La preparación jurídica de algunos exservidores de lo público está saliéndole cara, en dinero, a España: no solo antiguos abogados del Estado están dirigiendo pleitos millonarios, a menudo con éxito, contra la Administración en los tribunales de arbitraje internacional, sino que incluso un exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) como Manuel Aragón Reyes ha actuado como perito de cinco sicavs y fondos de inversión luxemburgueses y franceses que han logrado en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial una condena de más de 35 millones de euros en uno de los laudos de las renovables.

Aragón Reyes, magistrado del TC entre 2004 y 2013, donde su voto fue clave para mutilar el Estatut catalán en 2010, y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, emitió un informe pericial que el CIADI tuvo en cuenta para avalar la demanda de tres sicav del grupo luxemburgués Cube, especializado en canalizar inversiones hacia sectores como la energía, las comunicaciones, el transporte y el tratamiento de residuos, y dos fondos del grupo francés Demeter, especializado en las renovables.

Este magistrado, que ocupó puestos como la dirección del Centro de Estudios Constitucionales a principios de los años 80, fue también preceptor de Felipe de Borbón cuando este estudió derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido miembro del Consejo de Estado.

Esos vínculos con las altas instituciones del Estado no le impiden, en cualquier caso, asesorar a sicav y fondos de inversión que presentan demandas millonarias contra España a cuenta de la chapuza de las renovables.

Estos habían demandado a España por los perjuicios que el cambio de las reglas del juego (básicamente, el recorte de las primas) con las energías renovables provocó en sus expectativas de negocio en 16 plantas hidroeléctricas en las que invirtió en 2011 y 2012, entre los recortes impulsados por el ministro Miguel Sebastián (PSOE) y los de José Manuel Soria (PP), y en varias fotovoltaicas.

Finalmente, el CIADI condenó a España a indemnizar a las cinco empresas inversoras con 33 millones de euros: 30,81 por las centrales hidroeléctricas y 2,89 por las solares, más otros 3,1 en costas. Inicialmente reclamaban indemnizaciones por valor de 74 millones, aunque el laudo redujo la cuantía al entender que cuando comenzaron a efectuar esas inversiones ya sabían que el marco regulatorio había comenzado a cambiar.

Más de 67.000 euros por dos informes

Las resoluciones del CIADI explican cómo en mayo de 2016 Manuel Aragón Reyes, experto en Derecho Constitucional, emitió un informe que apoyaba las tesis de los demandantes, representados por el bufete Gómez-Acebo&Pombo.

La tasación de costas presentada por los demandantes cifra en 67.668,34 euros el coste de los “honorarios y gastos de expertos” correspondientes al dictamen elaborado por el exmagistrado del Constitucional.

Los arbitrajes internacionales por la presunta vulneración de los tratados internacionales sobre comercio se están convirtiendo en un interesante nicho de negocio para algunos de los principales despachos de abogados que operan en España.

En este caso, la factura de las costas presentada por las sicav y los fondos ascendía a 3,091 millones, mientras que los “costos de representación” incluyen 822.025 euros para Gómez-Acebo&Pombo y 1,23 millones para el bufete King&Spalding, que movilizó letrados de sus sucursales de París, Houston y Nueva York.

El magistrado clave en la sentencia del Estatut

En ese mismo pleito intervino también como perito el también exmagistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps, que elaboró junto con el administrativista Marcos Vaquer Caballería, ambos profesores de la Universidad Carlos III, sendos informes que respaldaban las tesis del Estado español y que fueron tasados en 16.940 euros.

Pérez Tremps y Aragón Reyes fueron dos magistrados clave en el tormentoso proceso de deliberación que llevó al Constitucional en junio de 2010 a mutilar el Estatut catalán cinco años después de su aprobación, aunque por motivos muy distintos.

Aragón Reyes, adscrito al sector progresista del tribunal, cambió de grupo en este caso y dio a los conservadores la mayoría con la que fueron borrados y reescritos varios artículos del Estatut, entre ellos el que señalaba a Catalunya como nación.

El juez excluido de las deliberaciones apoya al Estado

Pablo Pérez Tremps, alineado con el sector progresista del Constitucional y autor de ponencias como la que avaló la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, se vio en el eje de una agria polémica mediática y política a raíz de su recusación por el grupo parlamentario del PP para participar en las deliberaciones del tribunal sobre el último Estatut de Catalunya, de las que fue excluido por haber elaborado, antes de entrar a formar parte del tribunal, un dictamen sobre la UE y la acción exterior de la Generalitat por encargo del Institut d’Estudis Autonòmics durante los trabajos previos a la reforma estatutaria.

Seis de los once magistrados que deliberaron sobre la recusación de Pérez Tremps, una de las cinco planteadas a lo largo del proceso, concluyeron que la redacción del dictamen ponía en entredicho su imparcialidad para pronunciarse sobre ese asunto.

Ese criterio se aplicaba en el mismo tribunal del que forman y han formado parte militantes de partidos políticos y antiguos cargos públicos, tanto electos como de libre designación, de esas formaciones.

Paradójicamente, el excluido defiende ahora como profesional las posiciones del Estado español mientras el exmagistrado clave del fallo del Estatut hace lo propio con las de sus demandantes.

NOTA. El exmagistrado del TC Pablo Pérez Tremps no intervino en el litigio ante el CIADI como perito de las sicav y los fondos de inversión que demandaron al Estado español, como por error se informaba en la versión inicial de esta información, Quién actuó como perito de los demandantes fue el exmagistrado del TC Manuel Aragón Reyes.