"Cuando los términos rastreo, teléfono y app aparecen en la misma frase parecen sugerir que el móvil nos está rastreando, cuando no es así", dice Manuel Carro, profesor de Informática en la UPM y director del Instituto IMDEA Software. Él prefiere hablar de "seguimiento de interacciones". Es uno de los muchos matices que enriquecen la cuestión de las apps del coronavirus, presentadas a menudo de manera extrema: o panacea o amenaza para la privacidad. 

Para Carro, uno de los expertos en España que más de cerca ha seguido los vaivenes en su desarrollo, no son ni una cosa ni otra. Nos habla de por qué están tardando en llegar y defiende que, aunque se desconoce su eficacia real, vale la pena apostar por ellas como complemento a la labor de los rastreadores humanos. "Quizá de haberlo hecho antes [en España] tendríamos menos rebrotes ahora", dice.

Precisamente, el pasado viernes. Pedro Sánchez, puso a disposición de las comunidades autónomas Radar covid-19, la app española de rastreo de contactos, impulsada por la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tras haber superado con éxito el periodo de pruebas en la isla canaria de La Gomera.

Usted insiste en que esta tecnología no sustituye a los rastreadores humanos, sino que amplifica su alcance.

Sí. Es muy importante subrayar esto. El objetivo es complementar la labor de los rastreadores manuales, especialmente si, como parece ser el caso, no tenemos un número suficiente de ellos. Las técnicas de rastreo manual no se deben abandonar, es más, hay que reforzarlas todo lo posible. Otra cosa sería una imprudencia, siempre se ha dicho que el uso de apps es un experimento.

¿Exactamente cómo complementan las apps a los rastreadores?

La app no olvida de quién se ha estado cerca en los últimos días. Las personas sí, o pueden no saberlo —como en el transporte público—, o ser reacias a comunicarlo, por ejemplo si han estado en una celebración sin las debidas precauciones. La app simplemente alerta de que se ha estado cerca de un infectado, sin que de ello se puedan deducir en qué circunstancias.

Además una app podría notificar inmediatamente una posible infección o, como mucho, con unas horas de retraso. Un rastreo manual necesita concertar una entrevista con el afectado, conectar con sus contactos… Estadísticas recientes muestran que de forma manual se detecta un número de contactos más bajos de lo necesario.

En Europa varios países están teniendo problemas al desarrollar sus apps. ¿Se subestimó inicialmente la complejidad del problema?

Por el lado informático, una aplicación así parece sencilla porque su interfaz puede ser muy simple, pero internamente es compleja y tiene que estar muy bien probada. Si se lanzara una app de esta relevancia y no funcionara bien, sería terrible.

En cuanto a los gobiernos, deben hacer una apuesta muy meditada y estar convencidos de que va a ser útil en su entorno particular. ¿Qué pasa si aparecen muchísimos sospechosos de positivos que luego no lo son? ¿No se desbordará la sanidad? Si no es suficientemente útil, ¿para qué gastar recursos en hacer una app? Analizar todo esto lleva tiempo.

¿Ha sido adecuada la actuación de España en este terreno?

Hubiera sido mejor haber actuado con más rapidez, teniendo en cuenta la virulencia con la que atacó el coronavirus en España. Quizá de haberlo hecho tendríamos menos rebrotes ahora. Pero eso es, en la práctica, imposible de determinar.

Pensemos que al principio de la pandemia la sanidad española estaba completamente desbordada. Se debería haber dado una respuesta decidida más temprana, pero no debemos subestimar la complejidad de la pregunta. Hubo momentos de bastante indefinición también a escala europea.

Muchos países, incluida España, están optando por soluciones que gestionan los datos de manera descentralizada, en lugar de almacenarlos en un único servidor. ¿Qué ventajas tiene?

Bastantes países se están decantando por la opción descentralizada: Austria, Suiza, Estonia, Letonia, Canadá, Italia, Alemania, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca… En la opción opuesta, la centralizada, es más difícil asegurar la privacidad de los datos.

Además de las implicaciones éticas, un mayor riesgo para la privacidad puede favorecer el rechazo de la población, lo que supondría un fracaso. La adopción por parte de los ciudadanos es esencial.

En España se está ensayando la app RadarCovid en La Gomera. ¿Es optimista respecto a los resultados?

Soy moderadamente optimista. Las autoridades sanitarias son las que deben determinar si el resultado es positivo. Yo espero que lo sea porque significaría que tenemos en España una herramienta más para luchar contra la dispersión del virus.

Galicia acaba de anunciar que experimenta una app de rastreo que "permitirá identificar el nivel de riesgo transmisor del usuario", pero no da mucha información sobre su funcionamiento. ¿Qué le parece?

Del anuncio oficial de la Xunta no se desprende que PassCOVID haga ningún tipo de rastreo de proximidad, así que no sé si estamos ante ese tipo de aplicación. Es posible que ofrezca consejos e información agregada sobre incidencia en determinadas áreas, por ejemplo.

