En el marco del debate sobre la negociación del traspaso de algunas competencias de inmigración a Catalunya, pactado entre el PSOE y Junts , un estudio reciente del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) constata que el mercado laboral es incapaz de cubrir las demandas que genera, de manera que de aquí a 20 años, concretamente en 2043, se llegará a la cifra de 600.000 puestos de trabajo sin asignar.

En su análisis sobre el modelo productivo y la inmigración, el CEC concluye que en este periodo de dos décadas, se incorporarán 1,6 millones de personas al mercado, mientras que se jubilarán 2,2 millones. En este contexto, el decano del CEC, Carlos Puig de Travy asegura que la inmigración puede ser una estrategia para afrontar el desafío para ampliar la fuerza laboral, pero hay que gestionarla adecuadamente.

"Es importante que las políticas de inmigración estén muy diseñadas y consideren la integración, la diversidad y las necesidades de la sociedad y la economía", apunta Puig de Travy. En una línea similar, el sindicato CCOO Catalunya reivindica la necesidad de cambiar el modelo de acogida para evitar que los sectores productivos que ocupan más población extranjera sean los más precarizados en relación con sus condiciones laborales.

En la jornada de presentación del informe, el secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat, Miquel Puig, afirmó que en los próximos años, la inmigración que llegue a Catalunya "será mayoritariamente de África central con baja formación, principalmente porque es la región del planeta donde la mujer está menos empoderada y va pocos años a la escuela".

Por su parte, la profesora agregada del Departamento de Economía de la Universitat de Barcelona (UB) Judit Vall, hizo una radiografía de la inmigración actual en Catalunya y señaló que "son hombres y mujeres jóvenes, con un reducido nivel educativo, que ocupan un 25% de los trabajos elementales y que el 35% del total vino a grandes áreas metropolitanas".

Vall añadió que el aumento exponencial de la llegada de mujeres inmigrantes jóvenes en Catalunya ha provocado "una reducción de un 5% en la brecha salarial de género de la población nativa". "Las mujeres inmigrantes hacen el trabajo de curas de los más pequeños y los más grandes, cosa que ha permitido que las mujeres nativas salgan al mercado laboral y puedan mejorar sus ingresos salariales", destaca.

Un colectivo vulnerable y precario

Pese a esta mejora salarial defendida por Judit Vall, CCOO Catalunya cuestiona la supuesta buena situación del colectivo de migrantes. En este sentido, el coordinador del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de la entidad, Carles Bertran, aboga por "un cambio en el modelo de acogida, de forma que los sectores donde más ocupación tiene la población extranjera no sean también lo más precarizados".

Bertran recuerda que, a pesar de que el modelo demográfico y de ocupación de Catalunya toma como base la mano de obra foránea, "si los puestos de trabajo no se cubren, es por las condiciones laborales que les ofrecemos". El coordinador del CITE alerta de una realidad, a menudo escondida por los sectores empresariales: la presencia de más de 190.000 personas que se encuentran en situación irregular, pero que están ocupadas en ámbitos como el comercio, la hostelería, la industria manufacturera o la construcción. En el caso de las empleadas del hogar, un 53% son extranjeras. "Son situaciones de vulnerabilidad, puesto que los trabajos suelen ser de baja calificación, temporales y de una parcialidad no querida".

Desde CCOO Catalunya se recela sobre el modelo laboral y la acogida social que se ofrece a las personas recién llegadas. "Demuestra que el ascensor social no ha funcionado". Para Bertran, los estudios avalan que los jóvenes hijos de la primera generación que llegó a Catalunya procedente de otros países no han conseguido una mejor situación económica ni laboral, lo que muestra el fracaso de las políticas de inserción.

Burocracia administrativa

Ante este escenario, Carles Bertran pide agilidad administrativa para ser capaces de renovar más fácilmente los permisos de trabajo, a la vez que los migrantes conozcan más profundamente sus derechos laborales. Para hacerlo posible, reclama una actuación más contundente de la Inspección de Trabajo para "facilitar la inserción laboral con las autorizaciones administrativas y evitar la pérdida de talento de los extranjeros".

En su memoria del primer semestre de 2023, el CITE muestra un incremento importante respeto al año anterior de las personas sin autorización administrativa para residir y trabajar en el Estado español. La causa de este fenómeno, según la entidad, es la existencia de una bolsa de personas que no han podido regularizar su situación por las dificultades que genera un mercado de trabajo de baja calidad, dado que se requiere un contrato indefinido vinculado al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el salario del convenio de referencia.

Este incremento también tiene su origen en el aumento del número de llegadas de personas extranjeras una vez superada la crisis sanitaria de la covid-19. Los datos del CITE muestran la necesidad de un cambio de modelo económico, o como mínimo productivo, en el cual el peso de la generación de riqueza se tendría que alejar de determinados sectores, como la hostelería o la construcción, en los que en muchas ocasiones, las condiciones laborales son precarias.

El CITE denuncia las deficiencias del estado del bienestar, puesto que desde el punto de vista social se han acabado externalizando servicios que no cubre totalmente el sistema público de dependencia, como la cura de las personas o del hogar. Para la entidad, la instrumentalización política del mercado laboral y su relación con la inmigración abren la puerta a los discursos de extrema derecha.