La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebra este miércoles una asamblea para elegir presidente. Por segunda vez en la historia, hay dos candidatos: Juan Rosell, que ocupa el cargo desde hace cuatro años, y Antonio Garamendi, que aspira a arrebatárselo. Ambos plantean mecanismos para hacer frente a casos de corrupción como los que han manchado a la patronal en los últimos tiempos y nuevos recortes en los derechos de los trabajadores.

En la asamblea electoral convocada para este miércoles en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid participan 760 delegados de las organizaciones miembros de pleno derecho de la CEOE, lo que significa que el candidato que logre pescar 381 votos tiene la victoria asegurada. El mayor caladero está en las grandes sectoriales, pues por su peso copan un 49% del censo. A las sectoriales más pequeñas y las territoriales les corresponde entre un 25% y un 29%.

Rosell ha cosechado 306 avales, mientras que Garamendi  ha logrado los 20 que como mínimo se exigían.

Tanto Rosell como Garamendi llevan semanas intentando captar esos apoyos en reuniones con los dirigentes de cada una de las organizaciones.

Sin embargo, no todas se han decantado públicamente por uno u otro. Madrid (CEIM) y Catalunya (Fomento), por ejemplo, han prometido sus votos al actual presidente, mientras que las patronales del metal y de la construcción están del lado del aspirante, tras haber contribuido activamente al lanzamiento de su candidatura.

Avales

Lo que sí han hecho muchos electores es prestar avales para que puedan presentarse: Rosell ha cosechado 306, mientras que Garamendi cerró el proceso de captación una vez conseguidos los 20 que como mínimo se exigían.

De todas formas, los avales no tienen por qué ser un anticipo del resultado de las elecciones, pues el voto es presencial, individual y secreto, de acuerdo con lo previsto en los estatutos de la CEOE vigentes en la actualidad.

Entre los valedores de Rosell se dan por descontadas algunas de las grandes corporaciones que forman parte del llamado lobby del Ibex: el Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), con la mayoría de cuyos miembros guarda buenas relaciones.

Garamendi, en cambio, tiene detrás a la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), de la que es presidente tras la forzada renuncia de Jesús Terciado en noviembre al ser imputado por fraude.

Dimisiones

Terciado fue llevado ante los tribunales por haber cobrado subrepticiamente más de 300.000 euros de la organización durante sus dos primeros años de mandato, so pretexto de compensar los gastos que le causaba el cargo y utilizando para ello dos empresas suyas. Al descubrirse lo ocurrido, la cúpula de Cepyme optó por hacerle un contrato de alta dirección, rompiendo con la tradición de que su máximo responsable no percibiera remuneración alguna por el hecho de serlo.

Eso no evitó su procesamiento y le obligó a dimitir también de la Vicepresidencia de la CEOE, como apenas un par de semanas antes había hecho Arturo Fernández, después de que saliera a la luz que fue uno de los titulares de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, con las que facturó importantes sumas incluso a sus propios restaurantes.

Fernández, sin embargo, decidió seguir al frente de CEIM hasta este miércoles para cumplir su compromiso de apoyar hoy a Rosell.

Críticas por la gestión en la patronal

Sobre la gestión de éste en la CEOE sus detractores se quejan de que haya perdido batallas importantes, como la apertura de los concursos de formación a nuevos competidores, la negativa del Gobierno a entregar a las mutuas de trabajo el control de las altas laborales y el impulso que han recibido durante la presente legislatura las cámaras de comercio, tradicionales competidoras de la patronal y que parecían heridas de muerte tras la supresión de las cuotas obligatorias en tiempos de Zapatero.

También se le acusa de no informar previamente de sus decisiones a los órganos colegiados de la CEOE y de haber echado en saco roto algunas de las reformas que anunció antes de las elecciones de 2011.

Como respuesta a estas críticas, Rosell ha dejado entrever que sus planes han chocado con fuertes resistencias dentro del aparato organizativo que heredó de Gerardo Díaz Ferrán, en prisión desde hace dos años por supuestas irregularidades en la quiebra del grupo Marsans.

Programas

Los dos candidatos que van a vérselas este miércoles en las urnas han formulado propuestas tendentes a modernizar la CEOE y para atajar con mayor diligencia que hasta ahora eventuales casos de corrupción. Sin embargo, la parte de sus respectivos programas electorales que más interés general tienen son las referidas a las condiciones laborales, sobre las que ambos se pronuncian abiertamente.

Tanto Rosell como Garamendi pretenden que los empresarios puedan organizar el trabajo y vincular los salarios a la productividad con más libertad de la que disfrutan ahora. El primero de ellos, además, propone un aumento de la movilidad funcional y de las horas extraordinarias.

Pero la idea más controvertida probablemente sea la de Garamendi, que pide una regulación del derecho de huelga, de modo que la convocatoria tenga que votarse en urna y se prohíban los piquetes.