Los máximos responsables de Pescanova entre 2009 y 2013 se sientan desde este lunes en el banquillo casi siete años después de la quiebra de la compañía, proceso que llega ahora a su momento culmen y que analizará cómo se maquillaron sus cuentas para mantener a flote a un gigante industrial asediado por las deudas.

Está previsto que este juicio se prolongue hasta marzo, cuatro meses durante los que desfilarán por la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) los 19 acusados y numerosos testigos y peritos.

Al frente de todos ellos estará el antiguo presidente del grupo Pescanova Manuel Fernández de Sousa, al que el fiscal considera el cabecilla de un entramado dirigido a ocultar la millonaria deuda del grupo y engañar así a inversores, acreedores y organismos reguladores.

Acusado de ocho delitos, Fernández de Sousa ha visto cómo el caso también salpica a su mujer y a sus dos hijos, ya que en una causa separada la Audiencia ha decidido abrir juicio oral contra ellos por blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Según el escrito del fiscal, el "descenso a los infiernos" de Pescanova arranca en 2007 con un ambicioso plan de inversiones destinado a expandir su negocio de acuicultura, sobre todo en Ecuador, Centroamérica, el Cono Sur, Galicia y Portugal.

Con un desembolso estimado en 833 millones de euros, la empresa financió este gasto inicialmente a través de créditos concedidos por su matriz a diferentes sociedades que se encuadraban dentro del mismo grupo.

A partir de 2010, coincidiendo con el estallido de la crisis, la falta de recursos hizo que la compañía decidiera recurrir en mayor medida a la financiación bancaria, para después apostar por "mecanismos alternativos de financiación con vencimiento a corto plazo", en un círculo vicioso que no dejaba de incrementar su deuda.

Para esconder lo delicado de su situación, de acuerdo con la investigación del fiscal, los ejecutivos de Pescanova comandados por su presidente ejecutaron "prácticas comerciales irregulares".

El volumen de su deuda en 2010 y 2011 era entre tres y casi cuatro veces superior al declarado, de acuerdo con la documentación. Las cuentas de 2012, que no llegaron a ser aprobadas, apuntaban además a un supuesto beneficio de 36,6 millones de euros, lejos de los 791 millones de pérdidas que arrastraba.

El castillo de naipes acabó por desmoronarse en marzo de 2013, cuando en un Consejo de Administración dos de sus miembros revelaron que Fernández de Sousa les había convocado días antes para reconocer la "delicada situación" de la sociedad e instarles a aportar 50 millones de euros.

La firma acudió entonces al preconcurso de acreedores y la CNMV decidió suspender las acciones de cotización, una situación en la que se mantuvo más de cuatro años. La reestructuración de la compañía se cerró en 2015 con su escisión en dos partes: la parte productiva quedó bajo control de la banca acreedora, agrupada hoy en Nueva Pescanova, mientras la "Vieja" continúa como una sociedad de cartera en manos de los minoritarios.

El proceso también sienta ahora en el banquillo al auditor de Pescanova durante aquellos años, BDO, ya que el fiscal considera que su socio Santiago Sañé dio su visto bueno a las cuentas pese a "ser sabedor" de que éstas "no podían reflejar la verdadera situación económica y patrimonial" de la empresa.