Se menciona una posible futura integración con la app española, lo que sugiere que la detección de proximidad puede ser una ampliación posterior. La integración siempre es, por supuesto, deseable. Queda por ver cómo se tratan y almacenan los datos obtenidos, como el haber estado en un establecimiento y la seguridad que ofrecen los protocolos elegidos.

¿Qué pasa si solo una minoría se descarga la app?

Si solo una parte de la población la usa, la detección de interacciones con la app se ceñirá a ese fragmento de la población. Aunque eso ayude a frenar la expansión, y toda ayuda deba ser bienvenida, seguramente será una ayuda menor. Por eso, dado que tenemos una app —espero—, hay que potenciarla y cuidar de que se use de forma eficaz.

¿Está siendo Alemania, con 15 millones de descargas de su app a principios de julio —en una población de 83 millones—, el ejemplo a seguir en Europa?

Alemania y Suiza lo han hecho de manera abierta y con decisión. No tenían la urgencia sanitaria que hubo en España, lo cual seguramente ayudó. En Alemania además ha habido un apoyo posterior claro: Merkel ha pedido a los ciudadanos que usen la app y, en efecto, las descargas siguen subiendo.

¿Se ha constatado en algún país la eficacia real de las apps?

Esta es, por supuesto, la pregunta crucial. Al final, ¿ayudan las apps? No tengo datos de eficacia. En cualquier caso, cualquier cifra debe interpretarse cuidadosamente porque el problema puede no estar en la app en sí, sino en las muchas variables sociales y de procedimiento que entran en juego.

Por ejemplo, la app puede ser muy eficaz pero no se apreciará si la población no la adopta. El sistema depende de toda una cadena de sucesos, si tenemos datos bajos de eficacia habrá que mirar dónde está el eslabón más débil. Muy posiblemente habrá más de uno.

¿Cuáles son algunos de esos puntos débiles en el sistema?

Está el ya mencionado problema de la adopción entre la población. Luego hay que ver cuántos la tienen activada, porque si no, es como si no estuviese instalada. Después, la persona infectada debe voluntariamente declararse positiva en la aplicación, y esta es una decisión personal que no se fuerza.

Por último, de entre quienes reciban la notificación de que han estado cerca de alguien que se ha declarado contagiado, una parte contactará enseguida con los servicios sanitarios y otros esperarán unos días; esta decisión no depende de la app, pero influye en la evolución de la pandemia.

El pasado abril usted y otros cientos de expertos firmaron un manifiesto advirtiendo del riesgo de crear, con la excusa de la pandemia, "sistemas de vigilancia sin precedentes" de la población. ¿Eliminan este riesgo las soluciones descentralizadas?

No puedo decir que se eliminen al 100%, pero minimizan muchísimo la posibilidad de que ocurra porque lo hacen mucho más difícil.

¿Debería haber en España más debate social en torno a la relación de estas aplicaciones y la privacidad?

Creo que sí, pero debe ser un debate debidamente informado. Durante la pandemia hemos visto opiniones defendidas con convicción que no están respaldadas con razonamientos o conocimiento sólido. Pueden ser peligrosas porque pueden transmitir información que no es veraz.

En otros países sí está teniendo lugar este debate. Por ejemplo, en el Reino Unido ha habido problemas con el rastreo manual. Esto no es nuevo: hay mucha gente que, por su profesión, trata con datos personales. Lo que sí es nuevo es que ahora esos datos son muchos más, y es posible almacenarlos y tratarlos de forma automática. Eso agudiza los posibles problemas y sensibiliza a la población.

Es decir, la protección de la privacidad no es solo un desafío informático.

Muchos principios y técnicas de tratamiento y almacenamiento de datos pueden aplicarse tanto para el caso automatizado como para el caso manual; pueden compartir un modelo y una conceptualización idéntica.

Estamos en la era del big data, pero la pandemia ha puesto de relieve las dificultades para sacar partido a los datos de manera que todos nos beneficiemos. ¿Puede el big data convertirse en un área de utilidad para las empresas pero no para el público, para quien genera los datos?

Eso está ocurriendo ya a niveles que en general no se sospechan. La solución pasa por entender que los datos son de quienes los generan y su cesión debe realizarse de manera voluntaria y en términos claros. Pero también debemos pensar en instituciones que quieren usar los datos de buena fe para favorecer a la población, no para lucrarse. En estos casos, seguir las normas de protección de datos es una carga adicional para las instituciones e incluso para el público que interacciona con ellas.

¿Puede poner un ejemplo?

A un epidemiólogo le sería más sencillo tener todos los datos de las personas en un entorno, desechar los superfluos cuando vea que no se necesitan y usar los demás. Un experto en privacidad razonaría a la inversa: veamos qué datos son realmente necesarios y cómo obtenerlos de manera que no se puedan falsificar y sin que se revele más información de la necesaria.

¿Qué visión debe prevalecer? ¿En qué situaciones? ¿Durante cuánto tiempo? El estado de alarma en España coartaba libertades esenciales, por esto estaba limitado en el tiempo y debía ser aprobado por las Cortes. La privacidad está también reconocida por la Constitución como un derecho fundamental y debe tratarse como tal. Estas son preguntas que seguramente necesitarán una reflexión conjunta en un futuro próximo.