Las cinco trampas de los Presupuestos de 2016 que Rajoy deja al próximo Gobierno

MADRID.- El Pleno del Congreso aprueba este martes definitivamente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016. Son las quintas cuentas públicas de Mariano Rajoy y  las más controvertidas, por su tramitación apresurada y atípica (llegaron a la Cámara Baja en pleno agosto, casi dos meses antes de lo habitual), con la vista puesta en las elecciones de final de año, y, ante un eventual cambio de inquilino en La Moncloa, tendrán que gestionados por un nuevo Ejecutivo.

Algunos expertos y la oposición han alertado sobre la endeblez de las previsiones contempladas en los Presupuestos. Incluso la propia Comisión Europea ha puesto firme al Gobierno la pasada semana a causa del posible incumplimiento del objetivo de déficit para 2015 y 2016. Rajoy ha ignorado el toque de atención de Bruselas, y ha insistido reiteradamente que no va a cambiar las previsiones del próximo año y que antes de diciembre, se cumplirá el déficit.

Los analistas alertan que el desfase en los próximos presupuestos ronda los 10.000 millones de euros. Esto podría obligar al nuevo Gobierno que salga de las urnas del 20-D a nuevos recortes y ajustes para poder cumplir con Bruselas, entre otras trampas que dejan las cuentas públicas preparadas por Rajoy.

Pese a los numerosos intentos del Gobierno y de su presidente por dejar claro que cumpliremos el déficit, la desautorización de Bruselas a Rajoy en los últimos días ha sido clara: España estima que crecerá e ingresará más de lo que piensa Europa, y de esas previsiones “optimistas" solo pueden nacer Presupuestos poco realistas y, por tanto, difíciles de cumplir.

Según Bruselas, España podría acabar este año con un déficit del 4,5% (frente al 4,2% comprometido con la Comisión), y con un 3,5% en 2016 (nuevamente por encima del 2,8% pactado). Las tres décimas de desfase de 2015, sumadas a las siete de 2016 se traducen en 10.000 millones de euros.

La Comisión pide que no suceda lo mismo que en años anteriores, cuando el Gobierno prometió el cumplimiento del déficit y sucedió lo contrario. En el año 2012 Rajoy pactó con Bruselas unos números rojos del 6,3%, que finalmente fueron del 10,6%, incluyendo el impacto de las ayudas a la banca. En 2013 Rajoy se comprometió a no ir más allá del 6,5%, pero solo logró reducirlo hasta el 7,1% (incluyendo también las ayudas al sistema financiero). 2014 ha sido el único año en el que Rajoy cumplió lo prometido a Bruselas: propuso un déficit del 5,8% y lo cumplió con apenas un margen de una décima (se quedó el 5,7%); fue, no obstante, el segundo déficit más alto de la Unión Europea, sólo superado por Chipre (8,8%).

“La Comisión dará un respiro a España con el déficit si el próximo Gobierno que llegue a la Moncloa es diferente al Partido Popular, porque dejará tiempo al nuevo Ejecutivo para que se adapte y porque habrá nuevas negociaciones”, dice José Moisés Martín, economista, consultor internacional y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Aunque España es de los pocos países comunitarios que está creciendo, Martín advierte que nuestro crecimiento se ha producido solo a través de la austeridad y del sector exterior, por lo que hay un claro riesgo de incumplimiento de déficit si no apostamos por crecer con la productividad interna.

Para Iván H. Ayala, investigador del ICEI y miembro de EconoNuestra, un partido conservador reducirá el déficit con más recortes, por la vía del gasto –al igual que propone Bruselas–, mientras que una formación progresista reducirá el déficit por crecimiento, a través del empleo y las políticas publicas.

El Gobierno, continuando con su línea optimista, aseguró hace menos de una semana que el Estado dispondrá a finales de este año de 8.500 millones de margen presupuestario que, junto con el superávit que espera de los ayuntamientos, servirá para compensar las desviaciones de la meta de déficit de las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social para este año.

Aunque el equilibrio de los municipios podría compensar en 2015 los desvíos en las autonomías,  es casi imposible que el Ejecutivo logre que las comunidades reduzcan el gasto. Por este motivo Bruselas pide a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que creen o suban impuestos propios y considera que, de cara al próximo año, el mayor lastre en las cuentas estatales (42% del total de los planes de 2016) procede del gasto "nivel regional y local".

