El capitalismo popular cuyo triunfo dio por hecho en 1986 la primera ministra británica Margaret Thatcher, basado en desmantelar el Estado privatizando servicios de los que los ciudadanos podrían seguir considerándose propietarios a base de invertir en las empresas que los gestionaban, y, ya puestos, también en otras, nunca acabó de arraigar en España.

En este país las clases populares siguen alejadas del tinglado de las inversiones financieras individuales, una actividad que se concentra en las clases más pudientes de la sociedad y que a menudo sufre estremecimientos con episodios como el fiasco de Terra, los cracks de Bankia y de Banco Popular o las pirámides filatélicas.

Los españoles son poco dados a invertir su dinero en productos financieros, y lo son menos cuanta menor es su renta o su riqueza: según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, elaborada con datos de 2014, solo uno de cada ocho hogares españoles invierte en bolsa (12,6%), apenas uno de cada once (9%) posee fondos de inversión, parcial o totalmente integrados por acciones cotizadas, y únicamente uno de cada 165 (0,6%) tiene intereses en productos de renta fija, un artículo en decadencia por las escasas oferta y demanda que genera ante la contención de los tipos de interés.

La querencia por este tipo de inversiones varía de una manera abismal en función del nivel de renta: menos del 6% de los dos tercios de hogares de menores ingresos juegan en Bolsa, tasa que no baja del 12% a partir del 60% del percentil.

Las diferencias son menores a la hora de elegir los fondos de inversión, canalizados por los bancos, aunque también es mayor la frecuencia de contratación entre las familias de más ingresos.

La clasificación por niveles de riqueza neta ofrece situaciones más acusadas, ya que menos del 3,5% de los hogares situados en los tres escalones más bajos (de cuatro) arriesga su dinero en acciones cotizadas, algo que si ocurre en más del 5% del tramo bajo del peldaño superior y que entre el 10% de los más ricos se dispara al 17,4%.

La foto es similar con los fondos de inversión: recurre a ellos menos del 2% de la mitad de los hogares más pobres, frecuencia que oscila entre el 6,4% y el 9,2% en los que se sitúan del 50% al 90% de esa clasificación y que supera el 10% en el tramo superior de los más ricos.

La gráfica sobre la diferente composición de las carteras medias de activos financieros entre el 50% de las familias más pobres y el 10% de las más ricas que utilizaba en las presentaciones de la encuesta el ahora gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (entonces, director general de la entidad), resulta especialmente esclarecedora en este sentido.

Terra, Bankia, Popular, Fórum

Rui da Mota, experto de la Unidad de Análisis Económico y de Mercados de AFI (Analistas Financieros Internacionales), ve pros y contras en esa popularización de las inversiones financieras. “Lo bueno es que todo el mundo puede invertir sus ahorros, se ha diversificado esa posibilidad, pero eso también tiene riesgos, porque la gente corriente no suele tener la información sobre esos productos”, explica.

Los principales peligros para el pequeño inversor son, siempre que no acierte a identificar la situación, picar en una burbuja o toparse con un tramposo que le venda aire a precio de oro.

Y ambas versiones del crash han sacudido los mercados españoles en las dos últimas décadas, con una retahíla de episodios entre los que destacan el auge y hundimiento de Terra, con el que se volatilizaron más de 46.000 millones de euros en cinco años, y el fiasco de las renovables, en el que el recorte de primas ejecutado por los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy endeudó a más de 60.000 familias y provocó una catarata de demandas de arbitraje que llevan camino de costarle 7.000 millones de euros al Estado.

A esas dos burbujas se les suman fraudes como la ampliación de capital de Banco Popular en 2016, cuya inconsistencia, dictaminada por decenas de tribunales, se ha llevado por delante 2.500 millones de euros de inversores y de más de 45.000 ahorradores; la salida a bolsa de Bankia, cuyos gestores esperan sentencia tras un fiasco que engulló 22.000 millones; los engaños de las participaciones preferentes y subordinadas con las que, en vísperas de ser rescatado con cargo a las arcas públicas, el grueso del sistema bancario español timó a miles de familias, o el pufo piramidal de Fórum Filatélico, en el que 190.022 víctimas se dejaron más de 3.700 millones de euros.

Burbujas de expectativas y fraudes con engaños

“Las burbujas se producen cuando se crean una expectativas de crecimiento desmesuradas que luego no se cumplen”, como ocurrió con Terra y con las renovables, donde “se esperaban retornos muy altos que luego fueron bajando por decisiones del Gobierno, explica Da Mota, que matiza que “el resultado de una burbuja puede ser el mismo que el de un fraude, pero no son lo mismo: en una se venden expectativas, y en otra se vende algo falso, algo que no es como te dicen. Las puntocom fueron una burbuja en la que no se cumplieron las expectativas, mientras que en Bankia y en Popular lo que se vendía no era la realidad”. En cualquier caso, añade, “si se trata de un fraude, la responsabilidad es de los directivos que lanzan ese producto, no de los inversores”.

Las operaciones de capitalismo popular no funcionan solo con los ahorradores ni se dirigen únicamente a ellos. “Siempre hay inversores. Esto no funcionaría solo con gente de la calle”, señala. De hecho, la atracción de ese tipo de perfiles profesionales e institucionales suele ser uno de los ganchos para captar clientes.
La combinación de los riesgos de las inversiones financieras y el perfil de quienes acuden a ellas le plantea otro dilema a Da Mota. “Es complicado determinar si esas operaciones deben o no abrirse a la gente de la calle” por su escasa información, apunta, aunque no hacerlo, añade, conlleva que “cuando salen bien el beneficio quedaría exclusivamente para los inversores profesionales.