@marcfontribas

BARCELONA.- Por 1.300 euros puedes abrir una sociedad anónima en Panamá, con servicios como notaría, tasa anual, impuesto de registro o tasa sobre el capital incluidos. Por el mismo precio puedes decantarte por las islas Seychelles. Por 50 euros menos, puedes establecerla en Belice. Y si quieres que se ubique en Estados Unidos puedes optar por Delaware por 1.480 euros o por Wyoming por 1.680. Encontrar ofertas como esta, y hay por precios más bajos, no es nada difícil. Sólo hay que hacer una consulta rápida en la red. Las tarifas citadas, por ejemplo, corresponden a Paraisosfiscales.org, un portal que depende de la sociedad panameña OPM Corporation y el bufete jurídico Caporaso & Partners.

Su nombre es bastante explícito y no oculta el tipo de servicio que ofrece: "operando desde un paraíso fiscal, con los bancos offshore y cuentas bancarias offshore, es posible administrar actividades mediante una sociedad offshore para pagar menos impuestos y en la mayoría de los casos cero impuestos". La compañía tiene un teléfono barcelonés, básicamente para atender a los clientes de España, pero su máximo responsable, el abogado Giovanni Caporasso, aclara a Públic que no cuentan con ningún despacho físico en la capital catalana y que operan desde Panamá.

La llamada planificación fiscal agresiva, una actividad en la que participan bancos, bufetes de abogados, asesorías fiscales y grandes consultorías, suele ser legal, siempre y cuando se declaren los fondos. Básicamente lo que se trata es de exprimir la legalidad para encontrar los resquicios que permitan reducir la factura fiscal. ¿Quién gana? Obviamente las empresas -o los particulares- que recurren a ello. ¿Quién pierde? Las administraciones públicas, que ven caer su recaudación tributaria.

En los últimos años la retahíla de escándalos vinculados a la ingeniería fiscal agresiva, protagonizados fundamentalmente por grandes multinacionales, ha sido constante. Los de Inditex -la matriz de Zara, entre otros-, que se ahorró el pago de casi 600 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2014-; y el de la estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, son los más recientes. La lista es muy larga y se incluirán casos como los llamados Papeles de Panamá o el Luxleaks. Todo ello se ha traducido en una mayor conciencia ciudadana sobre los perjuicios que causan estas prácticas y en una mayor demanda para impedirlas, o al menos limitar las, por parte de plataformas, organizaciones o partidos políticos.

¿Cómo funciona el sistema?

Detrás de las grandes empresas o millonarios que optan por destinar parte de sus ganancias a paraísos fiscales para pagar menos a Hacienda están los llamados "facilitadores", es decir los bancos, bufetes y asesores especializados encargados de diseñar la estructura societaria que lo hace posible. Es lo que hace, por ejemplo, Paraisosfiscales.org y el célebre bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los Papeles de Panamá. Pero cómo funciona este sistema? Lo resume Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal a Oxfam Intermón: "Normalmente el proceso arranca con un banco, que al fin y al cabo será el encargado de realizar las transferencias. Pon el cliente en contacto con un bufete de abogados o un asesor fiscal que crea todo el entramado. en algunos casos no sólo crea la sociedad por ejemplo en las Bahamas, sino que también te puede facilitar el nombre de testaferros que aparecen en la sociedad pantalla. al fin y al cabo, los facilitadores lo hacen es explorar los huecos y buscar los agujeros en las diversas legislaciones para encontrar el tratamiento fiscal más favorable ". Sobre la intención final, Ruiz lo tiene claro: "cuando creas una compañías con un montón de empresas pantalla, lógicamente el objetivo es ocultar los beneficios a Hacienda".

"Lo que hacen los facilitadores es explorar los vacíos y buscar los agujeros en las diferentes legislaciones para encontrar el tratamiento fiscal más favorable"

Cécile Barbeito, activista de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, añade que los "bancos son el brazo ejecutor" de un proceso en el que las asesorías y los bufetes especializados "dominan la información en cada contexto, conocen las ventajas [fiscales] de cada país y ayudan a las empresas a eludir ". Montse Segú, analista financiera y miembro de la misma plataforma, lo remata explicando que "los bancos y las asesorías y bufetes especializados colaboran muy estrechamente, porque al fin y al cabo el cliente necesita un servicio integral. El valor añadido que ofrecen es evidentemente ahorrar impuestos y aunque crear estructuras fiscales [en paraísos] es caro, porque normalmente implica constituir varias sociedades, a los clientes les compensa con creces con lo que dejan de pagar a Hacienda".

