La semana pasada, un grupo de antiabortistas manipuló los resultados de búsqueda de Google para que, cuando se realizase una consulta sobre el término ‘murderSSRq (‘asesinato', en inglés) mostrase la entrada a la Wikipedia de la palabra ‘aborto' en segunda posición. El blog Jezebel, uno de los primeros en alertar sobre el suceso, denunciaba que Google tendría que detener este tipo de prácticas. 'Es una táctica antisocial, que hace que los resultado útiles se alejen de las primeras posiciones y prevalezca la información inútil', aseguraba. 'Obviamente, esa página de la Wikipedia no es el segundo documento más relevante respecto al asesinato en toda la web de habla inglesa', apuntaban en la web Boing Boing. Pocos días después, esta campaña fue desactivada.

No es la primera vez que la alteración de los resultados de búsqueda de Google se utiliza para difundir mensajes políticos. En España, durante un tiempo, la búsqueda del término ‘ladrones' en Google.es arrojó como primer resultado ‘SGAE=ladrones'; ‘miserable' mostraba en primer lugar una referencia al que fuera secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes; y el concepto ‘si eres legal' llevaba a la web ‘si eres legal, comparte', en lugar de mostrar la web de la campaña antidescargas del Ministerio de Cultura ‘si eres legal, eres legal' (un domino que, por cierto, ahora está disponible).

El llamado Google bombing se aprovecha de la forma en que trabaja el algoritmo de búsqueda de la compañía, por el que una web se coloca entre los primeros resultados si es enlazada por un número suficiente de páginas que, a su vez, son muy populares. El colectivo Hacktivistas fue el impulsor de la contracampaña ‘si eres legal, comparte'. Este grupo no tiene dudas sobre la legalidad de este acto concreto. 'Lo que hicimos nosotros no trata realmente de engañar a Google, sino de construir una web que atraiga esa búsqueda. Incluso nos sorprende que alguien pueda cuestionar si es lícito tal ejercicio de libertad de expresión', explican. Y ponen un ejemplo: 'Si quiero denunciar las prácticas contra los derechos humanos de una multinacional, al buscar su nombre, ¿qué deben mostrar los resultados?, ¿mi página o la oficial de la multinacional? La tecnología que usa Google prefiere fiarse de lo que pone muchísima gente en internet que de ninguna otra autoridad, y esa gente tiene toda la libertad del mundo para enlazar desde sus páginas'.

La compañía remitía a una referencia de Ángel Acebes al buscar 'miserable'Google ha tenido diferentes formas de enfrentarse al Google bombing. La vicepresidenta de productos de búsqueda, Marissa Mayer, se vio obligada a justificarse en 2005 ante el ataque que mostraba como primer resultado en Google a George W. Bush cuando se buscaba el concepto ‘miserable failure' (‘miserable fracasado'). 'Los resultados de búsqueda de Google son generados por programas informáticos que clasifican las webs a través del número y la popularidad de los sitios que enlazan con ellas', explicaba en el blog oficial de la compañía. 'No toleramos la práctica del Google bombing o cualquier otra acción que afecte a la integridad de nuestros resultados de búsqueda, pero somos reacios a alterarlos manualmente para evitar que estos artículos aparezcan', añadía entonces.

'Google, o cualquier buscador con este tipo de tecnología, basa su inteligencia en los internautas, los cuales son totalmente libres para enlazar', resume el grupo Hacktivistas. Pero el buscador cambió su política con respecto a estas prácticas en 2007, dos años después de las declaraciones de Mayer, y las mantiene a día de hoy.

La compañía empezó a temer, según explicaba uno de sus ingenieros, que los usuarios asumiesen que el buscador respaldaba ese tipo de asociaciones: 'Con el paso del tiempo hemos visto que las personas asumen que es la opinión de Google. Eso no es cierto, y vale la pena corregir esa percepción'. La compañía mejoró entonces su análisis de la estructura de enlaces y comenzó a minimizar el impacto de muchos ataques. Fue entonces cuando campañas como la de George Bush o la de la SGAE fueron eliminadas del buscador.

Google comenzó tolerando la práctica, pero ahora la censuraEl fundador de Weblogs SL, Julio Alonso, fue una víctima indirecta del Google bombing contra la SGAE. En su blog, merodeando.com, se hizo eco de la asociación de los términos ‘ladrones' y ‘SGAE' y explicaba cómo se había producido el movimiento. La modificación del algoritmo de Google dejó a su artículo en primer lugar en los resultados de búsqueda. La Sociedad de Autores le demandó y le pidió que lo retirara, algo a lo que Alonso se negó. 'Sólo era informativo', sostiene sobre el artículo, que aún puede leerse.

El empresario, que sí retiró los comentarios realizados por lectores que podían ser injuriosos, perdió la demanda en primera instancia y espera sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. 'El Google bombing es una manera de llamar la atención, y se puede usar para una buena causa o no', explica. Pese a los problemas judiciales que le ha causado hacerse eco de esta técnica, no se arrepiente de haber escrito el artículo. 'Es importarte defender el derecho de la gente a poder contar las cosas en internet', añade.

Los ataques mediante ‘Google bombing’ proliferaron hasta 2007. Recientemente, los internautas más combativos han recurrido a los ataques DDoS para expresar su desacuerdo contra determinadas decisiones. Este movimiento, que se realiza de forma grupal, consiste en provocar una avalancha de tráfico coordinado a una web. Si los servidores de esa página no pueden gestionar las visitas, se produce la caída del sitio. La última víctima de este tipo de ataques ha sido el sitio de blogs WordPress, que ayer sufrió el mayor ataque DDoS de su historia. Pero las más populares han sido la SGAE, el Ministerio de Cultura, el Congreso, el Partido Popular o el PSOE, que han recibido en los últimos meses ataques de miles de internautas indignados con la aprobación de la llamada ‘ley Sinde’. No es que los ataques DDoS hayan sustituido al ‘Google bombing’ como fórmula de manifestación pero, de la mano del grupo ciberactivista Anonymous, han adquirido más popularidad. El pasado diciembre entró en vigor una modificación del Código Penal español en la que se establecen penas de prisión de seis meses a tres años por daños a sistemas informáticos. En ese punto están incluidos los ataques DDoS aunque resulta muy difícil identificar a los que lo han llevado a cabo