico.

La medida, convalidada por el Congreso dos semanas después, fue una de las primeras de los llamados ‘viernes sociales‘, como se conoció a las baterías de medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Consejo de Ministros tras otro hasta las elecciones generales del 28 de abril.

Incluyeron, entre críticas de PP y C’s, iniciativas como ampliar los permisos de paternidad, recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, instaurar el registro de la jornada en las centros de trabajo o nuevas normas sobre alquiler de vivienda.

Un impuesto indirecto disfrazado de eficiencia y ecología

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy y avalado por la mayoría absoluta del PP en 2012 a través de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, supuso a partir de ese año un encarecimiento del 7% en el recibo de la luz de familias y empresas. 

Fue presentado como una herramienta para “la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica y del almacenamiento del combustible nuclear gastado” con el fin de “mejorar nuestros niveles de eficiencia energética” y de “asegurar una mejor gestión de los recursos naturales”.

Sin embargo, tanto los consumidores como la oposición, e incluso las propias compañías eléctricas siempre lo entendieron como un impuesto indirecto, uno de esos tributos que se aplica sin criterios de progresividad y que, en este caso, además, afecta a un bien o servicio de primera necesidad como el suministro de electricidad.

Los argumentos para la suspensión refuerzan esa tesis al afirmar que su objetivo principal consiste en “moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad”, en este caso durante “los meses de mayor demanda y mayores precios en los mercados mayoristas de electricidad”.

“El efecto conjunto de la supresión del impuesto en los trimestres afectados por la norma (cuarto de 2018 y primero de 2019) se cifra en 721 millones” de euros, señala el último Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria, referente al mes de mayo, en el que las eléctricas ingresan tradicionalmente la primera remesa facturada a sus clientes.

Las térmicas queman más gas y menos carbón

Ese mismo documento recoge un beneficio ambiental provocado por otra de las medidas principales del decreto que eliminó el ‘impuesto al sol’, que en este caso también borra otra introducida por el PP en 2012 al recuperar la exención del Impuesto e Hidrocarburos para el gas natural, el fuelóleo y los gasóleos que se utilizan en la producción de electricidad en centrales térmicas y de ciclo combinado, que dejó de aplicarse a partir de esa fecha.

La Agencia Tributaria destaca que “la exención ha provocado un aumento en la utilización del gas natural (ahora más barato) y un descenso de la utilización del carbón (que mantiene su impuesto) para los mismos fines, reordenación que no habría tenido lugar sin el cambio normativo”; es decir, que la política tributaria ha impulsado un cambio en el balance de combustibles en detrimento del segundo, cuya quema es el principal factor generador de emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico.

El informe cifra en 52 millones “la estimación de este impacto” en términos de merma de ingresos tributarios, a los que se añaden otros 26 en el impuesto del Carbón por su menor uso.

El Gobierno pretendía que la exención tuviera también un impacto beneficioso en los recibos de la luz de familias y empresas al “eliminar el efecto multiplicador de estos impuestos sobre los precios del mercado mayorista con carácter permanente”; es decir, al abaratar el coste de producción de la electricidad cuando, como consecuencia del peculiar sistema español de fijación de precios por subasta, las centrales de ciclo combinado entran a apoyar a las centrales nucleares y térmicas y a los parques de renovables.

Eso debía ocurrir con “un impacto tanto mayor cuanto mayor sea el comportamiento marginal del gas natural en dicho mercado”, señalaba el decreto. Sin embargo, ese efecto todavía no ha empezado a darse. De hecho, el impuesto general sobre la electricidad “acumula un crecimiento del 3,7% que se explica, fundamentalmente, por el aumento de los precios”, añade el informe.