El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra el delantero brasileño Neymar da Silva, sus padres, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, su predecesor Sandro Rosell y, como personas jurídicas, al FC Barcelona y al Santos por estafa y corrupción en los negocios.

En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata impone una fianza conjunta y solidaria de 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria a Bartomeu, Rosell, el FC Barcelona, el Santos y al expresidente de este club Odilio Rodríguez.

El juez ha fijado esta fianza por ser la cantidad de más que habría tenido que pagar el Barça al fondo DIS, que tenía el 40 % de los derechos federativos del jugador, motivo por el que se querelló contra todos los procesados que van ahora a juicio.

La Fiscalía excluye a Bartomeu

Por estos hechos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya presentó en su día escrito de acusación contra todos ellos, a excepción de Bartomeu, contra el que no encontraron indicios. Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe que se mantiene ese mismo escrito.

Por tanto, la Fiscalía pedirá en el juicio 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa para Neymar y 5 años para Rosell por delitos de corrupción y estafa en el fichaje del delantero al fondo brasileño DIS.

El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals reclama asimismo 8,4 millones de euros de multa para el Barcelona y 7 millones para el Santos, de donde provenía el jugador cuando fue fichado por el equipo blaugrana.

También solicita dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos por el delito de corrupción en los negocios y pide asimismo una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N, además de reclamar a cada uno la misma multa de 10 millones de euros que el fiscal ha pedido para el jugador.

A Rosell, Odilio Rodrigues, así como al Santos y al Barça, como personas jurídicas, pide también el fiscal que indemnicen de forma conjunta a DIS con 3,2 millones de euros al entender que hubo "intención de ocultar el coste real del jugador", que después se supo había ascendido a 83 millones de euros.