Los principales aspectos que incluye el acuerdo.

1. ¿Qué ocurre con los que agotan el paro?

La ayuda de 426 euros para parados de larga duración sin ingresos se quedará en casi 400 euros -el 75% del Iprem-.
Los beneficiarios, cuyas rentas no podrán superar el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) -481,05 euros al mes-, podrán cobrar la ayuda durante un máximo de seis meses. La medida tendrá una duración de medio año desde su aprobación, coincidiendo con el final de la ayuda de 426 euros, y se procederá a su evaluación antes de que concluya el plazo de vigencia.

2. ¿Cuál es ahora la edad legal de jubilación?

Aparentemente, el texto que propondrá el Ejecutivo habla de que 'el derecho legal a la jubilación', se sitúa entre los 63 y los 67 años. En esa horquilla de tiempo se contiene lo que se llama 'la jubiación ordinaria', si se han cotizado 38,6 meses para retirarse a los 65, y si se han cotizado 37 años la jubilación a los 67 da derecho al 100% de la pensión.

3. ¿Se premia trabajar más?

Los incentivos por trabajar más años se refuerzan con la propuesta del Ejecutivo, aunque son diferentes a los que se habían ultimado la semana pasada. Ahora, se liga el incentivo a la carrera laboral en tres tramos. Para los que hayan cotizado menos de 25 años pero trabajen más allá de los 67, se premiará con el 2% más de pensión. Los que tengan entre 25 y 37 años de vida laboral y trabajen por encima de 67 años recibirán el 2,75% más de pensión. Por último, para los que tengan completas ya las dos fórmulas de 'jubilación ordinaria' verán recompensada su permanencia en el sistema con un 4% más de pensión.

4. ¿Qué pensión cobrará quien haya ido al paro?

Primero, cabe recordar que los parados cotizan durante el tiempo que tienen derecho a la prestación contributiva, esto es, por un máximo de dos años. La reforma abre la posibilidad de que se complente las lagunas de cotización. Si son hasta 24 meses, cotizarán por la base mínima, y sin son de más tiempo se podrá imputar un valor del 50% de la base mínima. La aportación corre a cargo del cotizante.

5. ¿Perjudica a los mayores despedidos en la crisis?

La reforma propone que en lugar de coger los últimos 15 años de salario para calcular la pensión se tomen 25, lo que mejorará las prestaciones de los que se han quedado parados en los últimos años de vida laboral. Como los plazos de aplicación de esta medida son largos y no estará en vigor hasta el 2023, permite que los que se hayan ido al paro durante esta crisis puedan solicitar que se les tomen los 25 años aunque aún no haya entrado en vigor la normativa. Esto hará que su pensión no se vea tan mermada por el paro.

6. Un plan para los jóvenes

El pacto incluye un plan de choque para los jóvenes, que durará un año y se revisará en seis meses por si causa un indeseado efecto de reemplazo con los trabajadores más mayores. Se reducirán las cuotas empresariales a los que contraten a jóvenes a tiempo parcial. Además, los que se formen verán reconocido ese periodo de tiempo como cotizado, de forma que cuente como años para tener derecho a la pensión.

7. ¿Afecta al precio de la luz?

El preámbulo del documento incluye una vaga referencia a la necesidad que 'alcanzar un coste razonable de la energía que no penalice la actividad de la economía'. Para ello, 'es preciso discutir sobre el mecanismo de conformación de su precio'. Fuentes gubernamentales señalan que esta alusión podría implicar algún 'retoque' del denominado ‘pool', la bolsa mayorista donde las eléctricas se compran y venden la energía, que ha recibido duras críticas por parte de la Comisión Nacional de la Competencia.

8. ¿Fomenta la innovación?

Las partes se comprometen a reconocer el estatuto de joven empresa innovadora, una vieja reivindicación del sector biotecnológico (en su momento, representado por la actual ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que estuvo al frente de la patronal Asebio) que ofrece ventajas fiscales a empresas intensivas en I+D. Además, el documento establece la puesta en marcha de un nuevo fondo de capital riesgo con participación pública para invertir en empresas de alto valor tecnológico; y se compromete a impulsar la compra pública de I+D, que permite al Estado asumir riesgos a la hora de licitar contratos, lo que no hacía hasta ahora. Esta fórmula es la que dio origen, por ejemplo, al grupo de telecomunicaciones Nokia en Finlandia.