Muchos se lo temían y finalmente se ha hecho realidad: la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo encargado de organizar la resolución del Banco Popular, ha decidido no hacer público el informe de Deloitte, clave en la resolución de la entidad, que otorgó al banco una valoración de entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos al entender que contiene información confidencial. Esta decisión choca frontalmente con la petición del Gobierno español, quien a través del ministro Guindos, había solicitado la publicación del informe del auditor.

Así lo señaló ayer, martes, la presidenta de la JUR, Elke König, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, su primera comparecencia pública tras la resolución de Banco Popular y su posterior venta a Banco Santander al precio simbólico de un euro, operación que se saldó con la amortización a cero de las acciones de la entidad, así como también de sus instrumentos híbridos y de su deuda subordinada.

König asumió que "nadie está contento" con la resolución de una entidad, "y más si implica que los accionistas y bonistas pierden íntegramente su inversión", pero considera que la resolución y venta a Santander fue la opción "más adecuada" al no suponer un coste para los contribuyentes y garantizar la estabilidad financiera.

"La resolución de Banco Popular fue realmente exitosa, no tuvimos un contagio al sistema financiero y no se utilizaron fondos de los contribuyentes", aseguró la presidenta de la JUR, que insistió en que la operación demuestra la "eficacia" del esquema europeo de resolución.

Revisión de la normativa

No obstante, en relación con la recapitalización cautelar de Monte dei Paschi di Siena con 5.500 millones de euros y el rescate de 17.000 millones de euros de los bancos vénetos König ha instado a los legisladores perfeccionar el modelo de resolución bancaria durante la próxima revisión de la directiva comunitaria.

Para König, la normativa debería contemplar la posibilidad de aplicar una recapitalización interna (bail-in) completa en la que los bonistas senior de una entidad también podrían ver comprometida su inversión.

Además, la dirigente comunitaria ha defendido que se aplicó el mecanismo de resolución en el caso de Banco Popular dado que su quiebra comprometía el interés público, una situación que no se producía en el caso de Banca Popolare de Vicenza y Veneto Banca, cuyo tamaño era menor al de la entidad española.

Ante la posibilidad de que Popular dispusiera de más colateral para hacer frente a las salidas de depósitos que estaba afrontando la entidad en las jornadas previas a su resolución, como sugirió el Banco de España, König se ha limitado a señalar que la JUR fue informada por los supervisores de que el banco no disponía de la liquidez suficiente para abrir sus oficinas el pasado 8 de junio.

En este punto, fuentes cercanas al anterior equipo gestor de Banco Popular aseguraron a Europa Press que la entidad presentó al Banco de España garantías por importe de 40.000 millones de euros en activos por las que se le concedió una línea de liquidez de 3.800 millones de euros dos días antes de su resolución.

Así, König ha calificado como "una suerte" que Santander pudiera absorber la entidad y paralizar la fuga de depósitos que estaba sufriendo el banco, permitiendo que Popular operase con normalidad en la jornada posterior a su resolución.

Por otro lado, cuestionada en repetidas ocasiones durante su comparecencia parlamentaria sobre la presunta filtración señalando al Popular como entidad bajo el radar de las autoridades europeas, la alemana ha reiterado que ella nunca ha hablado de ningún banco en particular.

"Me molestó mucho", afirmó König en referencia a unas declaraciones atribuidas a la presidenta de la JUR y que intensificaron la presión sobre la posición de liquidez del Popular en los días previos a su resolución.

"Francamente no hemos sido indiscretos, nunca hemos hablado de entidades en concreto", añadió.