Los directores de los principales centros de investigación españoles han denunciado la preocupante situación de la ciencia española. En una carta dirigida al Gobierno, publicada este viernes por el El País, piden al Ejecutivo que actúe de manera urgente para hacer frente a la falta de fondos, que, según alertan,  "amenaza con colapsar completamente el sistema científico español".

Los investigadores critican que el presupuesto español para I+D+I "está muy alejado del de los países de nuestro entorno y de los objetivos que la Unión Europea", lo que ha llevado a que "la financiación haya retrocedido a los niveles de hace quince años". "El periodo prolongado de reducción y congelación de fondos públicos ha llegado a un punto de casi no retorno", avisan en su misiva.

Asimismo, los científicos denuncian los retrasos en la concesión de dos grandes programas del Plan Nacional de I+D+i para 2018 de los que dependen 6.600 grupos de investigación. "Como resultado de estos retrasos, muchos grupos de investigación, sobre todo los liderados por los científicos más jóvenes, están actualmente sin financiación desde el 1 de enero. Esto conlleva a su vez al despido temporal de investigadores altamente cualificados debido a la falta de continuidad entre proyectos sucesivos". Ante el futuro próximo no son nada optimistas, ya que, a pesar de haberse anunciado, la convocatoria para 2019 no ha sido publicada todavía.

“La ciencia española es una zona catastrófica, necesitamos medidas urgentes para rescatarla”, asegura Xosé Bustelo, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y uno de los firmantes de la carta, en declaraciones a El País. En su misiva, los investigadores califican de "insuficientes" las medidas aprobadas por el ministerio liderado por Pedro Duque y denuncian un "maquillaje" de los presupuestos públicos a través del aumento progresivo de los fondos destinados a créditos a los que no pueden optar los científicos.

Por último. los científicos exigen medidas urgentes a corto y largo plazo y sugieren: "La próxima campaña electoral sería un buen momento para que todos los partidos políticos presentasen y debatiesen sus planes en este área".

Concentración ante Moncloa

Por otro lado, la Plataforma 5sy6s, que agrupa a más de 500 científicos de seis de los siete Organismos Públicos de Investigación (OPI), se concentrará este viernes frente al Palacio de La Moncloa para exigir al Gobierno que publique el Real Decreto de homologación de todos los científicos de los OPI antes de que finalice la legislatura.

Se trata de una reivindicación que la comunidad científica mantiene desde hace 21 años y que se incluyó en la Ley de la Ciencia, aprobada en 2011. Esta ley estableció, en su artículo 25, la equiparación y homologación entre todos los científicos. En concreto, recogió la extensión del sistema retributivo que impera en el CSIC y en la Universidad desde 1998, un sistema que se basa en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios.

El pasado 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo (TS) condenó al Gobierno (por entonces del PP) a publicar el citado Real Decreto en un plazo máximo de 6 meses. Este plazo finalizó el pasado 9 de enero de 2019. "Con esta desobediencia al Tribunal Supremo, el Gobierno desafía la ley consolidada y aprueba, de manera tácita, una discriminación de los investigadores españoles que somos calificados de primera o de segunda clase en función del centro al que pertenecemos, no en base a la excelencia científica que tanto pregona el ministro Duque", lamenta la plataforma.

Según denuncian, sin esta homologación, un investigador de un Organismo Público de Investigación distinto al CSIC puede cobrar en la misma categoría profesional hasta 900 euros mensuales menos que un compañero del CSIC o de la Universidad. Ante el incumplimiento del fallo del TS, la plataforma de científicos afectados ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo y presentaron el pasado 27 de febrero de 2019 una diligencia ante el TS solicitando la ejecución de la sentencia. Tras esta petición, este mismo colectivo ha anunciado que está "dando los primeros pasos" para interponer demandas por responsabilidad patrimonial del Estado.