Un autónomo jubilado queda, salvo que su patrimonio le permita evitarlo y a riesgo de que sus cargas familiares lo agraven, condenado a vivir al borde de la pobreza, con una pensión media de 711 euros mensuales, que con 14 pagas, apenas supera en 1.600 euros los 8.321 en los que oficialmente se sitúa el umbral de la precariedad vital; un trabajador por cuenta propia en situación de incapacidad lo tiene un poco peor, ya que los 703 euros de promedio no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (707,60), mientras que viudedades (480) y orfandades (318) quedan claramente por debajo de ese nivel.

Pese a ese bajo nivel de protección, a la que se añaden diferencias crecientes con los trabajadores por cuenta ajena que ya alcanzan los 500 euros mensuales en el caso de las jubilaciones y los 259 en el de las incapacidades, y que llegan a 1.406 y 809 con la minería, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) necesita elevar más de un 60% sus ingresos, unos 6.600 millones anuales, para resultar sostenible. 

La Memoria de la Seguridad Social de 2016 cifra en 10.930 millones los ingresos anuales del RETA: 10.522 por las cuotas, 272 por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 136 por cese de actividad. Mientras tanto, la cuantía de las pensiones se elevó en septiembre a 1.223 (908 por jubilación, 228 por viudedad y 87 por incapacidad), lo que, en 14 pagas, daría un total anual de 17.122.

El descuadre alcanza los 6.600 euros: solo cubre el 60% de sus necesidades, que debería aumentar casi dos tercios por encima de la recaudación actual. 

Medio millón de jubilaciones en una década

“No cabe hablar de otra cosa que de la sostenibilidad del sistema y de la equiparación de las pensiones” con el régimen general, indica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que reclama “políticas de continuidad y de consolidación del trabajo autónomo”, como planes de relevo y de continuidad de negocios, por la situación actual del sistema y por los riesgos que afronta.  

“El problema del sistema es el de las cotizaciones en el futuro”, advierte, ya que más de medio millón de autónomos (casi uno de cada seis) alcanzará la edad de jubilación en la próxima década: según la EPA (Encuesta de Población Activa) del tercer trimestre, 279.400 (de 3,13 millones) tienen entre 60 y 64 años, mientras otros 904.800 han cumplido los 50. Eso, en un régimen con 515.000 afiliados menos que hace una década y en el que la actual relación de poco más de tres cotizantes por cada dos pensionistas (1,95 millones, 1,4 de ellos jubilados) no resulta económicamente sostenible.  

“Para pagar la pensión de un autónomo hacen falta tres”, apunta Abad, que insiste en la necesidad de medidas a corto plazo para absorber a ese medio millón de nuevos jubilados.  

Lo escaso de las prestaciones aparece, por otro lado, como el motivo fundamental por el que más de 200.000 autónomos siguen cotizando tras haber alcanzado la edad de jubilación. La cifra sale de la diferencia entre los 3.218.814 autónomos cotizantes que registra el Ministerio de Empleo al cierre de septiembre y los 3.040.200 ocupados menores de 65 años (hay 96.000 activos) que aflora la EPA en el tercer trimestre. 

Autónomos: pensiones miserables en un sistema camino del colapso.

Doblar la base a las rentas altas

Las asociaciones de autónomos comenzaron la semana pasada a exponer sus diagnósticos sobre el RETA y a proponer sus remedios ante la subcomisión creada con este el Congreso de los Diputados, ante la que el secretario general de UPTA propuso una revisión del sistema de cotizaciones que varios grupos parlamentarios se abrieron a estudiar. 

La propuesta consiste en aplicar tres tramos de cotización, manteniendo para el grueso de los autónomos, los más de dos millones (en torno al 70%) que ingresan al cabo del año entre los 9.906 euros brutos equivalentes a 14 SMI mensuales y los 40.000 netos, la posibilidad de elegir la base en una horquilla de los 919,80 a los 3.751,20 euros mensuales y pagar entre el 26,5% y el 29,8% en función de la cobertura de prestaciones que elijan. 

Las novedades estarían por encima y por debajo de esos niveles, en las rentas más altas y en la economía sumergida. 

Para las primeras, a las que llegan unos 400.000 autónomos, proponen duplicar la base mínima: 1.839,60 euros de los que sale una cotización mensual de entre 487,50 y 548,20 euros que permitiría aumentar la recaudación por encima de los mil millones anuales. 

Tarifa plana para aflorar la economía sumergida

En la segunda se mueven en torno a 2,5 millones de autónomos, a quienes los ingresos apenas alcanzan en ocasiones para cubrir la cotización pero que se enfrentan a duras sanciones en caso de ser detectados por la Inspección de Trabajo: las cotizaciones y la tributación de los últimos 48 meses; es decir, 13.200 euros más los impuestos, con sus recargos. Alrededor de 600.000 autónomos declaran a Hacienda rentas inferiores a 6.000 euros anuales. 

Para ese grupo, UPTA propone una cuota similar en cuantía y duración a la tarifa plana (50 euros mensuales, entre dos y tres años como máximo) como “invitación a estar dentro del sistema”, condicionado a que el origen de esos ingresos no tenga “habitualidad” (incluye trabajos de temporada y locales de bajo rendimiento) y sin que la cobertura alcance las contingencias de accidente y enfermedad. “Sería un estadio temporal, de duración a establecer, que permitiría ir aumentando la recaudación en 300 millones anuales si cada año logramos incorporar a medio millón de esos trabajadores”, explica Abad. 

“Tenemos que adaptar las cotizaciones a los rendimientos –señala Abad-, y no podemos tratar por igual a todos los autónomos, al quiosquero como al notario y al hostelero del centro de Madrid como al que lleva un bar en un pueblo”. En la actualidad, el 85% de los trabajadores por cuenta propia cotiza por la base mínima, con lo que, según UPTA, “un millón de autónomos cotiza por encima de lo que puede y otro lo hace por debajo. 

Las propuestas de esta organización incluyen como “medida alternativa y explorable” gravar con una tasa, destinada financiar el RETA, las aportaciones a los seguros de jubilación de los autónomos que obtienen rentas netas superiores a los 40.000 euros anuales. 

Organizaciones como UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores) también se han mostrado partidarias de vincular las cotizaciones de los autónomos con sus rendimientos económicos. "Tenemos que transitar de la precariedad a la protección", sostuvo ante la subcomisión su secretaria general, María José Landáburu, para quien "la falta de eficiencia del sistema parte de una ausencia de solidaridad de los contribuyentes" que hace que “aquellos que más ganan aporten poco, y quienes ingresan poco se asfixien”.