Una austeridad necesaria según la Comisión y que choca con el populismo fiscal del Ejecutivo en los Presupuestos de 2016, como ha sido la aplicación del segundo tramo de la rebaja del IRPF o la subida de un 1% en los sueldos de los funcionarios y en el presupuesto de la Casa Real.

Según Iván H. Ayala, Rajoy concentró la austeridad en los años 2012 y 2013 para tener mejores cifras en el periodo electoral y rebajar así la presión fiscal. No obstante advierte de cómo las medidas electoralistas pueden complicar la gestión al próximo Gobierno: “La falta de recaudación bajará y ello incidirá negativamente en el déficit”. Tema que también preocupa a José Moisés Martín, que prevé que todo lo que no se recaude en este año por cuestiones electorales será un dinero extra que se tendrá que reunir en los años venideros.

Según datos del Banco de España, la deuda pública volvió a subir en agosto hasta suponer un 97,4% del PIB, siguiendo la tendencia ascendente que han tenido casi todos los meses del año salvo en abril y julio. Es decir, que pese al optimismo de Rajoy, nuestra deuda se acerca cada vez más al objetivo para el conjunto de 2015, situado en el 98,7% del PIB tras la revisión que introdujo el Ejecutivo en los Presupuestos de 2016.

Estos datos demuestran que cada mes que pasa se va estrechando más el espacio en los Presupuestos para un mayor gasto social. Ejemplo de ello fue el año 2014, donde con un endeudamiento que pasó del 94,9% al 98,0% del PIB, se mantuvo la austeridad.

No obstante, los planes económicos de este Gobierno para 2016 en este terreno siguen siendo optimistas e indican que por primera vez desde 2008 se registrará una leve caída en el ratio entre deuda pública y Producto Interior Bruto (PIB). Esto es, que el Ejecutivo actual estima que la deuda pasará del 98,7% del PIB del 2015 a un 98,2% el próximo año.

En este sentido también hay que tener en cuenta los intereses de la deuda, que supondrán un 2,93 % del PIB en 2016. Los 33.490 millones de euros que tendremos que pagar el próximo año de intereses serán la tercera mayor partida de los PGE. “Es una cifra que supera holgadamente lo destinado por el Gobierno de Rajoy a prestaciones por Desempleo, a Sanidad o a Educación”, critica el miembro de EconoNuestra.

Tal y como advierte la Comisión Europea, para alcanzar los objetivos de déficit y de deuda en 2016 hay que seguir recortando y aumentando la recaudación fiscal, concretamente a través del IVA y la tasa de hidrocarburos.

Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuestan por subir el tipo reducido y súper reducido del IVA o bien por cambiar la categoría en la que tributan algunos productos. “Si el próximo Gobierno atendiera esta petición, cualquiera de los partidos que llegara a gobernar incumpliría su propuesta electoral de bajar los tipos que se han estado aplicando hasta ahora”, indica el portavoz de Economistas Frente a la Crisis.

En cuanto al impuesto de hidrocarburos, desde Bruselas reclaman que se aumente el gravamen sobre los combustibles y la contaminación que genera, ya que las tasas españolas se encuentran entre las más bajas a nivel comunitario.

En relación a los recortes, la Comisión ya ha exigido al próximo Gobierno seguir recortando en Sanidad y Educación –dos de los sectores más afectados por la tijera del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a lo largo de estos cuatro años– e incrementar la responsabilidad de las autonomías en el copago de estos servicios.

“Aunque Bruselas aconseja bajar gasto público y subir los impuestos indirectos, si no aumentamos la productividad interna no vamos a salir de esta crisis”, insiste José Moisés Martín. Cuestión en la que coincide también Iván H. Ayala, quien añade además que “el sector exterior ya no está creciendo ni manteniéndose como en los periodos anteriores a la crisis”, por lo que las previsiones de Rajoy de 2016 confiando en este punto no son “realistas”.

Pese a las múltiples promesas de los partidos de la oposición para derogar la actual reforma laboral, es poco probable que Bruselas de el visto bueno a esta decisión; es más, está por ver si la Comisión pedirá más retoques a la actual legislación. Según Iván H. Ayala, la Comisión Europea seguirá presionando mientras la cifra de paro sea del 22,37%, según la Encuesta de Población Activa, y las políticas activas de empleo tengan tan poco peso en los Presupuestos de 2016.

El alto índice de desempleo que sigue existiendo en España es un de los puntos que más hace reflexionar a los socios comunitarios sobre nuestra recuperación económica y, por este motivo, muchos de los retos del próximo Ejecutivo pasarán por aceptar o no las recetas que plantea la Comisión, el Banco de España y el FMI.