El dictamen que ha elaborado el Consejo de Estado sobre la Ley de Economía Sostenible (LES) critica el canon por copia privada y, además, pide fomentar una oferta de descargas legales y reclama mayor transparencia a las entidades de gestión. En cuanto al contenido de la ley en sí, que incluye la creación de una comisión administrativa para cerrar páginas que puedan violar los derechos de autor, los cambios propuestos son cosméticos y no frenarán la aprobación de la ley, hoy en Consejo de Ministros.

El Consejo de Estado reconoce la dificultad de congeniar Internet y los derechos de autor y propone una serie de acciones para mejorar esa relación. Por un lado, opina que tendrían un impacto positivo 'medidas encaminadas al fomento de las descargas lícitas de contenidos protegidos'.

Las entidades de gestión también se llevan lo suyo. Para el Consejo, deberían establecerse medidas para aumentar su transparencia. Además, para este órgano, la compensación por copia privada no debe estar basada en la presunción de que un soporte se adquiere para copiar material protegido.

Estos cambios 'contribuirían a crear un marco más favorable a la tarea de preservación de la propiedad intelectual que se persigue', dice un dictamen que, a pesar de ser preceptivo, solo tiene valor consultivo para el Gobierno.

Autorización del juez en todos los casos

La disposición final primera de la LES habilita al Ministerio de Cultura para la creación, dentro de su Comisión de Propiedad Intelectual, de una sección segunda que podrá ordenar la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de contenidos que vulneren los derechos de propiedad intelectual. La posibilidad de que un órgano administrativo pudiera cerrar una página provocó una amplia protesta en Internet en diciembre que sólo se apagó cuando el presidente del Gobierno intervino para asegurar que los cierres se harían con autorización judicial.

El Consejo de Estado hace suyas tres de las que objeciones que ya hizo el Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Economía ignoró, como dice el informe, 'sin explicación de los motivos en que se basa su rechazo'.

El Consejo de Estado pide que la ley detalle el procedimiento de la comisión

En particular, el dictamen insiste en que la autorización del juez debería ser obligada en todos los casos, y no a discreción de la comisión. También acusa en el anteproyecto de ley una gran ambigüedad cuando define contra quién podrá actuar la comisión. El texto, junto al concreto de que las acciones podrá ir contra un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, añade: o 'quien pretenda causar un daño patrimonial'. Para el órgano consultivo tanta generalidad sobre las intenciones hace difícil una investigación, por lo que pide cambiar esa expresión.

Por último, el Consejo de Estado pide que la ley concrete con más detalle el procedimiento que seguirá la comisión. Ya el CGPJ hizo la misma crítica y el Gobierno amplió los detalles en la última versión, mencionando que los procedimientos podrán iniciarse siempre a instancia del titualr del derecho intelectual que se considera vulnerado. Para el Consejo, los cambios resultna insuficientes y pide aún mayor concreción. Para el órgano, la posible afectación de un derecho fundamental no se puede dejar para un reglamento.