Tras un tortuoso camino, llega a la recta final el proyecto de carta magna

Susana Madera

El proyecto de dotar a Ecuador de una nueva Carta Magna entró hoy en el tramo final de un tortuoso camino, con la entrega del texto definitivo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se encargará de someterlo a referéndum en septiembre.

En la senda, hasta llegar a la aprobación del texto, quedaron una estela de dudas y reclamos de la oposición, pero también aplausos y aprobación de gran parte de la población.

Desde que comenzó su campaña electoral, en 2006, el entonces candidato presidencial Rafael Correa anunció que iba a promover una Asamblea Constituyente, con lo cual consiguió tanto adeptos como detractores.

El mismo día en que asumió la Presidencia, el 15 de enero de 2007, Correa convocó una consulta popular para que el pueblo decidiera si deseaba la Constituyente.

La oposición criticó lo que consideró un atajo tomado por Correa al haber convocado la consulta popular directamente y sin pasar por el Legislativo y en marzo se desató una crisis política por un grave enfrentamiento entre el Parlamento y el TSE en el que terció el Gobierno a favor de este último.

El enfrentamiento, que incluyó un intento parlamentario por destituir al titular del TSE, Jorge Acosta, se saldó con la destitución de los 52 diputados que querían sustituirlo y de otros cinco legisladores que también intentaron interferir en el proceso.

En medio de la polémica, los ecuatorianos acudieron a las urnas el 15 de abril y casi el 82 por ciento aprobó la Constituyente.

El 30 de septiembre se designó a los asambleístas en una votación en la que el oficialismo tuvo amplia mayoría al hacerse de 80 de los 130 escaños en juego.

El pasado 29 de noviembre, cuando asumió la Asamblea, recrudecieron los reclamos de la oposición, cuando el cuerpo colegiado asumió "plenos poderes", decretó un receso del Parlamento y ratificó a Correa en la Presidencia.

Las reuniones de la Asamblea, que tuvieron lugar en "Ciudad Alfaro", en Montecristi, provincia de Manabí (oeste), estuvieron plagadas de reclamos de la oposición al considerar que la Constituyente se había arrogado funciones al aprobar mandatos, legislar y designar funcionarios.

Basada en el estatuto fundacional, la oposición asegura que la Asamblea debía limitarse a redactar la nueva Carta Magna, pero con base en ese mismo reglamento la mayoría oficialista defendía sus acciones escudada en sus "plenos poderes".

Las sesiones estuvieron marcadas por discusiones, planteamientos y protestas, algunas tan extremas como el intento de un asambleísta de coser sus labios con hilo y aguja en rechazo a que se limitara el tiempo de intervención.

El oficialismo, reunido en la Asamblea en el grupo Acuerdo País (AP), auspiciado por el movimiento oficialista Alianza País, defendía, por su lado, la amplia participación en el foro, no sólo de los asambleístas, sino de la población, que tuvo oportunidad de presentar sus propuestas.

Pero las rencillas no sólo se dieron entre la oposición y el oficialismo, sino en el seno de este último, cuando las críticas a la conducción de Alberto Acosta terminaron en su renuncia, presentada después de que el buró político de AP le solicitara que se hiciera a un costado para agilizar la redacción de la Carta Magna.

En su reemplazo asumió Fernando Cordero, que en las últimas semanas de la Asamblea soportó críticas de quienes aseguraban que propiciaba una aprobación apurada de los textos.

Cordero, no obstante, contó con el apoyo del oficialismo por la agilidad que llevó al cuerpo colegiado a entregar a tiempo el proyecto de la nueva Carta Magna.

En medio de denuncias de la oposición de que se habían hecho cambios a última hora de algunos artículos y de reclamos por los cambios de funcionarios de organismos de control decididos en su penúltima sesión, la Asamblea aprobó este jueves el proyecto de Carta Magna con el voto de 94 de los 126 asambleístas presentes.