Naciones Unidas ha condenado a España ocho veces en la última década por vulnerar el derecho a una vivienda adecuada de familias sin recursos económicos, con hijos menores a cargo y que han sufrido procesos de desahucio. La última, conocida este lunes, se debe al caso de Richard Rodríguez, Josefa Hernández y sus hijas menores, que ocuparon en 2015 un piso vacío propiedad de un banco en Madrid.

Como acreditó la Audiencia Nacional, lo hicieron fruto de un "estado de necesidad, debido a su precariedad económica" que resultaba "más grave que la lesión del bien jurídico protegido", es decir, que el hecho de ocupar el piso de un gran tenedor de viviendas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que vela por el pacto internacional que lleva el mismo nombre y del que España es firmante, ha exigido una compensación económica por los daños causados a la familia y los costes de este proceso de reclamación. También ha urgido a España a que les garantice una vivienda alternativa decente y duradera en caso de que el desahucio, del que siguen pendientes, acabe ejecutándose. Y sobre todo, ha pedido a España que elimine el requisito de la Comunidad de Madrid que excluye de acceder a vivienda de emergencia social a personas que residen ocupando viviendas.

En varios de estos dictámenes condenatorios, el comité ha pedido que se conceda una indemnización, cuya cuantía no determina. El último caso fue en 2021. En 2019 también dictó en la misma línea con el flagrante caso de Viviana López y sus seis hijos, casi todos menores de edad, que sí fueron desahuciados y alojados en múltiples albergues municipales de forma temporal.

Pero según subrayan los expertos consultados, España no ha ejecutado las sanciones impuestas por la ONU en ninguno de los ocho casos resueltos. Las familias demandantes no han recibido ninguna compensación económica y los casos en los que han recibido una vivienda pública ha sido mediante las convocatorias ordinarias de viviendas sociales de la región.

Ante esta desidia institucional, caben varias preguntas. ¿De qué sirve que el comité DESC de la ONU emita una resolución de condena? ¿Es vinculante lo que este órgano internacional dicte? ¿Por qué España suscribe acuerdos internacionales que luego incumple? ¿Por qué no pasa nada si España no ejecuta los dictámenes de Naciones Unidas?

En pocas palabras, "falta voluntad política", según resume Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y uno de los primeros abogados en recurrir a esta vía al menos para paralizar desahucios, junto a Alejandra Jacinto, abogada, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y actual diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

Una condena de este tipo no es inocua para ningún país firmante del tratado. De hecho, la Abogacía del Estado ha recurrido cada una de estas condenas, todas relativas a casos circunscritos en la Comunidad de Madrid, señalada (como el conjunto del Estado) por su raquítico parque de vivienda pública (gran parte de ella malvendida a fondos de inversión que luego echaron a los inquilinos o les aumentaron los precios sociales de forma abusiva).

Según explica Rubio, abogado en el caso de Richard y Josefa, este dictamen es de obligado cumplimiento ya que España es signataria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Pero el comité DESC no es un tribunal. "Ante estos incumplimientos vergonzosos, flagrantes y sin excusas, la vía es acudir de nuevo a los tribunales para que un juez, mediante sentencia, obligue al Estado a cumplir con un tratado internacional que el propio Estado firmó, aceptando someterse a él", explicaba Rubio durante la rueda de prensa este lunes.

"Si no hay cumplimiento voluntario hay que forzarlo a través dela Justicia", añade Rubio. El problema es que eso implica "un peregrinaje judicial que puede llevar años e instancia judicial superiores, hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional", advierte. Las personas que suelen recurrir a este comité no disponen de medios para emprender esta batalla, si es que llegan siquiera a conocer que existe un tratado internacional que prohíbe explícitamente los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.

De hecho, el simple incumplimiento de cualquier tratado internacional ya implicaría una vulneración de la Constitución Española. El artículo 93 del Título Tercero de la Carta Magna lo dice claramente: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional." Sin embargo, esta fuerza jurídica es, cuando menos, débil.

El PIDESC es un tratado internacional multilateral que no habla solo de vivienda adecuada, sino que garantiza que los ciudadanos tengan amparo cuando carezcan de alimentación, acceso al agua, a la salud, a la educación y otros derechos económicos, sociales y culturales. España firmó su protocolo facultativo en 2010, y en 2013 fue recogido en el Boletín Oficial del Estado. Desde entonces se ha incumplido, al menos, en ocho ocasiones señaladas por el comité.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recuerdan que España tiene seis meses para responder a las exigencias del Comité de la ONU. "Pero tristemente, lo esperable es que desoigan su obligación y se declaren por octava vez en rebeldía. Vencido este plazo nos tocará exigírselo por vía judicial", han advertido.

La PAH, la Coordinadora de Vivienda de Madrid y Amnistía Internacional, que han arropado a Richard y su familia, recuerdan que gran parte de lo que establece el PIDESC estaba recogido en la idea original de ley vivienda que pactaron PSOE y Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición. Una ley que lleva atascada más de dos años en el Congreso ante la cerrazón de los socialistas a admitir las enmiendas de grupos, que son las del movimiento por la vivienda. Se resumen fundamentalmente en prohibir los desahucios sin alternativa habituación y en regular los precios de los alquileres, dos líneas rojas que ahora el PSOE intenta enterrar.

Philip Alston, Relator Especial de la Naciones Unidas para la Pobreza Extrema ya alertó de que los elevados precios del alquiler, unido al disparado precio en general de la vivienda en España eran más que preocupantes. Todavía era 2020 cuando visitó España para realizar una duro informe. En una entrevista con Público lo dejó muy claro: "El Gobierno no se toma en serio el control del precio del alquiler". Y eso es precisamente lo que Richard y Josefa llevan un lustro pidiendo, un precio asequible para un derecho humano básico, tener un techo.