Giovanni Caporasso, en respuesta por correo electrónico a un cuestionario de Públic, detalla que los clientes estatales de Paraisosfiscales.org contratan "residencias en países de baja imposición fiscal, sociedades offshore [literalmente "fuera de la costa", pero también llamadas sociedades deslocalizadas, porque son empresas creadas en centros financieros poco transparentes y de baja imposición] y cuentas bancarias en el exterior. Muchos nos contratan porque les diseñamos un esquema de protección para sus ahorros o para transferir dinero al exterior ". Sus clientes, sin embargo, no suelen ser grandes transnacionales, que ya tienen personal interno especializado en ingeniería fiscal, sino "pymes y particulares que no aguantan la presión fiscal. Nos solicitan consultoría para transferir al exterior y crear nuevas empresas con una tasación baja. Otros nos piden estructuras para proteger sus ahorros y poder vivir con ellos".

Nummaria o Pretus -implicado en los Papeles de Panamá- o el asesor fiscal Andrés Guillamot, condenado a dos años de prisión por ayudar a su cliente a esconder los beneficios en los Países Bajos, son ejemplos de facilitadores que han diseñado estructuras para defraudar.

Una páctica muy común

El impacto de los paraísos fiscales no es ni mucho menos anecdótico y aunque, obviamente, no hay datos oficiales sobre el volumen de dinero que esconden, el economista francés Gabriel Zucman -autor de La riqueza oculta de las naciones , una de las obras de referencia sobre el tema- estima que contienen al menos 5,8 billones de euros en capitales ocultos. La plataforma Tax Justice Networks, en cambio, habla de 30 billones de dólares acumulados en jurisdicciones offshore [obviamente no todos los fondos depositados en paraísos fiscales deben ser opacos y pueden estar declarados]. En España, todas las empresas del Ibex 35 cuentan con filiales en paraísos fiscales, según el informe de Oxfam Intermón ¿Beneficios para quién? Los paraísos fiscales como principal amenaza para una fiscalidad justa. En concreto, a finales de 2014 las 35 compañías del selectivo sumaban 891 subsidiarias en territorios de baja tributación -un 10% más que el año anterior-, con el Banco Santander (235) y la constructora ACS (113) como máximos exponentes .

La ONG, que anualmente publica varios informes sobre la cuestión, denuncia que el "crecimiento de esta economía offshore [en los últimos 15 años la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro], fundamentada en un entramado de paraísos fiscales que acaban distorsionando y alterando el funcionamiento de la economía global, supone un desvío de recursos imprescindible para garantizar el estado del bienestar ". La secuencia, detalla Oxfam Intermón, es la siguiente: "una empresa español envía de viaje sus dividendos y plusvalías a un paraíso fiscal camuflada como inversión. Allí estas cantidades se declaran, pero no se paga impuestos por ellas. Finalmente, retornan a España, donde gracias a una nueva exención no es necesario que tengan que tributar".

Una imagen de Andorra.

"Es importante tener claro que los paraísos fiscales los tenemos muy cerca y están al alcance de una empresa media", recalca Cécile Barbeito, de Fiscalidad Justa. Andorra es el caso más evidente con relación a Catalunya, pero sin salir de la UE hay otros territorios con características comparables a los paraísos fiscales como Gibraltar, pero también estados como los Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo. En cuanto a Andorra, a raíz de la firma del convenio de no doble imposición (CDI) entre el Estado español y el Principat -que evita que las empresas españolas que prestan servicios en Andorra tengan que pagar impuestos en el país pirenaico y al mismo tiempo también al Estado español y exactamente lo mismo con las compañías andorranas que operen en España-, durante los años 2014 y 2015 proliferaron las presentaciones para vender las ventajas de operar desde Andorra.

Públic ha tenido acceso al material elaborado por grandes bufetes en algunas de estas presentaciones. El denominador común de todas ellas es recalcar la "competitividad" fiscal de establecerse en Andorra y los beneficios de crear allí estructuras para poner en marcha la "planificación fiscal corporativa", que básicamente permite "minimizar la tributación en el país extranjero y minimizar la tributación en España ". Garrigues, Uría Menéndez, Durán Sindreu o Cuatrecasas, Gonçalves Pereira son cuatro ejemplos de grandes despachos que han llevado a cabo presentaciones de este tipo, a menudo en colaboración con alguna entidad financiera o con el mismo gobierno andorrano. Por ejemplo, Garrigues asesoró al ejecutivo del Principat en las negociaciones por el convenio de no doble imposición y fue uno de los ponentes en la jornada Inversión y negocios en Andorra, que en septiembre de 2015 se hizo en el Casino de Madrid y en el que participaron los ejecutivos de los dos estados. Cuatrecasas hizo una presentación en mayo de 2015, que fue patrocinada por la Banca Mora, una de las entidades financieras andorranas. El vínculo, por lo tanto, es muy estrecho.

