Llueve sobre mojado en el sector agrario catalán. Haciendo un primer balance del 2022, se ha constatado que la renta agraria cayó un 7% en una campaña marcada por fenómenos climáticos, como las sequías, las heladas o las olas de calor, y los efectos económicos de la invasión rusa en Ucrania.

En este contexto, la subida de precios de los alimentos no ha sido suficiente para compensar el incremento de los costes que tiene producirlos. "Ha sido un 2022 para no volver a repetir", aseguraba hace pocos días la delegación de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) en Barcelona. De hecho, la bajada en Catalunya es superior al 5,5% de la media estatal. Entre los factores que destaca Asaja se encuentra la subida del 78% del gasto en electricidad. Así, la presidenta de la asociación, Rosa Pruna, habla de "precios altos para producir, mucha inflación para el consumidor y para nuestro sector un papel de difícil situación". Además, otros inputs energéticos, como los sulfatos o el gasóleo, se han incrementado un 106 y un 89%, respectivamente, mientras que el pienso para alimentar al ganado lo ha hecho un 44%.

Ante este escenario, Asaja Barcelona pide implantar ayudas específicas relacionadas con los efectos del cambio climáticos y velar por los seguros agrarios. Esta reivindicación la comparte el sindicato agrario Unió de Pagesos (UP), mayoritario en Catalunya, que reclama mejoras en el modelo de seguro agrario. El sistema de seguros está gestionado por Agroseguro y está definido por Enesa, un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, con el que colabora el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. En este sentido, el sindicato recuerda que, para la mayoría de los sectores, las indemnizaciones del seguro no responden a las pérdidas reales y, en las últimas campañas, los daños climáticos continuados en cultivos lo han confirmado.

El coordinador nacional de UP, Joan Caball, explica que las bajas coberturas y los precios de los seguros "suponen un coste muy alto para los productores porque no cubren las pérdidas reales. Este hecho comporta que los agricultores no vemos el seguro ni lo asumimos como una herramienta de prevención de riesgos y tampoco llega a cubrir las pérdidas totales".

Entre las mejoras propuestas por el sindicato, se encuentran un replanteamiento de las condiciones en las que los nuevos asegurados deben contratarlo, tanto en lo referente a las coberturas como al coste del seguro, definir los riesgos para las parcelas de secano y las de regadío, y en caso de siniestro, que se determine la indemnización para unas o para otras, así como una diferenciación del precio del seguro entre las producciones tradicionales y las ecológicas y una mejora de las coberturas por daños de fauna salvaje, cada vez más numerosos, en el sector de herbáceos y en otros muchos cultivos.

Los efectos de la nueva PAC

A todas estas dificultades, se suma la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Según los cálculos del sindicato, su puesta en marcha supondrá una reducción de la renta agraria de al menos 86 millones de euros por el campesinado catalán. Así, UP augura que el despliegue de la nueva PAC implicará una disminución de las ayudas a la renta entre un 15% y un 65% y una afectación especialmente grave en sectores como el vacuno de leche, el de carne, el ovino, el arroz, el aceite y la avellana, que arrastran una crisis de precios desde hace años.

"Dada la situación general y el contexto global, resulta extraño que la renta agraria no haya caído todavía con mayor fuerza". La reflexión del economista y director del Observatorio de Economía Agroalimentaria del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Francesc Reguant, sirve para poner el foco en el factor climático. Ésta es la razón con la que insiste: "La renta ha sufrido más por las cosechas horrorosas derivadas de las causas climáticas que por la guerra en Ucrania". De hecho, Reguant detalla las pérdidas de los cereales de secano y el olivo, que se sitúan entre el 40% y el 50%. A pesar de estas sacudidas, el experto enfatiza que "las dificultades en los precios por razones climáticas no han impedido que la agricultura y la alimentación sean sectores resilientes con una demanda inelástica, donde se pueden repercutir las subidas de costes con cierta facilidad".

Reguant defiende el sistema de seguridad y protección que representan los seguros agrarios. Sin embargo, admite que "la combinación de malas cosechas y efectos del cambio climático están desbordando las capacidades del sistema".

Burocracia y desconfianza

En la misma línea que UP, Francesc Reguant critica el diseño de la PAC, que ha sido elaborada con "un exceso de burocracia y el propósito de fiscalizar la actividad de los productores". Además de este aspecto, el economista destaca los condicionantes productivos y económicos que implican a los ecoregímenes, una figura basada en los cumplimientos de unos requisitos ambientales y la consecución de unos resultados para obtener las ayudas.

Este nuevo sistema, según Reguant, no ha nacido del campesinado, sino "de un grupo de burócratas y su afán de controlar la actividad desde un despacho". Para el experto, la nueva PAC se sustenta en actuaciones como "la fiscalización, la capacidad de dirigir la actividad campesina, la desconfianza hacia los productores y un exceso de mentalidad proteccionista y dirigista desde la Administración". Para el economista, "validar un sistema que pone en el centro de validación los ecoregímenes, resulta demasiado exigente".

El campesinado catalán volvió a estar en el centro de debate el pasado domingo durante la ceremonia de entrega de los Premios Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català. En el momento de recoger su galardón como mejor película para Alcarràs, su directora, Carla Simón, introdujo un mensaje reivindicativo sobre la situación del campesinado. "Lo tienen jodido, si se pudiera regular algún precio de la fruta y echarles una mano, sería bastante guay". Más allá de esta petición, lo que parece claro es que las administraciones deben articular medidas para evitar las disfunciones del mercado. Agricultores y expertos coinciden en que el cooperativismo podría ser una herramienta útil de lucha contra los oligopolios de la industria y la distribución, que concentran la oferta en pocas manos, marcando el precio de venta y las condiciones de las operaciones.