Los estibadores siguen pendientes de la reforma del sector un año después

Hace apenas dieciocho meses, los estibadores no imaginaban que iban a convertirse en uno de los sectores más vilipendiados del país junto a los controladores aéreos. Ante la huelga y los paros convocados por los trabajadores portuarios, el presidente de la patronal valenciana instaba al Gobierno a movilizar al ejército, como ya hiciera en 2010 con los controladores aéreos.

El mantra de “trabajadores privilegiados” elaborado por el Gobierno y medios de comunicación afines se extendió entre la población acusándoles de cobrar anualmente 70.000 euros –cifra desmentida por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) que rebaja su retribución a menos de la mitad-.

Los beneficios de la Autoridad Portuaria de Barcelona, encargada del puerto de Europa que más creció en tráfico en 2017, no gozaron de la misma publicidad mediática concluyendo el pasado ejercicio con unas ganancias de 50 millones de euros y un cash flow de 99 millones. En todo caso, desde CETM aseguran que el sueldo base oscila entre los 1.000 y 1.400 dependiendo del puerto; a lo que hay sumarían complementos salariales dependiendo de la productividad.

El conflicto encallado entre los trabajadores portuarios, la patronal ANESCO (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras), Puertos del Estado y el ya exministro de Fomento Iñigo de la Serna tenía como punto de partida una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria al modelo preminente en los puertos españoles. El fallo del 11 de septiembre de 2014 entraba de lleno en una especificidad propia del sistema portuario español, como es la obligación de que todas las empresas que operan en los puertos españoles tengan que integrarse en el accionariado de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y realizar la contratación de trabajadores a través de la misma.

Este modelo único en Europa, a excepción de Bélgica, entronca (según la sentencia del TJUE) con los preceptos de libre competencia establecidos en el Tratado de la Unión, asegurando que no se puede obligar legalmente a ninguna empresa a contratar mano de obra que “no sea necesaria”.

Es a partir de esa interpretación donde surge la disputa entre sindicatos, patronal y gobierno. A pesar de alcanzar un acuerdo patronal y sindicatos cuando Ana Pastor era la titular de Fomento, Iñigo de la Serna se demarca en febrero del año pasado presentando un Real Decreto-ley sin consenso. Esta reforma se encuentra con el rechazo de los estibadores y la mayoría del Congreso de los Diputados fuerza al Gobierno a realizar un nuevo texto dialogado con los sindicatos.

Entre los objetivos primordiales del decreto-ley se contemplaba la liquidación de la SAGEP por centros portuarios de empleo (CPE), sin la garantía de mantenimiento de los trabajadores de la SAGEP más allá de los tres primeros años y siendo el Estado quien sufragara los costes de los despidos; a imagen y semejanza del modelo de las empresas de trabajo temporal. De acuerdo a un dictamen emitido por la Universitat de Barcelona, firmado por el exdirector de Relaciones Económicas Internacionales en el servicio jurídico del Consejo de la UE, el Gobierno partía de una premisa errónea y la solución más sencilla hubiera pasado por un único artículo que eliminara la obligatoriedad de formar parte de la SAGEP a las empresas de la Unión Europea.

“Con la excusa de la sentencia europea, el decreto persigue otros objetivos como precarizar los puestos de trabajo e imposibilitar la capacidad de negociación de los sindicatos”, apunta Antolín Goya -secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar-. La voz visible de los estibadores portuarios considera que detrás de esos ataques se encuentra la fortaleza de los trabajadores del mar y de los sindicatos portuarios, quienes según transmitieron desde la CETM, secundaron en un 100% los paros y las huelgas convocadas en el último año. “El problema es que haya un sindicato que tenga capacidad de poder presionar a la patronal y tener una discusión abierta sobre cuáles son sus condiciones de trabajo y de qué forma se desarrolla. Esa es la cuestión de fondo por la que fuimos perseguidos y por la que, en el primer decreto-ley, el Estado se compromete a subvencionar el despido de todos los trabajadores portuarios con el dinero de todos los españoles. Es tremenda la presión que se puede estar ejerciendo para que un gobierno llegue a publicar una norma tan descabellada como esa”, puntualiza el secretario general de la CETM.

Reforma pactada entre trabajadores y empresas

Tras el rechazo del Congreso de los Diputados y de los sindicatos portuarios, el conflicto rebajó su intensidad permitiendo un mayor diálogo entre las partes implicadas y alcanzando el acuerdo definitivo en mayo del año pasado. El nuevo decreto permitirá a los trabajadores tener una garantía de futuro para sus puestos de trabajo, comprometiendo a las empresas a subrogar al 100% de los trabajadores. A cambio, la patronal mantenía la no obligación de integrarse en las SAGEP –ahora denominadas centros portuarios de empleo-.

Desde la Coordinadora de Trabajadores del Mar consideran que el segundo decreto supone cambios de gran calado respecto a lo establecido por el Ministerio de Fomento en un primer momento. “El decreto actual potencia temas tan importantes como la formación de los estibadores portuarios, que es un trabajo altamente peligroso que necesita una cualificación permanente, obligando por ley a que se regule como tienen que ser las condiciones formativas y cómo se desarrolla esa formación”, subraya Antolín Goya.

Un año después los estibadores convocaban el pasado mes de mayo nuevas jornadas de paros ante la inacción del Gobierno quien, pese a la reforma acordada, aún no ha llevado a cabo su tramitación y desarrollo normativo. Ese retraso ha provocado, según la Coordinadora, una incertidumbre y una desestabilización para un sector estratégico como el de la estiba. “Tanto las empresas como los trabajadores necesitamos un marco regulador claro y para poder hacerlo la norma tiene que estar publicada. Estamos demandando que ese acuerdo no sirva solo para tranquilizar la situación en cada uno de los puertos, sino que sea un mensaje tranquilizador para los mercados y el tráfico de transbordo internacional que permita estabilidad a la hora de invertir y realizar operaciones en los puertos españoles”, subraya Antolín Goya.

Aunque PP y Coalición Canaria acordaron en fechas recientes un plazo de seis meses para que el sector se adapte a la nueva normativa, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que poner en marcha el desarrollo normativo para que el plazo estipulado para la adaptación del sector entre en vigor y se cierre de una vez por todas el conflicto iniciado hace un año y medio. La CETM critica la actitud mostrada por los dirigentes de Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento, responsables -a su modo de ver -del encallamiento del acuerdo y de la falta de celeridad en la ratificación de la norma.

Por ello, Antolín pide al nuevo titular de Fomento la celeridad y capacidad negociadora que no ha sido capaz de mostrar el Partido Popular en toda la legislatura: “Hemos notado una incapacidad por parte de Fomento para negociar y dialogar con el sector afectado, con una soberbia y una posición cuasi dictatorial sin precedentes que lo único que buscaba era menospreciar a los colectivos que venían desarrollando esos trabajos en los puertos, los trenes o los aeropuertos”.