Alternativas para plantar cara

"La planificación fiscal agresiva es legal, pero no es justa ni ética", subraya Montse Segú, de la Plataforma para una Fiscalidad Justa. ¿Pero qué se está haciendo para combatir más allá de las grandes declaraciones? El comisario europeo de Fiscalidad, Pierre Moscovici, ha manifestado recientemente la voluntad de incrementar la regulación de los asesores fiscales, para evitar que fomenten la evasión o elusión fiscal entre sus clientes. La Comisión Europea inició el pasado noviembre una consulta pública para recoger opiniones sobre si, precisamente, es necesaria una acción a nivel comunitario "para introducir medidas más efectivas para desincentivar a los intermediarios involucrados en operaciones que facilitan la evasión o la elusión fiscal". La consulta estará abierta hasta el 16 de febrero y servirá para decidir si se establecen normas vinculantes. La iniciativa sigue el camino de las recomendaciones del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , que plantea que los asesores delaten a los clientes que quieran poner en marcha operaciones que faciliten el fraude y la evasión fiscal.

Uno de los grandes problemas, sin embargo, es la definición de paraísos fiscales. No hay una lista única y, por ejemplo, la OCDE actualmente sólo da esta consideración a dos territorios: los microestados oceánicos de Nauru y Niue. El Estado español amplía la lista a 33, entre los que se encuentran Macao, Gibraltar, las islas Cook, las Bermudas o Mónaco. Las organizaciones que trabajan más activamente para denunciar los perjuicios que provocan estos territorios tienen criterios mucho más restrictivos y, por ejemplo, para Oxfam Intermón un paraíso fiscal es un territorio con "baja o nula tributación", con "ventajas fiscales para los no residentes , sin necesidad de justificar una actividad económica sustancial y real ", que manifiesta una" falta de cooperación con otras administraciones tributarias "y con un marco legal que" permite la no identificación de las entidades registradas ni de sus titulares o propietarios de los activos ".

Sin ir más lejos, la semana pasada la ONG presentó un informe en el que señalaba los 15 paraísos fiscales más "agresivos" del mundo. Cuatro forman parte de la UE: los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Chipre. También hay otros territorios europeos, como Suiza. A partir de aquí, parece complicado que estos estados acepten cambios sustanciales en la legislación comunitaria que ataque de raíz el problema.

"Se crean listas de paraísos fiscales con criterios tan insuficientes que no sirven para llevar a cabo un control efectivo"

Para Susana Ruiz, responsable de Fiscalidad de Oxfam Intermón, directamente "la UE no aplica  medidas suficientes para frenarlo". La experta apuesta por "revisar la definición de lo que es un paraíso fiscal" y destaca que España sólo tiene en cuenta "el criterio de transparencia, es decir, que se compromete a intercambiar información, pero no se tienen en cuenta otros, como que si un país tiene un impuesto de sociedades muy bajo o, directamente, del 0%, automáticamente se le debería considerar paraíso fiscal ". "Se crean listas de paraísos fiscales con criterios tan insuficientes que no sirven para llevar a cabo un control efectivo", denuncia. Ruiz también apuesta por revisar el modelo de fiscalidad empresarial, para que haya más transparencia y se garantice la posibilidad de saber cuánto pagan las empresas en impuestos y, sobre todo, saber dónde pagan, además de conocer con exactitud quienes son realmente los dueños.

La ONG reclama al Gobierno español una "ley contra la evasión y la elusión fiscal que contribuya a cerrar todas las rendijas de la elusión fiscal y combata el secretismo financiero", además de exigirle "apoyar la creación de un organismo fiscal mundial que represente a todos los países y que controle que las grandes corporaciones pagan lo que les corresponde y donde les corresponde ". Además, en colaboración con la Plataforma para una Fiscalidad Justa, también se ha puesto en marcha la campaña "zonas libres de paraísos fiscales", para que las instituciones públicas incorporen en sus políticas públicas de contratación criterios que incentiven un "comportamiento fiscal responsable".

De momento, se han sumado 21 municipios, 19 de Catalunya -el más importante, Barcelona-, aparte de Palma y Castelló. En la ley de acompañamiento de los presupuestos, la Generalitat también pretende introducir el mismo criterio, y que se evite la contratación de sociedades con filiales en paraísos. ¿Problema? En todos los casos la clave se encuentra en saber qué se entiende por paraíso fiscal y en principio se tendrá en cuenta la lista que elabore la UE, en la que evidentemente no aparecen territorios como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda.

Batala desigual

Los escándalos de los últimos tiempos aumentan la demanda de medidas realmente eficaces para combatir contra los paraísos fiscales, pero de momento las inversiones que van a parar a estos territorios lejos de detenerse, se incrementan. Giovanni Caporasso llega a afirmar que «los escándalos como los Papeles de Panamá tienen el efecto contrario, porque dan a conocer los paraísos fiscales a quien no los conoce y aumentan la demanda de servicios». Según su visión, evidentemente favorable a su existencia, "si no existieran infiernos fiscales no existirían paraísos. Muchos países europeos lo han entendido y aplican impuestos razonables, mientras que otros parecen no entender que los impuestos altos sólo provocan la fuga de capitales" . En cualquier caso la batalla para erradicarlos, ahora mismo claramente desigual en detrimento de los partidarios de acabar con los paraísos fiscales, se prevé larga.