El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, introdujo este lunes la revalorización de las pensiones en la precampaña de las elecciones del 10-N al asegurar que en diciembre promoverá su revisión de acuerdo con "el IPC real", un ambiguo concepto económico que, en la práctica, carece de índice de referencia en España.

El anuncio, realizado durante la presentación del programa electoral de su partido, y que implícitamente incluye la convicción de que ese mes seguirá presidiendo el gabinete, ha dado pie a una polémica que finalmente ha resultado tan breve como inabarcable: la falta de definición del sistema de revisión dificulta determinar cuánto supone en euros esa revisión, aunque no parece que vaya a superar los catorce en el mejor de los casos para las pensiones medias de jubilación. 

¿Qué subida corresponde a las pensiones para 2020?

Con la ley en la mano, y en la práctica, menos del 0,25% que el Gobierno del PP introdujo en 2013 al regular el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, que a partir de este año debía tirar a la baja de las revisiones al aplicarlo sobre la base reguladora en lugar de sobre la pensión, lo que supone que solo las que superan el máximo se librarán del recorte. El 0,25% sigue vigente mientras la Seguridad Social sea deficitaria y la ley no establezca otra cosa.

¿Por qué no se aplica el Factor de Sostenibilidad?

Debía entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero el PNV, especialmente sensibilizado por la intensidad de las protestas de los pensionistas en Euskadi, le arrancó al PP en la negociación de los últimos (y todavía vigentes) Presupuestos Generales del Estado de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro una revisión del 1,6% que se aplicó en 2018 y 2019. Sin embargo, ese comodín ya no está operativa por varios motivos entre los que destacan dos: no han sido aprobados unos nuevos Presupuestos que corrijan la aplicación del 0,25% y tampoco hay un Congreso que pueda legislar sobre la materia y cambiar la ley.

¿Qué es el IPC real?

Es la referencia que el PSOE propone para revalorizar las pensiones en su programa de 35 compromisos sociales, en el que sostiene que "en el próximo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real". El término, sin embargo, peca de ambigüedad y a menudo se confunde con la revisión de las previsiones de acuerdo con el registro final. 

Su significado "depende fundamentalmente del contexto", explica el economista Eduardo Garzón, que se refiere a las críticas que reciben los indicadores de precios por lo que incluyen y lo que excluyen. Así, por ejemplo, "el IPC español no incluye los precios de la vivienda, a pesar de ser un bien de primera necesidad", y muchos economistas defienden que debería tenerse en cuenta. Por otro lado, añade, "hay quienes distinguen inflación financiera de la real. La primera sería solo la evolución de los precios de los activos financieros y la segunda la evolución de los precios de los activos reales. Hoy en día hay muchísima inflación financiera y muy poca real".

Entonces, ¿hay que aplicar un índice de referencia nuevo?

No está nada claro. Entre otras cosas, porque la propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, añadió este martes un punto más de desconcierto al asegurar que la referencia para la revalorización "se tendrá que decidir cuando llegue el momento oportuno", aunque en la misma intervención se refería a la "media anual del IPC" como el índice "razonable" para revalorizarlas. También anotaba su intención de mantener la paguilla de primeros de año con la que se compensa la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones por el descuadre entre las previsiones del IPC con las que se calcula la subida anual y la inflación que finalmente marca el INE al cierre del año.

¿Hay diferencia entre la media anual y el IPC interanual?

Sí, con horquillas en ocasiones cercanas a los dos puntos, como ocurrió en 2016, cuando la inflación interanual al cierre del año se situaba en el 1,6% mientras la media arrojaba dos décimas negativas, tal y como puede observarse en este gráfico elaborado con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que es el organismo que mide en España la inflación, cuyo interanual marcaba un 0,1% en septiembre.

La sugerencia de Valerio pone sobre la mesa otra cuestión: la revalorización del 0,25% que impuso el PP resultó mayor que la media anual (hasta 0,75 puntos) en sus tres primeros años de aplicación, de 2014 a 2016, para perder lo avanzado y más en 2017 y quedarse corto de nuevo el 1,6% pactado con el PP en 2018.

¿Cuáles serían las referencias utilizables?

Lo que sí está claro es que vincular la revalorización de las pensiones al IPC del año que entra comporta un obvio riesgo de cálculo, ya que la base son unas estimaciones y, como tales, no siempre resultan certeras y otras no. Una que debería ser fiable, la del Gobierno, desapareció hace varios lustros de unos Presupuestos Generales del Estado cuya nueva versión, por otro lado, no estaría disponible antes de que comience 2020. 

En esa situación, y al margen de la tasa media anual que sugiere Valerio, hay otras referencias teóricas aplicables como son el IPC interanual del año anterior (para negociar las subidas salariales se usa el de noviembre) o las previsiones del Banco de España o del Banco Central Europeo (BCE), que estiman, respectivamente, que los precios subirán el año que viene un 1,1% o un 1% (con una horquilla de más/menos dos décimas en el regulador comunitario), o las de entidades privadas. En todos los casos, con una revisión vía paguilla una vez finaliza el ejercicio de aplicación.

¿Y eso cuánto supone en euros?

Una revalorización con base en esas horquillas de entre el 0,8% y el 1,2% que prevén los bancos centrales tendría un impacto escaso en los bolsillos de los pensionistas si atendemos a los subsidios medios del sistema que ofrece la Seguridad Social, y que hoy son de 1.140,71 euros mensuales en el caso de la jubilación, 978,15 para la incapacidad permanente y 713,44 para la viudedad. Las subidas serían de entre 9,12 y 13,68 euros para los jubilados, de 7,82 a 11,73 para las bajas y de 5,70 a 8,56 para viudos y viudas. 9.693. El aumento medio sería de entre 7,94 y 11,91, con un coste para la Seguridad Social de 1.085 a 1.627 millones de euros al cabo del año.

¿Puede el Gobierno en funciones tomar una decisión así?

Según la ministra Valerio, sí, sin duda, ya que la Ley del Gobierno permite utilizar el real decreto ley cuando se trata de asuntos de urgente necesidad, aunque optó por "no adelantar acontecimientos" puesto que "en diciembre podría haber un ejecutivo en plenitud de funciones, con capacidad de hacer su tarea al 100%", cosa que "espero y deseo", dijo. Sin embargo, no está tan claro que un gabinete en funciones pueda tomar decisiones que comprometan gastos para el que le releve con plenitud de competencias, tal y como está ocurriendo con los anticipos a cuenta bloqueados a las comunidades. Aunque tampoco lo está que algún partido fuera a votar en contra de convalidar un decreto de ese tipo durante su tramitación parlamentaria.