Hace casi un año y medio, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, con los votos favorables del equipo de Gobierno de entonces (Barcelona en Comú y PSC) y ERC aprobó una ordenanza fiscal que incluía la llamada tasa Amazon, un gravamen que pretendía penalizar la ocupación excesiva del espacio público por parte del sector del reparto de mercancías de las grandes plataformas de comercio electrónico. A la vez, la medida quería "proteger el comercio de proximidad y los pequeños establecimientos ante las amenazas de los grandes gigantes de la distribución".

Así lo defendía en aquel momento, la concejal de Hacienda, Montserrat Ballarín, quien añadía la necesidad de "compensar el desequilibrio de competencias con el comercio convencional, grabando el uso intensivo del espacio público". Ahora, hace pocas semanas, después de un recurso de la patronal logística UNO, en el cual argumentaba que la tasa vulneraba el principio de libre circulación de mercancías, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la ha anulado, arguyendo que "no graba específicamente la utilización de las zonas de carga y descarga, sino que supone un impuesto a los ingresos de los operadores postales, cosa que el consistorio no puede hacer".

Una vez conocida la sentencia, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que estudia la posibilidad de elevar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS). Fuentes municipales lamentan la decisión judicial, puesto que precisan que "la ordenanza tenía interés público por la regulación que hacía del uso intensivo de la vía pública, que hacen tanto circulando como estacionando los vehículos de reparto a domicilio de mercancías". El consistorio indica que las administraciones deben tener herramientas legales para poder delimitar estos nuevos modelos económicos y gestionar el uso privativo del espacio público.

La misma sentencia del TSJC deja una rendija sobre cómo tendría que actuar el Ayuntamiento de la capital catalana. Así, plantea que si la ordenanza tiene como justificación evitar la carga y descarga en la vía pública para envíos puntuales, "tal protección tiene que alcanzar a todo vehículo susceptible de utilizar de igual forma el dominio público, pero no exclusivamente a los operadores postales que distribuyen bienes adquiridos a través del comercio electrónico".

El impacto de la tasa

Más allá de la decisión jurídica, algunos expertos se cuestionan si la tasa acaba beneficiando el comercio de proximidad. Es el caso de Neus Soler, profesora colaboradora de los estudios de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Cada vez más, estamos encontrando comercios pequeños que están empezando a vender en línea y pudiendo utilizar los servicios de estas plataformas". Además, advierte de que la tasa o el impuesto lo pague el consumidor final.

Soler puntualiza que "la tasa afecta a la empresa que distribuye el producto, no a la que lo comercializa. Pero si el distribuidor la repercute al vendedor y lo hace aplicando una subida de tarifas genérica −es decir, tanto para las macroempresas como para las empresas pequeñas−, el pequeño comercio por supuesto que sí que se verá desfavorecido".

Según Soler, "si se fomenta el uso de las taquillas en puntos de recogida y el consumidor lo acepta bien, el beneficio será mutuo para todos los actores". Paralelamente, indica que como la tasa Amazon no graba las entregas entre empresas, sino la del cliente final, el sistema de puntos de recogida o lockers  ahorraría tener que realizar más de un reparto por pedido, lo que perjudica factores como la movilidad o la emisión de CO2.

Apuesta por los puntos de recogida

Otro especialista de la UOC, el profesor Cristian Castillo, experto en logística, apuesta por los puntos de recogida como una fórmula para descongestionar las tramas urbanas de las grandes ciudades. "El problema es que, en la mayoría de las ocasiones, cuando se hace una compra en línea, estas opciones de entrega aparecen en última posición y se da prioridad a la entrega a domicilio".

Castillo insiste en la importancia que los principales mercados en línea pongan de manifiesto estas opciones de entrega, "más sostenibles, que en muchas ocasiones son desconocidas para los consumidores". El experto alude al estudio anual de conversión en negocios digitales 2022, que refleja que, por ahora, un 91,1% de los compradores prefiere la entrega a domicilio (aunque hay un porcentaje de un 21,1% que usa puntos de recogida) y tres euros es lo que consideran el coste ideal en gastos de envío.

A partir de estos datos, la reflexión de Castillo se centra a aplicar un cambio en el paradigma de distribución urbana de mercancías: "Necesita evolucionar hacia un modelo en el cual las compras no se realicen de manera gratuita en menos de 24 horas". En este caso, considera que la entrega a domicilio debería tener un coste más elevado en comparación con otras opciones, "dando prioridad a los lockers o puntos de conveniencia".

Esta modalidad, tal como señala, se tendría que acompañar de una sensibilización respecto al consumidor final "sobre el impacto ambiental generado por el transporte que va asociado a sus compras". También explica que no se tienen que estigmatizar este tipo de compras, sino más bien hacer tomar conciencia a los consumidores: "El problema actual de las compras en línea reside en la adquisición impulsiva o a golpe de clic", que redunda en pedidos fragmentados que implican numerosos viajes a un mismo domicilio en lugar de solo uno.

Además de la concienciación, una tarea pendiente de las administraciones es promocionar las alternativas de transporte ecológico, como coches, motos eléctricas o trenes, entre las empresas de reparto a domicilio porque estas sean capaces de ver la rentabilidad económica y ambiental. Los expertos creen que, más allá de recaudar fondos, consistorios como el Ayuntamiento de Barcelona tendrían que aspirar a generar conciencia crítica sobre las decisiones de compra.